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- Autor, Cecilia Barría
- Título del autor, BBC News Mundo
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Numerosos haitianos prestan servicios fundamentales en sectores como centros de salud y residencias para personas mayores en EE.UU.
Tras el devastador terremoto que azotó Haití en 2010, Estados Unidos les otorgó un Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual ha sido prorrogado repetidamente debido a la grave crisis de seguridad provocada por violentas pandillas que dominan partes del país.
Actualmente, cerca de 350.000 haitianos que han residido por más de diez años bajo el amparo del TPS enfrentan la amenaza de deportación tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de finalizar este programa.
Aunque el fin estaba programado para esta semana, el lunes una jueza federal emitió una suspensión temporal de esta medida, otorgando un alivio provisional a los haitianos preocupados por su futuro.
Mientras el proceso judicial continúa, empleadores que dependen de trabajadores haitianos se preguntan dónde encontrarán reemplazos para cargos esenciales como auxiliares de enfermería, asistentes en centros de rehabilitación, cuidadores en residencias de ancianos, médicos, cocineros y personal de limpieza y mantenimiento.
“Los hospitales y residencias para ancianos dependen de ellos”, comenta Leonie Hermantin, directora de Proyectos Especiales en Sant La, organización ubicada en Miami, Florida, estado con la mayor concentración de haitianos en EE.UU.
Según Hermantin, muchos trabajadores sanitarios arriesgaron sus vidas durante la pandemia de Covid-19, y si el TPS desaparece, la atención a los pacientes se verá comprometida por la escasez de personal. “Los pacientes sufrirán las consecuencias”, advierte.
Al ser trabajadores esenciales, remarca, resulta complicado sustituirlos. “Son quienes primero llegan, los últimos en irse y siempre están dispuestos a hacer horas extra”.
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Rob Liebreich, presidente y CEO de Goodwin Living, una organización sin fines de lucro religiosa dedicada a la atención de personas mayores en Virginia y Washington D.C., confirma esta situación.
Si se cancela el TPS, “será desgarrador que personas dedicadas y comprometidas con el cuidado de los adultos mayores tengan que abandonar sus puestos”.
Él explica que, para 2040, el sector de atención y servicios para personas mayores en EE.UU. requerirá más de tres millones de empleados adicionales.
Liebreich señala que su organización podría ampliar la atención a cientos más si contara con un mayor equipo clínico compuesto por enfermeros y terapeutas.
Además, destaca que la comunidad haitiana aporta al cuidado de personas mayores, paga impuestos y fortalece a las comunidades locales. “Su contribución excede lo que reciben”, añade.
“No es un programa de asilo”
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró a BBC Mundo que el TPS “nunca fue concebido como un programa de asilo, aunque gobiernos previos lo hayan utilizado de esa manera durante décadas”.
El gobierno de Trump, añadió en una declaración escrita, busca restaurar la integridad del sistema migratorio para proteger al país.
Según McLaughlin, el TPS ha sufrido “abusos, explotación y politización” durante años.
Agregó que es completamente falso afirmar que la única forma de atender a personas mayores sea manteniendo en el país a “inmigrantes sin documentos, sin verificaciones de antecedentes y extranjeros con historial criminal”.
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Trabajadores haitianos preocupados por su destino presentaron una demanda contra el gobierno, alegando que el DHS no siguió el procedimiento adecuado para verificar si el país es seguro para su regreso.
La demanda señala además que la decisión de eliminar el TPS estaría motivada, entre otros motivos, por prejuicios raciales, lo que el gobierno rechaza categóricamente.
La Casa Blanca sostiene que, por ley, los jueces no pueden revisar estas decisiones, pues corresponden exclusivamente al Departamento de Seguridad Nacional.
Asimismo, defiende que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para permitir el retorno seguro de sus ciudadanos.
Sin embargo, la jueza Ana Reyes del Tribunal Federal del Distrito de Columbia concluyó que el gobierno ignoró múltiples requisitos legales antes de emitir su fallo.
También cuestionó la afirmación gubernamental que considera seguro volver a un país que el propio Departamento de Estado señala como peligroso, emitiendo alertas de viaje y restricciones aéreas.
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“Es una verdadera injusticia”
Un análisis del Migration Policy Institute, basado en datos de la Oficina del Censo de EE.UU. de 2023, revela que 111.000 inmigrantes haitianos trabajan en el sector sanitario.
Junto con la considerable comunidad haitiana que presta servicios en el cuidado de personas mayores, constituyen un recurso laboral clave para cubrir la demanda de atención a pacientes y ancianos.
Katie Smith Sloan, presidenta y CEO de LeadingAge, asociación sin fines de lucro que agrupa a proveedores de servicios para personas mayores, señala que muchos miembros están perdiendo cuidadores con experiencia que cuentan con autorización legal.
Ella afirma a BBC Mundo que esta situación “rompe vínculos de confianza y agrava la falta de personal”.
Finalmente, la escasez de trabajadores en este sector termina perjudicando a los adultos mayores y sus familias. “Es una injusticia real”, enfatiza.
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Recientemente, se han multiplicado las manifestaciones pacíficas en diversas ciudades de EE.UU. que exigen un camino hacia la residencia permanente para los haitianos con TPS.
Ellos se resisten a regresar, no solo por el riesgo que implica, sino porque muchos han formado familias en EE.UU. “Algunos tienen hijos nacidos aquí, con ciudadanía estadounidense. ¿Qué harán si sus padres deben partir?”, reflexiona Leonie Hermantin.
Durante décadas, Haití ha vivido una profunda crisis económica, social y política, que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Pandillas y grupos paramilitares controlan partes del territorio, en un contexto de asesinatos arbitrarios, hambre generalizada y un sistema sanitario colapsado.
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No solo los haitianos bajo TPS han sido objeto de este proceso de terminación por parte del gobierno en su campaña por reducir la inmigración, sino también ciudadanos de países como Venezuela, Honduras y Nicaragua.
En todos los casos, la administración argumenta que las condiciones en los países de origen ya no justifican la protección del programa, pues no enfrentan actualmente conflictos armados o desastres naturales extremos.