Tras la condena por revelación de datos confidenciales, González Amador exige al ex fiscal general que abone la suma correspondiente a los honorarios de su abogado
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Tribunal Supremo que se imponga al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el pago de 64.778 euros en concepto de costas. Esta cantidad corresponde a los honorarios del abogado penalista Gabriel Rodríguez Ramos, según el cálculo efectuado por la acusación particular y comunicado al Alto Tribunal, según ha informado EL MUNDO.
La Sala de lo Penal condenó a García Ortiz como responsable de un delito de revelación de datos reservados conforme al artículo 417.1 del Código Penal, imponiéndole una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, junto con la inhabilitación especial para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado durante dos años, además del pago de las costas procesales que incluyen las de la acusación particular, pero excluyendo la mitad de las otras costas. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) -colectivo presidido y representado por el ex fiscal general- aportó inicialmente la suma recaudada, con la que García Ortiz ya ha satisfecho los 17.200 euros de la sanción económica impuesta por el Supremo.
En el documento donde se detallan las costas, el abogado Gabriel Rodríguez Ramos solicita que la carga económica que deberá asumir el condenado en relación con los honorarios del letrado sea proporcionada al trabajo llevado a cabo durante el procedimiento.
Este esfuerzo es incuestionable en el caso en cuestión, que presentaba notables dificultades tanto en el ámbito material como procesal: la naturaleza misma de los hechos investigados; el contexto institucional en que ocurrieron desde el inicio hasta el final; la divulgación mediática del objeto material del delito; la utilización política y la repercusión mediática de las acciones; además del proceso y la inexistencia de precedentes, pues nunca antes un fiscal general del Estado había estado implicado en la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales respecto a alguien vinculado a un representante público del partido político opuesto al Gobierno que le designó, tal como sostiene el abogado de González Amador.
Desde el punto de vista procesal, Rodríguez Ramos resalta que la complejidad del caso se debe a la multiplicidad de partes involucradas, a los «aforamientos» — primero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego en la Sala Segunda del Supremo —, a la eliminación por parte de García Ortiz de todos los archivos, datos y dispositivos digitales que contenían su huella digital — acción que motivó el envío de dos comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos — y a la apertura de 15 piezas separadas para tramitar recursos de apelación, entre otros momentos relevantes.
La solicitud de indulto para García Ortiz se presentó antes de Navidad
Por otro lado, conviene destacar que, mientras el Tribunal Supremo aún no ha resuelto el incidente de nulidad de actuaciones ni ha establecido las costas que debe afrontar el ex fiscal general, el Ministerio de Justicia ya ha remitido a la Sala Penal la primera petición de indulto para que emita su informe sobre esta medida de gracia. El pasado martes, el Ministerio dirigido por Félix Bolaños entregó al Alto Tribunal la solicitud de indulto presentada por dos particulares que alegan motivos de justicia, equidad y utilidad pública para que el Gobierno perdone la infracción cometida por el ex fiscal general. Según ha sabido EL MUNDO, dicha solicitud fue presentada ante Justicia antes de las celebraciones navideñas.
Fuentes jurídicas manifiestan su sorpresa ante la celeridad con la que el Ejecutivo está gestionando el expediente de indulto relacionado con García Ortiz. Asimismo, estas fuentes advierten que el Gobierno no debe funcionar como una «tercera instancia» mediante la concesión del indulto, ya que aún ni siquiera se han completado los trámites para que el ex fiscal general pueda recurrir al Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de derechos fundamentales.
Fuentes jurídicas expresan asombro por la agilidad en la tramitación
Por su parte, desde el Ejecutivo argumentan que los plazos en la tramitación del expediente correspondiente a García Ortiz se ajustan a los estándares habituales en el Ministerio de Justicia. La solicitud de indulto fue enviada al Alto Tribunal el 27 de enero «para que el órgano sentenciador emita su informe, incluyendo las circunstancias personales y procesales del condenado, así como su dictamen acerca de la conveniencia o no y la forma de concesión del indulto solicitado».
En este contexto, el precedente más próximo de un indulto que haya provocado una controversia semejante entre el Supremo y el Gobierno es aquel otorgado a los líderes del procés. En esa ocasión, el entonces Ministerio de Justicia a cargo de Juan Carlos Campo — hoy magistrado del Tribunal Constitucional — tardó varios meses en enviar al Alto Tribunal las solicitudes de indulto para quienes impulsaron el desafío independentista catalán en 2017. Campo anunció en el Congreso de los Diputados que el trámite para los indultos comenzaría en septiembre de 2020, aunque algunas solicitudes habían llegado al Ministerio desde enero.
Por último, fuentes del Supremo aclaran que el caso de García Ortiz no tendrá prioridad sobre otros y que, al no tratarse de un asunto con prisión preventiva, se informará al Ministerio de Justicia en el momento oportuno. Además del indulto, al ex fiscal general le queda la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, por la supuesta vulneración de derechos fundamentales.