Si el Gobierno desea recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implementar el aumento del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública
España está al borde de perder 1.100 millones de euros de los fondos europeos en el primer trimestre de 2026 si no acelera sus gestiones. Para contextualizar: en julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez recibió el quinto desembolso de los fondos Next Generation UE. La cifra total pactada rondaba los 25.000 millones, pero se retuvo una parte —la mencionada anteriormente— debido a que España no había cumplido con todas las exigencias establecidas por Bruselas. Estas obligaciones son: elevar el impuesto al diésel y aprobar la reforma del sistema de función pública.
La falta de avance en estas dos medidas responde a una debilidad en la mayoría parlamentaria. Analicemos la situación de cada una. El impuesto al diésel es un asunto pendiente desde antes de 2020. La Unión Europea requiere una modificación fiscal que aumente el gravamen sobre el diésel para igualarlo con el aplicado a la gasolina, atendiendo así a compromisos suscritos en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
La subida del impuesto al diésel se aplaza: así será la medida de Hacienda que impactará en el precio del combustible.
El Ministerio de Hacienda había asegurado a Bruselas, mediante una adenda remitida a finales de 2025, que se obtendría un aumento recaudatorio cercano a 1.600 millones de euros en el primer semestre de 2026 producto de esta reforma tributaria. No obstante, la reforma fiscal solo fue parcialmente aprobada en noviembre de 2024 al ratificarse el impuesto a la banca, mientras el incremento sobre el diésel fue rechazado por el veto de Podemos en el Congreso. ¿La razón? La formación morada condicionaba su apoyo a la aprobación conjunta del impuesto a las energéticas, iniciativa que fue bloqueada por Junts y el PNV.
El Gobierno confía en sacar adelante el impuesto al diésel
Actualmente, el Gobierno dispone de hasta el 21 de marzo próximo para aprobar esta medida si desea recibir la totalidad del quinto pago del Plan de Recuperación. Desde el ejecutivo han reiterado en varias oportunidades su confianza en cumplir con esta fecha, aunque hoy carecen del respaldo parlamentario necesario para aprobar el aumento sobre el diésel, lo que deja en evidencia la fragilidad de su posición. A pesar de esto, mantienen la intención de promulgar la norma, ya sea antes o después del plazo establecido.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, señaló recientemente que el Gobierno avanza “para tenerlo aprobado cuanto antes”. “Seguimos trabajando con un enfoque dirigido a la aprobación del quinto desembolso para, tal como hemos realizado en otras ocasiones, cumplir con ambos elementos: tanto la política interna como la evaluación vinculada al quinto pago”, explicó el ministro durante una rueda de prensa en Bruselas posterior al Ecofin, reunión de los ministros de Economía de la UE donde se ratificaron las modificaciones en el Plan de Recuperación español, incluyendo el mencionado aumento del gravamen sobre el diésel.
Si el Gobierno no obtiene la aprobación antes del 21 de marzo, la UE permite solicitar extensiones de carácter mensual hasta que la normativa sea implementada. En ese caso, Europa desbloqueará de forma progresiva los fondos retenidos conforme se registren avances en la ejecución.
La temporalidad y los funcionarios interinos
Por otra parte, la segunda reforma está relacionada con una adecuada compensación para los funcionarios interinos. La UE exige que España modernice su modelo de Función Pública, incorporando normativas claras para la gestión del personal estatal que respondan a retos actuales como la digitalización y la eficiencia. Sin embargo, lo esencial es reducir la temporalidad, la más alta en Europa. Bruselas destacó que España no ha solventado satisfactoriamente este problema, sobre todo el abuso persistente de contratos interinos prolongados. Esta situación motivó la retención parcial de los fondos hasta que se garantice una solución efectiva.
La UE demanda no solo una reducción en la temporalidad, sino también la implementación de medidas eficaces y disuasorias contra el uso indebido de contratos de duración temporal en la administración pública. La Comisión consideró que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad (Ley 20/2021) no alcanza dicho objetivo, especialmente por no establecer sanciones claras que impidan el abuso de prolongación en la interinidad.
Tras esta evaluación, el Ministerio de Función Pública propuso modificaciones legales con dos propósitos principales. Primero, limitar aún más los motivos legales para realizar contrataciones temporales, reduciendo así las circunstancias permitidas. Y segundo, introducir sanciones administrativas que afecten a las administraciones que incumplan con la disminución de la temporalidad.
No obstante, el mismo planteamiento descartó ampliar las indemnizaciones al personal temporal, aspecto señalado por Bruselas y el Tribunal de Justicia de la UE, según reportó El Confidencial. Estas propuestas se incorporaron como parte de una reforma más amplia (por ejemplo, en el proyecto de ley orgánica para reformar las carreras judicial y fiscal y en enmiendas a la Ley de Función Pública) tras el ajuste de fondos ocurrido en julio de 2025.
En otras palabras, no existía un proyecto de ley específico sobre temporalidad o interinidad. La intención era incorporar cambios parciales dentro de otras leyes, en vez de aprobar una reforma integral monográfica exigida por la UE. Esa ley no se centraba principalmente en interinos, sino en la organización de las carreras judicial y fiscal. La propuesta era incluir alguna disposición adicional o ajuste que impactara indirectamente en el empleo público o en sanciones a las administraciones.
Este proyecto cuenta con enmiendas presentadas por Junts, Podemos y Sumar para que se convierta en “fijos a extinguir” a los empleados públicos sujetos a abuso de temporalidad en cualquier Administración, ya sea local, autonómica o nacional, con un tiempo superior a tres años para cumplir con las sentencias europeas. Las enmiendas fueron publicadas en el Boletín del Congreso en marzo de 2025, casi un año atrás.
Plazos y posibilidades de recuperar fondos
El reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia establece que la retención aplicada por Bruselas es provisional y puede revertirse si el país cumple los objetivos en el plazo adicional otorgado. Hay precedentes en los que tramos bloqueados fueron finalmente liberados tras certificar la corrección de las reformas solicitadas. Por ejemplo, en el último paquete validado, se aprobó el compromiso pendiente del cuarto pago vinculado al programa de agentes del cambio para la transformación digital de las pymes, monto que un año atrás había supuesto 158 millones retenidos y que ahora han sido liberados.
Desde el lanzamiento del plan, España ha recibido más de 55.000 millones de euros en subvenciones y 16.270 millones en créditos a bajos intereses, pero cada nuevo tramo está sujeto al estricto cumplimiento de los compromisos pactados con Bruselas. La Comisión Europea mantiene un diálogo técnico y político constante con las autoridades españolas para evaluar progresos y proponer soluciones frente a los bloqueos.
Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la diputada del PNV, Maribel Vaquero, quien ha calificado de error la intención de centralizar los fondos europeos. (Fuente: Congreso)
En paralelo a la retención de fondos, el Gobierno presentó en enero una revisión del Plan de Recuperación con el objetivo de facilitar su cumplimiento. Esta revisión, aprobada por el Ecofin el 20 de enero, reduce las previsiones de créditos a 22.000 millones de euros, frente a los 83.000 millones iniciales, y mantiene sin cambios la meta de 79.854 millones en subvenciones. El ajuste busca evitar, en la medida de lo posible, nuevos compromisos que requieran ratificación parlamentaria, debido a las dificultades para aprobar medidas en el Congreso de los Diputados.