Once dirigentes del Partido Popular Europeo expresan su rechazo a la regularización masiva de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La resolución del PPE califica esta iniciativa como una «negligencia política intolerable» y advierte que debilita la política migratoria de Europa.
El documento aprobado en Zagreb respalda fortalecer la función de Frontex y facilitar la expulsión de inmigrantes irregulares.
Además, el PPE reafirma su respaldo a Ucrania frente a Rusia y solicita que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesiones de alto riesgo en España.
Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) aprobaron este sábado en Zagreb (Croacia) una resolución en la que manifiestan su rechazo contundente frente a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar aproximadamente a 850.000 inmigrantes sin documentación.
La resolución señala que «la legalización masiva de inmigrantes irregulares debilita gravemente nuestra política. La solidaridad sin control», añade el texto, «constituye una negligencia política intolerable«.
«Defendemos una Europa que proteja sus fronteras y detenga la migración ilegal«, afirman los representantes del PPE.
La cumbre del PPE, celebrada este fin de semana en Zagreb y en la que se aprobó este texto, contó con la asistencia de 11 de los líderes más relevantes de la Unión Europea (UE).
Entre ellos figuraron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el canciller alemán Friedrich Merz; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el de Portugal, Luis Montenegro; el de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; y el de Croacia, Andrej Plenković, anfitrión del evento.
También participaron el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani; el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides; la primera ministra de Letonia, Evika Silina; y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.
El documento de prioridades para 2026, aprobado por el PPE, apuesta por aumentar el rol de la agencia Frontex, no solo en labores de vigilancia, sino también para apoyar la devolución de inmigrantes irregulares a sus países de origen.
Conforme a las nuevas medidas aprobadas por la UE, la utilización de «terceros países seguros» para realizar expulsiones «asegurará el retorno más rápido de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa», indica el texto.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto que permitirá obtener el permiso de residencia a todos los inmigrantes ilegales que hayan residido al menos cinco meses en España.
El Gobierno calcula que esta medida beneficiará a unos 500.000 inmigrantes irregulares, aunque el PP eleva esa cifra hasta 850.000, basándose en el último informe elaborado por Funcas.
Alberto Núñez Feijóo, quien participó en la cumbre de Zagreb, advirtió el sábado que esto «provocará un efecto llamada en la frontera sur del continente», afectando a toda la UE.
También señaló que es un asunto interno: «Esta regularización tendrá consecuencias negativas para España y, por ende, para Europa en su conjunto», declaró Feijóo a través de comunicados del PP, «incrementará la presión sobre los servicios públicos, tensionará aún más el mercado inmobiliario y generará problemas de convivencia».
«La ilegalidad no puede generar derechos«, advirtió el líder del PP, «mientras Europa y la mayoría de sus países apuestan por el control, España no puede elegir el descontrol».
Los líderes del grupo mayoritario en el Parlamento Europeo mantienen sus reservas respecto al gobierno chavista de Delcy Rodríguez, que, bajo presión de la Casa Blanca, anunció el sábado una amnistía para presos políticos y el cierre del centro de torturas del Helicoide.
Por ello, acordaron que la UE mantenga las sanciones contra los dirigentes chavistas hasta que se garantice una libertad real en Venezuela.
En esta cuestión, la posición del PP fue fundamental para determinar la postura de sus socios europeos en un tema tan sensible para la defensa de los derechos humanos.
Frente a las objeciones de Pedro Sánchez, quien lo calificó como una «violación del Derecho internacional», los líderes del grupo mayoritario del Parlamento Europeo consideran que la detención del dictador Nicolás Maduro por tropas de élite enviadas por la Administración Trump es «una buena noticia para los demócratas a nivel mundial».
«Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar públicamente al pueblo venezolano», indica la resolución del PPE, que demanda «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos» y un proceso de «transición democrática» para Venezuela.
Sin abandonar el ámbito internacional, los dirigentes del PPE constatan que «Rusia representa una amenaza duradera y persistente para la seguridad europea» y que la Administración Trump ha generado «un cambio considerable» en las relaciones entre EE. UU. y sus socios de la OTAN.
Por ello, reafirman su «apoyo inquebrantable» al Gobierno de Zelenski y abogan por «construir una defensa europea más sólida para 2030», con el propósito de disuadir y proteger «cada centímetro de nuestra Unión y de los aliados de la OTAN».
Asimismo, los primeros ministros y líderes del PPE defendieron que «el trabajo policial debe ser reconocido como una profesión de alto riesgo», respaldando las demandas de las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.
En España, tienen esta consideración profesionales como bomberos, Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, lo que les permite optar a jubilación anticipada y mejoras en el cálculo de pensión.
Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha negado sistemáticamente a otorgar este reconocimiento oficial a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.