El ministro Óscar Puente se presenta ante el Senado para detallar cómo ha manejado las tragedias ferroviarias ocurridas en Adamuz y Barcelona.
El PP solicitará que Puente facilite evidencia documental que confirme si la soldadura del raíl en Adamuz cumplió con la normativa oficial de Adif.
Se pone en tela de juicio la supresión de la Unidad de Emergencias, fundamental para la seguridad ferroviaria, realizada apenas meses antes del incidente en Adamuz.
El Senado llevará ante el Tribunal Constitucional la ausencia de Pedro Sánchez, al considerarla un incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y reglamentarias.
Este jueves a las 11:00 horas, el ministro Óscar Puente comparecerá por primera vez en el Senado para explicar su gestión sobre las tragedias ferroviarias de Adamuz y Barcelona.
Esta comparecencia es «forzada» por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, dado que «la intención era posponerla todo lo posible».
Pedro Sánchez, sin embargo, ha decidido no presentarse, a pesar de su obligación legal y constitucional, «así como de su deber moral con las víctimas», según apuntan fuentes del PP.
El presidente ha delegado en Puente como una barrera protectora, alegando que él asistirá el 11 de febrero en el Congreso.
De esta manera, es Puente quien deberá responder por las decisiones de gestión, mantenimiento y discrepancias surgidas en la investigación oficial.
Fuentes del PP en el Senado afirman que «el ministro tendrá que decidir entre revelar la verdad o protegerse para salvaguardar a Sánchez«.
Por otro lado, la Cámara Alta ya prepara un conflicto de atribuciones contra el presidente ante el Tribunal Constitucional, por «incumplir la ley» al «eludir el control parlamentario», según ha confirmado este periódico.
La soldadura
Los senadores del PP contarán con una exclusiva de este periódico durante la comparecencia: la discrepancia entre la guía oficial de Adif y el pliego técnico que reguló la soldadura responsable del accidente en Adamuz.
Este será «el punto crucial para identificar la causa más probable» del accidente y, en particular, un aspecto sobre el que el ministro no ha facilitado información.
Según la normativa interna de Adif (NAV 3-3-2.1), en la soldadura de carriles con durezas diferentes, debe aplicarse «la carga correspondiente al acero de menor grado» entre ambos carriles.
En Adamuz, se unía mediante soldadura un carril R260 de 1989 con otro R350HT de 2023, por lo que correspondía emplear la carga del carril más antiguo y menos resistente. Sin embargo, el pliego del contrato establecía lo contrario, es decir, usar el kit de soldadura de «mayor dureza».
El Ministerio de Transportes sostuvo que se trató de un «error» en el pliego, pero aseguró que la soldadura se realizó conforme a la guía oficial de Adif, aunque no presentó prueba alguna para ello.
Así, el Ministerio defendió que no hubo incumplimiento normativo, sino solamente un error de redacción corregido durante la ejecución de la obra, tratando de liberar de responsabilidad técnica tanto al ministerio como a Adif.
No obstante, este diario ha confirmado que los senadores del PP exigirán al ministro evidencias documentales para respaldar esta afirmación.
Hasta el momento, Puente se ha negado a divulgar el certificado de la soldadura, documento que confirmaría qué carga se empleó en la unión de los dos carriles. Su respuesta fue: «Lo haremos público cuando corresponda».
Los senadores consideran que dicha falta de transparencia es inadmisible en la investigación de un accidente que costó la vida a 45 personas.
La Unidad de Emergencias
También se plantearán preguntas sobre el motivo por el cual el ministro eliminó la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes el 30 de julio de 2025, apenas seis meses antes del accidente en Adamuz.
Esta unidad no constituía una oficina administrativa, sino un organismo operativo esencial para la seguridad transversal de todas las infraestructuras gestionadas por Transportes: ferrocarriles, aviación civil, transporte marítimo y carreteras.
La Unidad contaba con acceso diario a incidentes en todos estos modos de transporte y realizaba reuniones mensuales con responsables de seguridad de Adif para desarrollar mapas de «puntos negros» y detectar patrones de riesgo.
Además, estaba integrada en el Plan Director de Actuación ante Emergencias de Adif y participaba en foros internacionales de seguridad de la Unión Europea.
Su director reportaba directamente al secretario de Estado, siendo el único órgano ministerial con capacidad de coordinación preventiva transversal, según documentos obtenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) procedentes de la investigación del caso Koldo.
Sin embargo, el Real Decreto 690/2025 dispuso su supresión, alegando que la «gestión centralizada de crisis no era eficiente«. Fue reemplazada por un Observatorio para la coordinación y prevención de crisis, una entidad consultiva sin poderes ejecutivos, dirigida por una oficina de atención a víctimas con apenas un funcionario.
Puente intentó desmentir la información publicada por este diario calificándola de «rumor falso» y afirmó que la unidad «se transformó en observatorio, que cuenta con el mismo personal».
No obstante, EL ESPAÑOL rebatió al ministro al publicar el extracto del BOE del 30 de julio de 2025 donde se establece textualmente: «Queda suprimida la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis».
Sánchez, al TC
La ausencia de Sánchez será uno de los puntos tratados por los senadores del PP en el pleno extraordinario de este jueves. Según los populares, su decisión «evidencia el temor a la verdad y la indiferencia hacia las víctimas, afectados y familiares que demandan conocer lo ocurrido realmente».
Fuentes oficiales del Senado indican que la presentación de un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional se basa en la «incumplimiento de obligaciones constitucionales y reglamentarias» claramente establecidas.
La Constitución es explícita en sus artículos 110.1 y 111.1, y el Senado posee facultades para exigir la comparecencia de miembros del Gobierno a través de su Reglamento (artículo 182.1), que permite a un Grupo parlamentario o a 25 senadores solicitar la presencia del presidente.
Además, existe una obligación más reciente. El Reglamento del Senado fue modificado el 25 de junio de 2025 para establecer que «el Presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que razones justificadas, notificadas a la Cámara, lo impidan».
Esta norma entró en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, pero Sánchez no ha cumplido esta obligación. De hecho, no asiste a la Cámara desde marzo de 2024.
En un sistema parlamentario, recuerdan fuentes jurídicas del Senado, el Parlamento, que representa la soberanía y a todos los ciudadanos, es el poder central del Estado. Solo causas de nivel institucional internacional muy alto justificarían que el presidente no compareciese ante las Cámaras.
«Sánchez no ha presentado motivo justificado alguno», señalan desde la Mesa del Senado. «Simplemente, se ha negado a asistir, incumpliendo tanto la Constitución como el Reglamento».
Por ello, la Cámara llevará este caso al Tribunal Constitucional, acusando a Sánchez de «incumplir la ley» al «eludir el control parlamentario».