Impulso Ciudadano ha entregado un informe a la Comisión Europea denunciando la distribución arbitraria de la publicidad institucional y la agresión sufrida por un periodista de El Español en Pamplona.
En este informe se acusa al Gobierno de pretender controlar y manipular los medios de comunicación, empleando la publicidad institucional con fines propagandísticos y sin transparencia en su asignación.
Se critica la reforma de la ley de publicidad, así como la falta de autonomía de organismos reguladores como RTVE y la CNMC, además de señalar ataques verbales a periodistas provenientes del Ejecutivo.
El informe también advierte sobre el deterioro de la independencia judicial y el uso partidista de instituciones, mencionando la intervención del Gobierno en casos judiciales destacados.
El castigo mediante la publicidad institucional a EL ESPAÑOL y la agresión contra uno de sus periodistas ha sido trasladado a la Comisión Europea.
Un informe enviado a Bruselas por la organización cívica Impulso Ciudadano afirma que el Gobierno vulnera el derecho a la información con la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad institucional.
El documento hace una mención expresa a la agresión contra José Ismail Martínez, quien fue golpeado y derribado en Pamplona por radicales de la izquierda abertzale.
«El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra sí condenó estos hechos, pero el Gobierno de España no lo hizo, posiblemente debido a la cercanía de los agresores con uno de los socios de investidura», señala, en alusión a Bildu.
Estas y otras observaciones sobre el deterioro de la calidad democrática son denunciadas por Impulso Ciudadano con la finalidad de que se incluyan en el «Informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en España».
La asociación describe en su escrito un deterioro preocupante de las garantías democráticas, mostrando una visión global muy crítica sobre el intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación.
«Existe un intento del poder político de controlar y manipular los medios, así como un uso instrumental de la publicidad institucional. Nuestra misión es ejercer presión para asegurar el Estado de derecho en España», afirma a este medio el presidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas.
La asociación sostiene que el Gobierno no ha promovido la reforma de la ley reguladora de la publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, tal y como contemplaba el Plan de Acción por la Democracia lanzado en septiembre de 2024 por el Gobierno de coalición.
Además, no se han hecho públicas las cantidades transferidas desde la Administración a los diferentes medios ni los criterios para planificar estas campañas. Según el informe, «periodistas y académicos han topado con un muro al intentar acceder a estos datos».
La asociación indica que, en numerosos casos, la publicidad institucional se usa con «fines propagandísticos» sin que existan mecanismos eficaces que lo impidan, lo cual representa una amenaza directa para el pluralismo informativo y la competencia justa del sector.
De forma paralela, el documento menciona también la interferencia política en la cadena pública RTVE, calificándola de «sangrante».
Como ejemplo, destaca la reforma realizada en 2024 en el sistema de Gobierno de la Corporación, con el objetivo de cambiar la composición de su consejo de administración para incluir a «personas propuestas por los partidos que integran el Gobierno de coalición y sus socios de investidura».
Asimismo, la organización critica los procesos de nombramiento de los reguladores audiovisuales, tanto a nivel nacional como autonómico, que se llevan a cabo mediante acuerdos entre diversos grupos parlamentarios que proponen consejeros cuyo perfil responde «claramente a su filiación política».
Como caso ejemplar, menciona al actual presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Xevi Xirgu, amigo del expresidente fugado Carles Puigdemont y que, además, fue sancionado por el propio CAC.
Ataques a los medios críticos
El informe también denuncia que España aún carece de reformas clave para asegurar la independencia y recursos suficientes de organismos reguladores de medios, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
De hecho, debido al «bloqueo político», existe casi un retraso de dos años en la asunción de competencias requeridas por la normativa europea y, en consecuencia, «es probable una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Además, según el informe, el Ejecutivo busca desacreditar a medios críticos, repitiendo «insistentemente» etiquetas como «pseudomedios» o «fango» cuando exponen casos de corrupción que afectan al Gobierno.
«Es habitual oír a miembros del Poder Ejecutivo referirse a la derecha mediática y judicial como un conjunto homogéneo», especifica.
Asimismo, los ataques verbales a periodistas por parte de altos cargos son frecuentes, como, por ejemplo, los del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
El informe advierte, además, sobre un «deterioro» en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, este último dirigido por un fiscal general «designado por el propio Gobierno».
En este ámbito, se explica que el sistema para designar vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cumple con los estándares europeos, pues depende íntegramente de acuerdos entre partidos políticos.
También critica la alineación entre la Fiscalía y el Gobierno, «tanto por la actuación de la primera en casos relacionados con miembros del Ejecutivo como por el proceder del Gobierno respecto al fiscal general cuando se le acusó de difundir datos personales de un ciudadano investigado por la Fiscalía».
Tras el caso Álvaro García Ortiz, el Gobierno inició el trámite parlamentario para el proyecto de ley de información clasificada que pretende derogar la Ley de Secretos Oficiales.
Esta norma, según Impulso Ciudadano, otorga un amplio margen al Gobierno para determinar qué información puede clasificarse, sin controles judiciales previos ni órganos independientes, lo que representa un riesgo para la transparencia institucional al permitir ocultar informaciones incómodas para el poder.
En este contexto, la organización censura la «constante deslegitimación de la actuación judicial por parte de miembros del Gobierno», especialmente en relación con el proceso contra Álvaro García Ortiz.
«Es inusual que el Ejecutivo emita una opinión sobre un caso que está siendo juzgado en ese momento», expone.
En su opinión, estas acciones «minan de forma efectiva la confianza pública en la justicia y constituyen una utilización partidista de la institución, la judicial, fomentando la polarización y la confrontación social».
De hecho, pone como ejemplo la declaración de Pedro Sánchez sobre la sentencia a García Ortiz, señalando que «el presidente del Gobierno parece desconocer que, según los estándares europeos, los miembros del Ejecutivo no pueden hacer valoraciones sobre sentencias judiciales que pudieran afectar la percepción pública de la justicia».
«No resulta aceptable que los jueces deban enfrentarse a declaraciones hostiles del poder ejecutivo cuando dictan sentencias que este no acepta», añade.
Finalmente, Impulso Ciudadano critica la falta de cumplimiento de sentencias firmes por parte de algunas administraciones públicas, como el caso de la Generalitat de Cataluña en relación con resoluciones que reconocen el derecho a recibir parte de la educación en castellano.