La editorial de EL ESPAÑOL ha presentado una denuncia contra el gobierno de Pedro Sánchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, acusándole de violar el derecho a la información de sus lectores y los de otros medios críticos, a través del reparto arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional.
El informe alternativo entregado por la firma International Human Rights Legal (IHR Legal) afirma que nuestro periódico está siendo “penalizado” por el Ejecutivo con una reducción significativa de la inversión publicitaria.
Esta reducción ocurrió después de que EL ESPAÑOL publicara denuncias y revelaciones relacionadas con casos de corrupción que involucran al presidente, su familia y colaboradores cercanos.
De acuerdo con el análisis de IHR Legal, esta “penalización”, aplicada también a varios medios críticos, se lleva a cabo bajo la aparente justificación del Plan de Acción para la Democracia, impulsado por Sánchez en 2024. Dicho plan surgió tras cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez en un supuesto caso de tráfico de influencias.
El informe de IHR Legal está firmado por su director, Ignacio J. Álvarez, quien fue relator especial sobre Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según este documento, pese a que el objetivo explícito de este Plan de Acción por la Democracia es combatir la desinformación y fortalecer la calidad democrática, “diversas organizaciones, periodistas, medios y expertos en libertad de expresión han expresado su preocupación por el riesgo de que dicha herramienta se use como un mecanismo de control y censura indirecta”.
Esto se llevaría a cabo a través del establecimiento de un registro obligatorio de medios y de la centralización en la asignación de publicidad institucional mediante criterios discrecionales.
Adicionalmente, el informe pone en evidencia la falta de transparencia en la gestión de la publicidad institucional, “a pesar de contar con disposiciones legales que exigen su publicación y acceso público”.
Concretamente, sostiene que el Gobierno “no ha difundido de manera clara, completa y actualizada la información sobre la adjudicación de publicidad institucional, además de no responder a solicitudes formales de información realizadas por medios y partes interesadas”.
Esta situación reviste especial gravedad considerando el aumento histórico del gasto en publicidad institucional y las denuncias acerca de su uso discriminatorio para favorecer a medios afines al Ejecutivo y perjudicar a los críticos de su gestión.
El análisis expone que, conforme a los estándares internacionales vigentes, tanto en el sistema universal como en los regionales de Derechos Humanos, esta situación vulnera las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.
El informe concluye que la aplicación del Plan de Acción por la Democracia, bajo los términos actuales, junto con la opacidad en la asignación de publicidad institucional, “resultan incompatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y podrían constituir una forma de censura indirecta”.
«Pseudomedios» y «máquina de fango»
El texto recuerda que “el Plan de Acción por la Democracia fue propuesto en medio de críticas del presidente Pedro Sánchez hacia los medios catalogados como de derecha, tras la denuncia presentada en abril de 2024 por Manos Limpias contra su esposa, la Sra. Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en negocios”.
En ese contexto, Sánchez ha calificado a ciertos medios como «pseudomedios» que integran “una máquina de fango” cuyo objetivo es deshumanizarlo con desinformación y bulos.
Fue en esa coyuntura cuando el presidente Sánchez presentó el 17 de julio de 2024 ante el Congreso el Plan de Acción por la Democracia, enfocado en combatir «la máquina del fango», «las presiones a periodistas», «las campañas de desinformación y bulos» y «las corruptelas de algunos». El 16 de septiembre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el Plan, que actualmente se encuentra en etapas de reglamentación e implementación.
Hasta entonces, la asignación de publicidad institucional se realizaba siguiendo criterios técnicos, tales como el público objetivo y el ranking de audiencia de GfK DAM, el medidor oficial de audiencias en España.
Sin embargo, desde 2024, medios como El Confidencial, The Objective, Dircomfidencial y EL ESPAÑOL han denunciado que se han adoptado otros criterios, como la tasa de rebote o el tráfico directo a las páginas principales de los periódicos.
Según IHR Legal, esto “podría tener la intención de perjudicar a los medios críticos al Gobierno y beneficiar a los alineados con él”.
El informe añade que “las agencias de publicidad han señalado que en algunos casos el Gobierno les indica directamente qué medios incluir y cuáles no”.
En semejante entorno, los periódicos con líneas editoriales críticas al Gobierno han sufrido reducciones sustanciales en sus ingresos por publicidad institucional, tanto por la asignación de menos campañas, como por la disminución de los importes de las campañas adjudicadas.
En concreto, EL ESPAÑOL, el diario más leído de España, tuvo un descenso del 64,7% en ingresos provenientes de publicidad institucional en 2024.
El informe especifica que, “sin justificación técnica alguna”, EL ESPAÑOL quedó fuera de la campaña más relevante del año del Ministerio de Hacienda, con una inversión de 4,9 millones de euros, titulada Sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y acceso a servicios o ayudas brindados por la agencia tributaria.
Equiparación con la Hungría de Orbán
El informe compara la situación de España con la de Hungría, donde «se observó una asignación discriminatoria de publicidad institucional entre medios afines y críticos, situación que se agravó desde la llegada del primer ministro Viktor Orbán«.
Frente a este panorama, la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Expresión instó a Hungría a implementar sistemas transparentes y equitativos para la distribución de publicidad institucional, argumentando contundentemente:
«El sesgo deliberado en la asignación de ingresos públicos a medios con una orientación política específica tiene impactos negativos no solo para la salud del sector mediático, sino también para la viabilidad de todo el ecosistema informativo».
«Primero, otorgar una alta proporción de fondos públicos a medios progubernamentales les crea una ventaja injusta frente a medios independientes y distorsiona el debate democrático».
«Segundo, en un mercado competitivo donde la supervivencia de los medios está amenazada por diversos factores, privar deliberadamente a medios independientes de una fuente clave de financiamiento contraviene la obligación estatal de promover independencia, diversidad y pluralismo mediático».
«La Relatora Especial sostiene que, conforme a las normas internacionales, el Gobierno debe establecer mecanismos eficientes para garantizar transparencia, equidad y no discriminación en la asignación de recursos a medios, incluyendo los fondos públicos para publicidad”.
Beneficiar a medios afines
En lo relativo a España, el informe alerta que “al centralizar y controlar la distribución de publicidad institucional, el Gobierno podría emplear métricas para beneficiar a ciertos medios y perjudicar a otros, conforme a sus intereses. En otras palabras, el Plan genera un riesgo considerable de que el Ejecutivo asfixie económicamente a medios con líneas editoriales discrepantes al gobierno actual”.
Sobre este punto, la Asociación de la Prensa de Madrid expresó sus dudas sobre delegar al Poder Ejecutivo la potestad de «limitar o retirar fondos públicos a medios que se compruebe difunden bulos reiteradamente», ya que esto podría resultar en sanciones contra «quienes publican información verificada que resulta incómoda para las autoridades».
De igual manera, la Sra. Antoinette Nikolova, directora de la asociación Balkan Free Media Initiative, criticó al Gobierno español en el diario estadounidense Político por “exceder lo que establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios, limitando qué organizaciones pueden optar a financiamiento público al interpretar la legislación para ajustarla a su propia agenda”.
El informe subraya que «el Gobierno español nunca ha hecho pública la cantidad de dinero que recibe cada medio por publicidad institucional».
Esta situación resulta especialmente grave en un contexto donde «existen fuertes indicios de interferencia gubernamental en la distribución de publicidad institucional para favorecer a medios afines y excluir opositores».
En este marco, se concluye que “la puesta en marcha del Plan de Acción por la Democracia, tal como está diseñado actualmente, y la gestión gubernamental de la publicidad institucional, son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español, y han afectado directamente a EL ESPAÑOL, como castigo a su línea editorial».
De ahí que se solicite al Comité de Derechos Humanos instar al Estado a revisar y modificar estas prácticas y marcos legales para garantizar la plena protección y respeto de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información.
«Respetuosamente proponemos –finaliza el texto– que en sus observaciones sobre el séptimo informe periódico de España, el Comité recomiende al Estado» un decálogo de medidas:
- Respetar y garantizar la libertad de prensa, incluyendo medios digitales y críticos al Gobierno.
- Fomentar la independencia, diversidad y pluralismo de los medios de comunicación.
- Consultar con la sociedad civil y organizaciones especializadas en libertad de expresión sobre posibles reformas en los criterios para adjudicar publicidad institucional.
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Implementar criterios claros, transparentes y objetivos para distribuir publicidad institucional, priorizando razones técnicas de mercado, y especificar el peso o ponderación que cada factor tendrá en la decisión final.
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Delegar la asignación de publicidad institucional en autoridades independientes.
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Establecer procesos en contratación y distribución de publicidad institucional que minimicen la discrecionalidad.
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Abstenerse de interferir en la asignación de publicidad institucional o de aplicar sanciones indirectas basadas en criterios discriminatorios como la línea editorial.
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Publicar de forma completa, accesible y clara el gasto público en publicidad institucional, incluyendo los medios adjudicados y los criterios utilizados.
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Responder de manera completa y oportuna a las solicitudes de información presentadas conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Garantizar que todas las autoridades cumplan con la Ley 19/2013 de transparencia y la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional.