La concesión se inscribe en la estrategia del Gobierno para reconstruir el bloque de gobernabilidad tras perder la confianza de sus aliados debido a los escándalos que han afectado al partido y al Ejecutivo.
Primero llegó el acuerdo de financiación reclamado por ERC, luego las transferencias exigidas por el PNV y, ahora, le toca el turno a Podemos. El Gobierno ha acordado con los morados proceder a una regularización extraordinaria de más de 500,000 inmigrantes que podrá aprobarse sin necesidad de pasar por el Congreso.
«Podemos defiende la garantía de derechos, y tener papeles implica derechos», afirmó la secretaria política de Podemos, Irene Montero, en un mitin celebrado en Madrid donde adelantó este acuerdo. Tras «meses» de diálogo, el Gobierno dará luz verde mañana en el Consejo de Ministros al inicio de la tramitación de un Real Decreto inspirado en el aprobado en 2005 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tal como Podemos solicitó en septiembre.
Fuentes de La Moncloa explican que esta medida avanza con el propósito de asegurar derechos y brindar seguridad jurídica a una realidad social existente. Sin embargo, no se trata solo de eso: el pacto también responde a la necesidad de Pedro Sánchez de reconstruir una mayoría parlamentaria que permita sacar al Ejecutivo de la parálisis en la que se encuentra.
La regularización beneficiará a quienes puedan demostrar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y quienes no tengan antecedentes penales «relevantes», según confirmó la formación en un comunicado. Para acreditar la estancia mínima de cinco meses en el país bastarán documentos como el padrón, recibos de envío de dinero, billetes de transporte o informes médicos, uno de los requisitos esenciales.
Desde la formación se argumenta que «mantener a cientos de miles en situación irregular solo fomenta la explotación laboral, fortalece a quienes se lucran de la vulnerabilidad de trabajadores sin derechos y alimenta el odio y la exclusión, ya que cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones».
De este modo, el pacto forma parte de la estrategia definida por La Moncloa para reforzar el bloque de gobernabilidad, una táctica que incluye permitir a sus socios anunciar las concesiones gubernamentales y acreditárselas como logros propios. En el caso de ERC, fue Oriol Junqueras quien adelantó el acuerdo de «financiación singular»; la consejera de Autogobierno María Ubarretxena (PNV) hizo público el anuncio sobre las transferencias a Euskadi, y ahora Podemos puede atribuirse la regularización. No es un detalle menor: esta fue una de las principales reivindicaciones de Sumar, socio minoritario del Gobierno, para este curso político, aunque Sánchez permitió que Montero se atribuyera el mérito.
De la ILP al logro de Podemos
La iniciativa acordada con Podemos surge de una movilización ciudadana que reunió más de 700,000 firmas para apoyar e incluir en la agenda social una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en demanda de esta regularización.
La ILP fue presentada en el Congreso durante la pasada legislatura y fue admitida por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de 2024, el Pleno la tomó en consideración con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo la aprobación de PP y PSOE. El 13 de junio superó otro debate de totalidad, rechazando un texto alternativo presentado por Vox. Sin embargo, lleva más de un año y medio estancada en el Congreso.
Sumar inició el curso político exigiendo al PSOE, de forma inédita, que regularizara a más de medio millón de inmigrantes «antes» de que terminara el mes de «octubre». No solo esto no ocurrió, sino que Sánchez ahora ha permitido que la principal rival de Yolanda Díaz se adjudique el éxito. El anuncio llega en un momento complicado para el espacio liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, ya que IU, su socio clave, comienza a mostrarle la puerta en favor de establecer acuerdos con Podemos.
La formación morada sostiene que se ha logrado «una medida urgente y justa que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que residen y trabajan en España, aunque hasta ahora se les negaban derechos básicos en un acto de racismo institucional que solo alimenta la explotación y el odio racista».
En su comunicado, la formación hizo referencia a los incidentes en Torre Pacheco, al desalojo del mayor asentamiento de inmigrantes en Cataluña, en Badalona , y a nivel internacional, a las actividades del ICE en Estados Unidos, para concluir que el «racismo» se está «extendiendo» y se difunde el mensaje de que las vidas migrantes no importan. Por ello, consideran esta regularización como una «medida humanitaria, así como una decisión antifascista y en defensa del orden democrático».
Especificaciones de la medida
Quienes deseen acogerse a esta medida deberán acreditar tres aspectos: estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, no poseer antecedentes penales y haber residido en el país al menos cinco meses. Este último requisito podrá verificarse mediante documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a servicios sociales o documentos como contratos de alquiler, comprobantes de envío de dinero, billetes de transporte, entre otros, según fuentes de Podemos en un comunicado. Además, se apunta que los interesados podrán solicitar la regularización hasta el 30 de junio próximo.
Al presentar la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por razones administrativas o por trabajar sin permiso que pesen sobre el solicitante, y una vez admitida a trámite, se otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a otros servicios, como la asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.