La asociación de consumidores denuncia que las agencias publican precios exagerados, carecen de transparencia en la información y presionan a sus clientes para firmar exclusivas
Las comisiones elevadas que aplican las agencias inmobiliarias a sus clientes pueden incrementar el precio de las viviendas hasta un 6%, lo que equivale a 19.150 euros adicionales en un piso promedio de 250.000 euros, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), basado en una encuesta a 60 agencias situadas en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
La OCU verificó que las agencias inmobiliarias analizadas cobran comisiones muy dispares, que van desde el 2% hasta el 6%, con un promedio del 5% sobre el precio de venta, lo que supone “miles de euros extra para los consumidores”, indica en un comunicado.
El análisis también pone de manifiesto prácticas contrarias al interés de los propietarios, que pueden entorpecer o retrasar la comercialización del inmueble. Entre estas prácticas destaca la falta de información esencial. Por ejemplo, únicamente 5 de las 60 agencias encuestadas facilitan un modelo del contrato de encargo al solicitar información, y algunas “no especifican cuándo debe pagarse la comisión, que además se suele anunciar sin incluir el 21% del IVA”, señala la organización.
Además, la información proporcionada a los posibles compradores tampoco es completa: “Es habitual que falte el certificado energético, por ejemplo”.
Presión para firmar encargos en exclusiva
Un elemento que confirma las malas prácticas de ciertas agencias es su “persistencia” en lograr encargos en exclusiva por períodos de tres a seis meses, lo que puede obligar al propietario a abonar honorarios incluso si la agencia no participa en la venta, admite la OCU.
A esto se suman valoraciones infladas o imprecisas. En Madrid, todas las agencias evaluadas sobrevaloraron las propiedades entre un 5% y un 10%, según las estimaciones de la OCU. En cambio, en Barcelona las valoraciones fueron más ajustadas y en Sevilla tendieron a subestimar los inmuebles. El estudio señala además que “en estas dos últimas ciudades es común que se cobre otra comisión al comprador o un importe fijo”.
El informe de la organización destaca que España carece de una regulación uniforme en materia de intermediación inmobiliaria: “Mientras que comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares exigen a las agencias un registro obligatorio y un seguro de responsabilidad civil, otras carecen de mecanismos de control equivalentes”. Se menciona también que en Andalucía se prevé la aprobación de un reglamento durante este año.
Fuentes de la OCU señalan que, pese a que la Ley Estatal de Vivienda y otros decretos exigen información detallada sobre el inmueble, las condiciones económicas y la etiqueta energética, esta información “continúa ausente en numerosos anuncios y visitas comerciales”.
Medidas contra la mala praxis
Para remediar esta situación, la OCU demanda la implementación de medidas urgentes que protejan a los consumidores. Entre ellas destaca el derecho a recibir una información básica acerca de los costes y servicios de la agencia, que incluya detalles sobre comisiones, precio de venta previsto y el desglose de honorarios por servicios adicionales como el certificado energético.
Subraya la necesidad de establecer requisitos para el ejercicio de los agentes inmobiliarios. “Debería exigirse un registro obligatorio, unos estándares mínimos de idoneidad para ejercer la profesión y un seguro de responsabilidad civil”, recomienda la organización.
Además, reclama un control administrativo sobre los anuncios, para asegurar que únicamente se promocionen viviendas con una hoja de encargo firmada por el propietario, y que el precio anunciado refleje el importe total a pagar por el comprador, incluidos los gastos de la agencia cuando los hubiera.