El juez de Tarragona ha extendido la investigación del ‘caso Montoro’, que ya supera los siete años, y ha ordenado realizar nuevas diligencias.
Se indaga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros ocho altos cargos por supuestos delitos de corrupción vinculados con pagos efectuados por empresas gasistas a la consultora Equipo Económico.
Equipo Económico habría recibido 779.705 euros de diversas compañías del sector gasista a cambio de presuntas reformas legislativas que les beneficiaron.
El juez ha pedido información financiera y documental de 13 sociedades y de los clientes implicados, así como comunicaciones entre estas firmas y la consultora fundada por Montoro.
El juez de Instrucción de Tarragona, Rubén Rus, ha aprobado una nueva prórroga de las diligencias en las que se investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros ocho altos cargos de ese ministerio durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Se les atribuyen delitos presuntos como cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas para funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad relacionados con supuestos pagos que compañías del sector gasista habrían entregado a la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, a cambio de reformas legislativas que les favorecieron.
Equipo Económico (EE) habría percibido pagos por un total de 779.705 euros de Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y AFGIM (que agrupa a las anteriores).
La prórroga de las diligencias, inicialmente hasta el próximo 26 de julio, llega tras casi siete meses de una investigación que inició en agosto de 2018, la cual se mantuvo en secreto hasta julio pasado y donde, hasta ahora, ninguno de los investigados ha sido citado a declarar.
Además, el caso permanece pendiente de que la Audiencia Provincial de Tarragona resuelva varios recursos en los que se cuestiona la existencia de delitos y la validez de las pruebas. Entre estas, los correos electrónicos incautados por los Mossos d’Esquadra en un procedimiento distinto que dio origen al ‘caso Montoro’.
Montoro se desafiliò del PP tras la apertura de un expediente por parte del partido al conocerse su condición de investigado.
Atasco
En una resolución publicada este miércoles, el instructor explica que la desclasificación del secreto ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha ocasionado una «gran dificultad» para su tramitación.
«Debido a estas circunstancias, no se ha fijado fecha para la declaración de los investigados ni se han resuelto las solicitudes realizadas por las partes, a la espera de que todas ellas consideren plenamente instruido el proceso», argumenta.
«Estas situaciones evidencian la necesidad de ampliar el plazo de instrucción del caso, ya que es probable que se ordenen nuevas diligencias en el futuro», señala el juez.
Rus, de hecho, ha accedido a la petición de la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá para requerir los datos registrales y cuentas de 13 sociedades vinculadas a los investigados y a sus clientes Air Liquide, Carburos Metálicos, Abelló Linde SA, Praxair España, Praxair Euroholding, Messer Ibérica de Gases y Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales.
El juez también ha ordenado solicitar a estos clientes los estudios, trabajos y demás documentación que «acrediten la prestación de servicios realizados por Equipo Económico» (posteriormente renombrada Global Afteli), junto con todas las facturas emitidas y documentos que confirmen su pago.
Asimismo, ha solicitado los documentos que demuestren las comunicaciones mantenidas entre las empresas mencionadas con los socios y empleados de Equipo Económico y con la Dirección General de Tributos y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.