El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Fiscalía un parecer sobre la denuncia por «homicidios imprudentes» presentada contra el ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.
Esta denuncia, interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, atribuye responsabilidades en el siniestro que ocasionó la muerte de 45 personas.
El juez consulta si la competencia para investigar estos hechos corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, considerando que Óscar Puente goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo.
Previo a esto, un Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) inició ya un procedimiento judicial relativo al accidente de Adamuz.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha solicitado un informe a la Fiscalía sobre una denuncia presentada contra Óscar Puente, en la que se le imputa «homicidios imprudentes» relacionados con el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Así se refleja en la resolución a la que ha accedido EL ESPAÑOL.
El 26 de enero pasado, la Asociación Libertad y Justicia, representada por el abogado Pedro Muñoz Lorite, interpuso esta denuncia ante la Audiencia Nacional contra el ministro de Transportes.
Actualmente, el juez Piña consulta a la Fiscalía si corresponde tramitarla o no, solicitando que el Ministerio Público elabore un informe sobre la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para llevar a cabo la investigación de los hechos planteados por la asociación.
Debe señalarse que Óscar Puente, como el resto de los ministros, disfruta de aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que implica que únicamente este órgano judicial, situado en la cúspide del sistema judicial español, está autorizado para investigarle y, en su caso, juzgarle mientras pertenezca al Gobierno.
Cuando la Fiscalía remita su informe al juez Piña, este decidirá sobre la continuación o no del procedimiento. Por ahora, el magistrado sólo ha recibido la denuncia y le ha asignado un número de registro, lo que corresponde a la apertura de diligencias preliminares.
Este es un trámite habitual que no implica que la Audiencia Nacional esté investigando a Puente ni esclareciendo las circunstancias del accidente.
De hecho, un Juzgado de Instrucción en Montoro (Córdoba) ya ha abierto un expediente judicial por este siniestro, que provocó la muerte de 45 personas.
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