Gobierno, sindicatos y CEOE se reúnen este lunes a las 10:00 horas con la flexibilización de la Ley de Desindexación como eje central del diálogo social
Este lunes a las 10:00 horas, el Ministerio de Trabajo sostendrá una reunión con sindicatos y patronal para avanzar en la negociación sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. El encuentro se realizará con una propuesta ya establecida por el Gobierno, aunque persisten diversos aspectos políticos y empresariales que condicionan el alcance final del acuerdo.
En la mesa se presenta la iniciativa del Ejecutivo para incrementar el SMI un 3,1%, llegando a 1.221 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que representaría una subida de 37 euros mensuales respecto al importe actual. Se mantiene la exención del IRPF y la actualización se utilizará con efecto retroactivo desde el 1 de enero cuando sea formalmente aprobada.
Esta propuesta, anunciada a comienzos de enero por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sigue las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno. Fuentes negociadoras indican que CCOO y UGT están dispuestos a respaldar este aumento, lo que acerca la posibilidad de un acuerdo con las centrales sindicales.
La verdadera clave del acuerdo no reside en el porcentaje de aumento
Más allá del porcentaje de incremento, el enfoque principal en la reunión de este lunes estará en los componentes estructurales relacionados con el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo propondrá una iniciativa conjunta con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la Ley de Desindexación, con la finalidad de permitir que el alza del SMI pueda trasladarse en cierta medida a la contratación pública.
La Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española prohíbe la actualización automática de precios en contratos públicos, rentas y tasas conforme al IPC u otros índices. Su objetivo es evitar aumentos automáticos y contribuir al control de la inflación, requiriendo que cualquier revisión de precios se justifique mediante un análisis detallado de costos en cada contrato. Esta normativa limita, en la práctica, que incrementos salariales como el del SMI se reflejen directamente en la contratación pública.
Esta cuestión se posiciona como una de las principales reclamaciones de la patronal. La CEOE argumenta que, sin un mecanismo de indexación en los contratos públicos, los aumentos del salario mínimo impactan directamente en sectores con alta intensidad de mano de obra que trabajan bajo contratos administrativos de larga duración con precios no actualizados automáticamente.
Desde el sector empresarial se señala que en áreas como servicios públicos, mantenimiento, atención social, restauración colectiva o servicios energéticos, los salarios representan una parte predominante de los costes operativos, lo cual complica absorber incrementos salariales sin una revisión de las condiciones económicas contractuales.
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El Gobierno ha abierto la posibilidad de flexibilizar la normativa de desindexación para favorecer un acuerdo más amplio, aunque esta reforma debe concretarse legalmente y formalizarse dentro del diálogo social.
A su vez, la negociación incluye el debate sobre la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, demanda sindical orientada a impedir que los complementos salariales anulen en la práctica las subidas del SMI, vinculada al proceso de implementación de la directiva europea sobre salarios mínimos.
Dos posibles escenarios
La reunión de este lunes plantea dos escenarios. Por un lado, un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal que cierre de forma consensuada el aumento del SMI 2026. Por otro, un pacto bilateral entre Ejecutivo y organizaciones sindicales, excluyendo a la patronal, una práctica habitual en negociaciones previas.
El Ministerio de Trabajo destaca que la aprobación del nuevo SMI no depende legalmente del apoyo empresarial, aunque busca un acuerdo que ordene su impacto económico y reduzca tensiones estructurales relacionadas con su aplicación en sectores regulados por contratación pública.
A pocas horas del encuentro, la propuesta salarial está sobre la mesa y las posturas de las partes están claras, aunque el resultado del diálogo social continúa abierto y condicionado a la negociación que se lleve a cabo este lunes.