Carlos Cuerpo ha anunciado una serie de medidas de protección para los agricultores frente a la apertura comercial
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este lunes un conjunto de medidas orientadas a proteger al sector agrario español frente a las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en medio de una semana marcada por protestas y nuevas movilizaciones con tractoradas en varias regiones del país. Cuerpo aseguró que el Gobierno activará mecanismos de protección específicos para evitar que el sector primario español resulte afectado por la apertura comercial.
En una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco, el ministro afirmó que el Ejecutivo es consciente de las preocupaciones del campo y enfatizó que este “nunca será una moneda de cambio en ninguna negociación comercial”.
Estas declaraciones se producen en un contexto de elevada tensión social dentro del sector agrario, con organizaciones de agricultores y ganaderos movilizadas contra el acuerdo UE–Mercosur debido al temor por una competencia desigual, la entrada masiva de productos extracomunitarios y la presión adicional sobre los márgenes de rentabilidad del sector primario español. Las protestas se concentran esta semana, entre el 26 y el 30 de enero, con convocatorias de tractoradas, cortes de carreteras y manifestaciones en diversas comunidades autónomas.
Medidas de protección anunciadas por el Gobierno
El ministro explicó un conjunto de instrumentos de protección que acompañarán la implementación del acuerdo comercial. Entre ellos, destacó el fortalecimiento de los controles fronterizos: “Se incrementarán los controles en frontera para garantizar que los productos que ingresan cumplan con los mismos requisitos que exigimos a los producidos en España”.
También mencionó mecanismos automáticos para proteger el mercado interno: “Existe un componente adicional de cuotas o salvaguardias que se activan cuando los productos que ingresan afectan negativamente a nuestro sector primario”.
A estas medidas se añade un instrumento económico directo de compensación: “Además, se ha creado un fondo de ayudas destinado a productores que puedan resultar perjudicados”, añadió.
Cuerpo reiteró que el Ejecutivo no considera al sector agrario como un elemento negociable dentro de la política comercial europea y enfatizó que el propósito es proteger la viabilidad económica del campo español frente al nuevo escenario de apertura de mercados.
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El acuerdo UE–Mercosur y el rechazo del sector agrario
Las palabras del ministro surgen en un momento de creciente movilización del sector agrario en España. Organizaciones profesionales como ASAJA, COAG y UPA han intensificado las protestas contra el acuerdo, con tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones, advirtiendo sobre el impacto que la entrada de productos procedentes de países del Mercosur podría tener en los precios, los costos de producción y la competencia en condiciones desiguales. Estas movilizaciones también se repiten en otros países de la Unión Europea, donde el sector primario ha expresado su rechazo al pacto comercial.
El sector sostiene que los productores europeos están sujetos a normativas medioambientales, laborales y sanitarias más estrictas que las de los países exportadores, lo que, en su opinión, genera una competencia desigual que pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Negociación del presupuesto agrícola
Además de las medidas nacionales, Cuerpo ubicó el debate en el ámbito europeo, relacionando la protección del sector primario con la política presupuestaria comunitaria. “Estamos negociando en el marco del nuevo presupuesto de la Unión para incrementar los recursos que la Unión asigna a un sector esencial para nuestra soberanía, como es la agricultura y el sector primario”, afirmó el ministro.
El Gobierno persigue así una estrategia que combina instrumentos comerciales, mecanismos de defensa del mercado interior y financiación europea para contener el conflicto agrario. El acuerdo UE–Mercosur aún está pendiente de ratificación definitiva a nivel europeo, en un contexto de debate político e institucional sobre su impacto económico y social.