Los sindicatos y la patronal estudiarán la propuesta y se reunirán con el Ministerio de Trabajo la próxima semana

El Ejecutivo ha decidido incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, estableciendo la cifra en 1.221 euros brutos mensuales distribuidos en catorce pagas, lo que implicará un aumento de 37 euros mensuales con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, comunicó esta resolución tras la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social, en la que el Gobierno fijó el monto y planteó un régimen de incentivos para las empresas con la finalidad de facilitar la ratificación del acuerdo pendiente con sindicatos y patronal.
Pérez Rey destacó que la subida tendrá un impacto directo sobre el nivel de vida de los trabajadores con salarios más bajos. “Desde el 1 de enero de 2026 percibirán 37 euros adicionales, 518 euros anuales”, señaló, remarcando que esta mejora se refleja concretamente en la vida diaria de quienes se sitúan en las franjas salariales inferiores.
Impacto social y modelo salarial
El secretario de Estado afirmó: “El salario mínimo puede determinar la diferencia entre acceder a una alimentación de mejor o peor calidad, entre aumentar o reducir el uso de la calefacción o bien entre poder afrontar ciertos gastos esenciales para la vida”. Vinculó esta medida a una transformación estructural del modelo económico. “España debe dejar atrás su condición de país de bajos salarios. No es aceptable mantener una brecha con Europa superior a 20 puntos”, afirmó.
En este marco, defendió que la política de incrementos del SMI ha generado efectos estructurales sobre el mercado laboral. “Se ha disminuido la brecha salarial de género, se han favorecido las mayores subidas para los deciles salariales más bajos y se ha combatido la desigualdad derivada de las relaciones laborales”, aseguró.
Exención del IRPF
Además, el Gobierno ratificó que el SMI estará exento de tributación. Pérez Rey explicó que este acuerdo fue alcanzado con el Ministerio de Hacienda y lo enmarcó en un criterio de justicia fiscal. “Quienes tienen los ingresos más bajos no deben abonar impuestos. El esfuerzo fiscal debe recaer en quienes perciben más”, sostuvo.
“El colectivo con salario mínimo interprofesional no tiene obligación de tributar, y este punto quedó reafirmado hoy en la mesa de diálogo”, añadió.
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Compensaciones a las empresas para facilitar el acuerdo
El tercer pilar del planteamiento gubernamental es el desarrollo de mecanismos de compensación para aquellas empresas con elevada proporción de empleados bajo el SMI. Sin embargo, el secretario de Estado aclaró que estas herramientas no tendrán naturaleza estructural de subvenciones. “No se busca premiar a quienes cuentan con trabajadores en el salario mínimo, sino incentivar que reduzcan esa dependencia”, explicó.
Según detalló, la fórmula de compensación funcionará como un estímulo para mejorar las escalas salariales. “Se acepta compensación, siempre vinculada a un incentivo que favorezca el aumento de las escalas salariales en las empresas”, precisó.
Por su parte, el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, informó que la propuesta está siendo estudiada y contempla una deducción en el Impuesto de Sociedades, condicionada a elementos como la conservación del empleo en las compañías beneficiarias.
Tras la reunión de la mesa de diálogo social, Pacheco indicó que patronal y sindicatos analizarán la nueva propuesta, a la espera de recibir más detalles por escrito en próximos días. Además, señaló que las partes se reunirán nuevamente el próximo jueves para intentar cerrar el acuerdo.
Pendiente de cierre en el diálogo social
Aunque la decisión política está tomada, el Gobierno debe completar el proceso formal de aprobación. El secretario de Estado confirmó que la tramitación normativa comenzará de manera inmediata y que se aspira a cerrar el acuerdo en el marco del diálogo social. “Confiamos en que el próximo jueves (…) las organizaciones sindicales y empresariales apoyen y promuevan el incremento”, concluyó.

