El Ejecutivo ha postergado el Homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, argumentando que la mayoría de los familiares no podría asistir.
Diversos familiares han declinado participar en el evento oficial, manifestando su desacuerdo con el formato laico propuesto y criticando la gestión gubernamental.
Algunos de ellos responsabilizan al Gobierno por el accidente debido a la falta de mantenimiento y han convocado concentraciones de protesta.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llevará a cabo un funeral católico en Madrid, lo que ha provocado polémica y críticas desde el Ejecutivo central.
El Gobierno ha anunciado la decisión de aplazar el Homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), programado inicialmente para el 31 de enero, debido a que una «amplia mayoría de las familias» indicó que «les sería imposible asistir».
La Delegación del Gobierno en Huelva (donde residía el 60% de los fallecidos y heridos) y en otras provincias contactaron directamente con las familias para extenderles la invitación al acto oficial, en el que se esperaba la asistencia de Pedro Sánchez; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el Rey Felipe VI.
No obstante, según fuentes consultadas por este medio, en muchos casos la respuesta fue un rechazo rotundo a participar en el homenaje.
El Gobierno justifica la «imposibilidad de asistencia» de varios familiares. Sin embargo, al no especificar las razones detrás de tal «imposibilidad», esta situación sugiere que podría tratarse de una excusa para ocultar los múltiples rechazos recibidos.
Algunas familias de víctimas y heridos habían expresado abiertamente su rechazo al acto laico que el Gobierno y la Junta de Andalucía tenían planificado en Huelva.
Gracia, hermana de uno de los heridos que se encuentra aún en la UCO tras el accidente, mostró esta semana en una entrevista en Cuatro su total oposición a la propuesta gubernamental.
«En Huelva no es apropiado realizar un funeral laico. Aquí los enfermos están en manos de la Virgen», afirmó.
«Lo ocurrido con mi hermano fue un milagro, y los milagros no los hacen los políticos, sino el de arriba. Un funeral laico en Huelva no procede; debe ser un funeral cristiano«, añadió.
Otros allegados han criticado duramente la actuación del Gobierno, al que responsabilizan del accidente trágico ocurrido el pasado domingo, donde fallecieron 45 personas tras la colisión de un tren Iryo con un Alvia en la línea de alta velocidad.
Así lo manifestó el abuelo de Cristina, la niña de seis años que perdió en el accidente a sus padres, hermano y primo.
“No murieron, los asesinaron por falta de mantenimiento”, declaró el anciano esta semana frente a los medios.
En los días recientes, se multiplicaron en redes sociales las convocatorias para organizar una concentración en Huelva, coincidiendo con el funeral de Estado, con el propósito de manifestar protestas por la actuación del Gobierno y exigir responsabilidades por el accidente.
Ante este ambiente de división, el Gobierno anunció este domingo que acordó con la Junta «posponer la realización de dicho Homenaje, a una nueva fecha para asegurar la mayor asistencia posible de familiares«.
Esta medida se adopta, además, en medio del aumento de la confrontación política respecto a las causas del siniestro.
El PP exigió este domingo la renuncia del ministro Óscar Puente por «mentir», al afirmar que se realizó la «renovación completa» de la vía de alta velocidad donde ocurrió el accidente.
Sin embargo, durante un acto electoral en las elecciones de Aragón celebrado este domingo en Huesca, Pedro Sánchez expresó «todo su reconocimiento» a Puente, asegurando que «está gestionando y respondiendo desde el primer instante de esta tragedia«.
Como ha informado EL ESPAÑOL, algunas familias han comenzado a organizarse en una plataforma o asociación, con la intención de iniciar acciones legales que demanden responsabilidades penales por el accidente.
Además, se suma la controversia por la iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha convocado un funeral católico en la catedral de La Almudena, que oficiará el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el próximo 29 de enero.
La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el viernes esta acción como una «falta considerable de respeto» a las instituciones, argumentando que Ayuso busca contrarrestar el funeral laico estatal organizado por el Gobierno.
«Siempre termina siendo la protagonista», le reprochó el viernes la líder de Más Madrid.