El respaldo de Vox, junto con ERC y Sumar, impidió la creación del ‘AgroFrontex’, un organismo europeo de control agroalimentario cuya sede se discutía establecer en Málaga.
La implementación del ‘AgroFrontex’ habría generado 250 empleos directos altamente cualificados en Málaga y conllevado un impacto económico anual de decenas de millones de euros.
Este bloqueo pone en peligro las mejoras destinadas a la Política Agraria Común (PAC) y la protección de productores españoles y europeos frente a las importaciones procedentes de terceros países.
El Partido Popular Europeo continúa presionando para conservar las salvaguardas pactadas con la Comisión y evitar perjuicios al ámbito agrícola español en el acuerdo UE-Mercosur.
Este miércoles, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el voto conjunto de Vox con ERC, Sumar y las fuerzas de extrema izquierda no solo remitió el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta inesperada «alianza contra natura» de grupos ultraderechistas y extremistas bloqueó también la creación de un organismo de control agroalimentario similar al Frontex migratorio, para el que Málaga estaba en vías de ser sede.
El denominado AgroFrontex o «Frontex Agroalimentario», concepto acuñado por un alto representante del PP Europeo, sería «una unidad para la supervisión de importaciones procedentes de terceros países» integrada en la nueva Autoridad Aduanera de la UE.
Esta negociación se encontraba en su fase final durante estos meses entre la Comisión y el Parlamento.
Según confirman fuentes oficiales del PPE, las salvaguardas que quedaron paralizadas debido al voto del miércoles comprendían una contrarreforma esencial de la PAC para responder a las demandas del sector agrario europeo.
Este aspecto incluye específicamente la creación del AgroFrontex con facultades efectivas para «proteger a los productores» españoles y europeos.
«Con este voto, la Eurocámara ha perdido toda su credibilidad«, señalan estas fuentes. «Ahora la Comisión no cuenta con incentivos para considerarnos un interlocutor fiable», y los eurodiputados temen quedar excluidos de futuros tratados, como el previsto con India.
Sin embargo, para la situación inmediata, agregan, «lo que está en riesgo son todas las mejoras que veníamos logrando para recuperar la Política Agraria Común [PAC], que la Comisión tenía intenciones de debilitar».
La votación conjunta entre Vox, ERC y Sumar ha frustrado una negociación especialmente delicada en Bruselas.
Málaga como sede
De acuerdo con la candidatura oficial presentada por el Ayuntamiento de Málaga, la ubicación de esta Autoridad Aduanera Europea (EUCA), que incorporaría el AgroFrontex, significaría
El efecto económico anual se calcula en varias decenas de millones de euros, generando también un impacto positivo en sectores como la tecnología, servicios profesionales y turismo de negocios.
Los empleos serían principalmente de alta cualificación: juristas, economistas, ingenieros de datos, perfiles relacionados con TIC y gestión. Los sueldos superarían la media provincial, aumentando el poder adquisitivo regional.
Además, se sumarían empleos indirectos en servicios como consultoría, traducción, hostelería, eventos, mantenimiento y seguridad. En organismos europeos semejantes, este efecto multiplicador suele generar entre 1,5 y 2 veces el número de empleos directos a medio plazo, lo que equivale a hasta 500 empleos adicionales.
El impacto económico global se considera estratégico para Andalucía y el sur de España, habiendo un gran centro de datos y personal internacional que aportaría varios millones de euros anuales en salarios, vivienda, consumo y servicios locales.
Málaga figura como una de las principales ciudades europeas sin presencia formal de instituciones de la UE o la ONU, por lo que acoger la EUCA tendría un valor institucional y simbólico significativo.
La sede reforzaría la imagen de Málaga como un centro tecnológico y logístico —denominado «Silicon Valley español» en la candidatura— y aumentaría su influencia en decisiones relativas al comercio internacional y control aduanero.
Asimismo, favorecería la atracción de congresos, encuentros de alto nivel y proyectos europeos de investigación vinculados al comercio y gestión de datos. Sin embargo, todo esto queda ahora amenazado por el voto del miércoles.
Presión a la Comisión
Eurodiputados del PP Europeo afirman que continuarán ejerciendo presión sobre la Comisión para evitar que rompa las negociaciones. Aunque Bruselas pretenda activar «provisionalmente» el tratado debido a plazos, no esperan que pueda hacerlo antes de febrero.
En la sesión plenaria prevista para ese mes, «se espera aprobar las salvaguardas que veníamos tratando con el Ejecutivo comunitario, gracias a la presión del PP español», indican estas fuentes. El ponente del informe y negociador principal con la Comisión es Gabriel Mato, eurodiputado español del PP.
«Intentaremos salvar o, al menos, mitigar algunas de las consecuencias que podrían afectar negativamente al sector agrícola español en el acuerdo con Mercosur», afirma Mato. Las fuentes destacan que el problema no reside en el tratado, sino en la política agraria seguida por la Unión Europea.
«Por eso es crucial la negociación de salvaguardas, actualmente en riesgo por el voto de Vox,» reiteran. «Estamos trabajando en compromisos claros y responsables que deben mantenerse firmes», añade Mato.
Este jueves por la mañana, el presidente del PPE, Manfred Weber, conversó con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP español. Ambos evaluaron conjuntamente la crisis desencadenada por la «alianza contra natura».
Weber informó que el compromiso del PPE con el Tratado UE-Mercosur permanece firme, siempre que la Comisión Europea asegure el cumplimiento de las «seis condiciones» que se estaban negociando.
Primero, la activación automática e inmediata de cláusulas de salvaguarda. Segundo, el respeto a la reciprocidad fitosanitaria y sanitaria en las importaciones.
Tercero, el refuerzo de los controles fronterizos sobre las importaciones procedentes de terceros países. Cuarto, mayor supervisión y auditoría en los países de origen sobre explotaciones, exportadores y grupos industriales.
Quinto, la revisión de las regulaciones medioambientales de la PAC, incluyendo el Pacto Verde, los Reglamentos de Restauración de la Naturaleza y la Directiva Hábitat, los cuales «están disminuyendo la competitividad agrícola».
Y sexto, la creación e implantación del AgroFrontex. Sin estas garantías, el PPE amenaza con mantener el veto a la ratificación definitiva del acuerdo, «ya que no sería ventajoso para la UE si perjudica a su sector primario».