La defensa de Julio Iglesias reprocha que la fiscal de la Audiencia Nacional le niega el acceso a la denuncia interpuesta por dos exempleadas por supuestos abusos.
Las exempleadas señalan a Iglesias por tocamientos no consentidos, agresiones sexuales y condiciones laborales abusivas entre enero y octubre de 2021 en República Dominicana y Bahamas.
El letrado de Iglesias sostiene que la fiscalía debe preservar el derecho a la defensa desde el inicio del procedimiento y cuestiona la competencia de la jurisdicción española para indagar los hechos.
La defensa alega que la denuncia ha sido divulgada públicamente y que únicamente Iglesias, como denunciado, no puede acceder a ella, lo que considera una violación de sus derechos.
El abogado defensor de Julio Iglesias ha respondido a la negativa de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, de permitir su intervención en las diligencias preprocesales iniciadas hace dos semanas a raíz de la denuncia presentada por dos exempleadas.
La denuncia, adelantada por eldiario.es y Univisión, versa sobre presuntos tocamientos no deseados, agresiones sexuales, vejaciones, conductas de control y condiciones laborales similares a la esclavitud que habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en las residencias de Iglesias en la República Dominicana y Bahamas.
El abogado José Antonio Choclán ha presentado este miércoles un nuevo escrito, del que EL ESPAÑOL tiene conocimiento, en el que considera que Durántez no está garantizando el derecho a la defensa de Julio Iglesias.
Según él, la fiscal está obligada a asegurar el derecho a la defensa desde el inicio de las diligencias, incluyendo el momento inicial para determinar la jurisdicción española en relación con hechos que no han sido denunciados en los lugares donde supuestamente ocurrieron.
«No corresponde en este momento admitir la personación solicitada, dado que nos encontramos en una fase inicial, en la que prima facie [a primera vista] debe delimitarse la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados», indicó Durántez en un decreto emitido el pasado lunes.
La fiscal respondía así a la solicitud de la defensa para personarse en las actuaciones que está realizando la Fiscalía.
«Del decreto notificado se deduce que la Fiscalía no realizará diligencia alguna, sino únicamente verificará, conforme al texto de la denuncia (prima facie), la jurisdicción de la Audiencia Nacional», expone el defensor en su escrito.
«No obstante, incluso para resolver esta cuestión procesal (la falta de jurisdicción de la Audiencia Nacional) resulta patente la necesidad de defensa y la presentación de alegatos por parte del denunciado sobre dicha cuestión.»
Esto sucede «ante la difusión pública de la denuncia y el inicio de las diligencias presentes, así como la manifiesta falta de jurisdicción conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial».
El decreto emitido por la número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es firme e irrecurrible. Por ello, el letrado menciona que «se reservan el derecho a ejercitar las acciones pertinentes para solicitar el oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales que consideramos vulnerados«.
Añade que es «notorio» que la denuncia presentada por las dos exempleadas de Julio Iglesias es conocida no solo por la Fiscalía, sino también «por terceros ajenos a las denunciantes, como mínimo, la organización internacional Women’s Link Worldwide y al menos dos medios de comunicación».
«Se genera la paradoja de que el único interesado que no tiene conocimiento es el denunciado«, critica, «lo que resulta sorprendente conforme a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional».
Por ello, solicita a Durántez que, «como parte con legitimidad evidente, se proporcione una copia de la denuncia».
Julio Iglesias es «el único legitimado que no posee copia de la denuncia, la cual, sin embargo, ha sido accesible de manera notoria a terceros», critica.
Jurisdicción
La defensa argumentó en un escrito dirigido a la fiscal el pasado lunes que no cabe invocar la reserva informativa «en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la divulgación pública de la denuncia«.
«Al haber convertido voluntariamente el asunto en un tema de interés mediático, que genera debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier intento de protección frente al investigado, incluso de manera general, debe descartarse», afirmaba.
Asimismo, la defensa considera que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer de esta denuncia.
Según su criterio, el fundamento de atribución de jurisdicción basado en la comisión de delitos en el extranjero por un ciudadano español «es siempre subsidiario, predominando el criterio de territorialidad (lugar de comisión)».
De esta forma, solo cuando el delito no sea perseguible por el Estado del lugar de comisión podrá considerarse la posible jurisdicción española, defiende.
Además, «ninguno de los delitos que contiene la denuncia publicada corresponde al catálogo de infracciones penales que pueden ser perseguidas por tribunales españoles, con independencia del lugar donde se hayan cometido, y es notorio que las víctimas no son españolas ni residen habitualmente en España».
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Por ello, la defensa de Iglesias sostiene que la Fiscalía debe remitir «sin más trámite» a las denunciantes a los tribunales «competentes para conocer preferentemente el asunto», que son aquellos correspondientes a los lugares donde presuntamente se cometieron los hechos.