El caso ERE, iniciado en 2011, investigó un fraude en ayudas públicas por valor de 680 millones de euros durante los gobiernos socialistas en Andalucía.
Entre más de 500 investigados, 18 ex altos cargos de la Junta, incluidos Chaves y Griñán, recibieron condenas, que fueron posteriormente revocadas por el Tribunal Constitucional.
La Audiencia de Sevilla cuestionó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la compatibilidad de la resolución del Constitucional con el Derecho europeo.
Actualmente, permanecen más de 100 piezas del caso ERE en espera de resolución judicial, y el TJUE podría emitir su fallo a finales de este año.
Un día como este lunes, 19 de enero, pero en 2011, arrancó el mayor caso de corrupción de la democracia que dio fin al gobierno del PSOE en Andalucía. Se investigaron más de 500 personas y el monto defraudado alcanzó los 680 millones de euros.
Ese mismo día, sin tener claro lo que descubriría, la jueza Mercedes Alaya abrió las primeras diligencias en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para investigar lo que se conocería como el caso ERE.
Alaya destapó una serie de irregularidades en expedientes de regulación de empleo realizados en la empresa pública Mercasevilla, iniciando así la investigación.
Unas grabaciones clandestinas y un intento de extorsión a dos empresarios sevillanos en 2009 fueron la chispa que reveló la distribución fraudulenta de ayudas económicas por parte de la Junta de Andalucía a ciertas empresas, sumando un total de 680 millones.
La investigación avanzó por distintas etapas conforme Alaya ascendía en la supuesta cadena de responsabilidades hasta llegar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Solicitó la imputación de ambos, debido a su condición de aforados, justo el día en que Susana Díaz asumía la presidencia de la Junta tras la renuncia de Griñán en agosto de 2013.
Entre 2011 y 2026, pese al extenso desarrollo del caso, el progreso ha sido insuficiente.
Por un lado, se segmentó la parte política de la causa, donde el Tribunal Supremo condenó a 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo al fallecido exdirector general del Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Por otro lado, se abrió una pieza judicial para cada ayuda concedida. Aun así, 15 años después, queda mucho por resolver.
En total, 72 procedimientos han concluido y fueron remitidos a la Audiencia Provincial de Sevilla, con 26 sentencias ya dictadas. Otros cuatro aún aguardan resolución.
Además, 60 procedimientos siguen en trámite judicial. De estos, 39 están en fase de instrucción y 21 en fase intermedia tras dictarse el auto de procedimiento abreviado. En suma, quedan 106 piezas pendientes.
Tras la condena del Supremo a los exaltos cargos, a finales de 2022, los sentenciados por malversación ingresaron en diversas prisiones andaluzas, salvo José Antonio Griñán, quien alegó sufrir cáncer de próstata.
Sin embargo, todos fueron liberados en julio de 2024 cuando el Tribunal Constitucional anuló la sentencia.
Según el Supremo, las ayudas eran distribuidas por los responsables de la Consejería de Empleo con total discrecionalidad: sin justificar los motivos de concesión, sin control sobre el destino de los fondos, sin supervisión de la Intervención y sin publicidad.
No obstante, el TC dictaminó que estos actos están fuera del control judicial porque «los anteproyectos y proyectos de ley no pueden ser objeto de control jurídico«.
Al revocar las sanciones, el TC ordenó que las actuaciones se retrotrajeran para que la Audiencia Provincial de Sevilla dictase sentencias respetuosas con los derechos fundamentales vulnerados.
La Audiencia remite el caso al TJUE
Sin embargo, la Audiencia sevillana desafió al Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido y planteó en julio una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En dicha cuestión, la Audiencia manifestó sus dudas sobre la compatibilidad de la decisión del TC con el Derecho europeo.
El tribunal considera, además, que Conde-Pumpido pudo exceder sus competencias e interferir en las atribuciones del Supremo, generando un «claro espacio de impunidad en la lucha contra la corrupción» mediante su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación.
Por ello, se suspendió la ejecución de los fallos anuladores del TC, a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial. Según EL ESPAÑOL, el tribunal europeo podría dictar sentencia a finales de este año.
La presentación de esta cuestión prejudicial en marzo causó un fuerte malestar en el presidente del Tribunal Constitucional.
Tanto, que Conde-Pumpido llegó a discutir internamente la posibilidad de anular decisiones de la Audiencia de Sevilla, al sostener que el TC no puede ser cuestionado ante la Justicia europea. Sin embargo, finalmente, no se adoptaron medidas.
Al plantear esta cuestión prejudicial, la Audiencia de Sevilla busca evitar que, debido a la doctrina establecida en las sentencias reiteradas del TC, «se genere un riesgo sistémico de impunidad en casos similares«. También pretende proteger los intereses financieros de la UE.
Mientras se resuelve este aspecto pendiente, las demás piezas en proceso judicial continúan avanzando.
Algunas han concluido con acuerdos entre las partes, aunque la mayoría de las sentencias dictadas por la Audiencia están recurridas ante el Supremo y podrían, al igual que el caso principal, llegar nuevamente al Constitucional.