Andoni García, responsable de organización de COAG, llama al Parlamento Europeo a rechazar el acuerdo comercial que firmará Ursula von der Leyen
Los desafíos en el sector agrícola español se multiplican. A la oposición al nuevo presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y al incremento de los costes productivos, se suma un acuerdo casi cerrado entre la Unión Europea y el Mercosur. Este convenio establecería relaciones comerciales con aranceles cero, afectando negativamente al campo español, que exporta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay menos productos de los que importa. Por este motivo, las principales entidades del sector han convocado movilizaciones en todo el territorio del 26 al 30 de enero.
“El campo es usado como una moneda de cambio para otros intereses de la Unión Europea”, señala Andoni García, responsable de organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Este argumento, que ya se expresó cuando se presentó el posible presupuesto de la PAC para 2026, reaparece en el contexto del acuerdo entre la UE y Mercosur. “Surge la cuestión de hasta qué punto, por otros intereses, se está sacrificando el sector agrario y la seguridad alimentaria de los consumidores”, añade.
García resalta que durante años el sector ha observado los efectos de los acuerdos de libre comercio y lamenta que la agricultura, entendida como fuente de alimentación, forma de vida rural y protección medioambiental, no sea considerada en las negociaciones, cuyo enfoque principal es “el mercado y el negocio”. “Apoyamos el comercio, pero creemos que en agricultura y alimentación debe primar la cooperación y complementariedad, no la sustitución”, aclara.
Asimismo, el responsable de COAG subraya que este acuerdo debería respetar la soberanía alimentaria de los países, así como los derechos tanto de agricultores como consumidores. “Lo que advierten es que estas negociaciones favorecen un negocio que termina beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)
“La ciudadanía es consciente de la situación del campo”
Aunque las fechas de las movilizaciones están fijadas, comenzando el 26 de enero y con la jornada principal prevista para el 29 de enero, cada territorio decidirá el modo y momento de sus protestas. Según García, la diversidad territorial implica que estas decisiones recaigan en las organizaciones provinciales de cada sindicato (Asaja, COAG y UPA).
Además, considera que la ciudadanía es consciente de los retos que enfrenta el campo español. “El sector agrario atraviesa una situación muy delicada y eso se percibe a partir de las protestas, de las familias que observan el despoblamiento rural y del hecho de que al abordar problemas como el cambio climático o la alimentación, siempre se termina hablando de agricultura”.
García también opina que, aun cuando la población reconozca esta problemática, “lo más complicado es comprender el origen de estos problemas”, y transmite un mensaje de calma: aunque la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con Mercosur, no implica que el proceso esté concluido, ya que será el Parlamento el que debe aprobar o rechazar este pacto.
Europa, uno de los puntos centrales de las protestas
Europa tiene un papel clave en la determinación de que el sector agrario salga a manifestarse. Según García, con estas movilizaciones —que también se replican en otros Estados miembros de la UE— se busca que el Parlamento Europeo opte por no ratificar el acuerdo. “Mientras esa posibilidad exista, desde COAG continuarán las protestas, ya sea en España o en Bruselas, con el fin de impedir que este acuerdo avance”.
No solo el rechazo al pacto de libre comercio pone a Europa bajo la mirada de agricultores y ganaderos, sino que la próxima reforma de la PAC, que contempla una posible reducción del 20% en el presupuesto, sigue siendo una de las preocupaciones principales de los sindicatos. “La propuesta debilita el mercado único europeo porque devuelve a los países la gestión de la política agraria, lo que podría generar competencia desleal entre los 27 estados”, advierte.
Igualmente, García señala el peso creciente de la política comercial en Europa donde los acuerdos de libre comercio, la liberalización de mercados y la pérdida de soberanía alimentaria afectan directamente la política agraria y la situación de agricultores en todo el continente. Por ello, reclama políticas que respondan a los intereses de la sociedad en general, pero que también protejan y apoyen a los agricultores pequeños y medianos.