Ertzainas irrumpieron en el Ayuntamiento de la localidad vizcaína y procedieron a registrar los despachos de varios ediles.
El 28 de abril de 2023, los concejales del PNV en Getxo, Ignacio Gorostiaga y Irantzu Uriarte, formalizaron la compra por 571.000 euros más IVA de uno de los 12 elegantes pisos planificados para construirse en el centro de Getxo (Vizcaya). La propiedad correspondía al bajo del bloque 1, ubicado en la señorial calle San Nicolás, con dos plazas de garaje y un trastero, un proyecto que para la pareja de ediles nacionalistas estaba próximo a concretarse tras la autorización municipal del PNV, emitida el 18 de octubre de 2022, para rehabilitar el palacete demolido donde se edificarían estas viviendas de lujo.
Tres años y dos meses después, agentes de la Ertzaintza realizaron ayer un registro en los despachos de Gorostiaga y Uriarte, así como en las oficinas del área de Urbanismo y en la ‘Casa Encantada’, la sede de los servicios informáticos, con el propósito de ampliar la investigación judicial relacionada con una presunta trama político-técnica que habría facilitado un supuesto pelotazo urbanístico.
La Policía vasca acudió ayer a pie —ya que la comisaría se halla a pocos 100 metros— hasta el Ayuntamiento de Getxo para registrar los despachos de los concejales del PNV, Ignacio Gorostiaga e Irantzu Uriarte. La orden judicial emitida por un juez de Getxo también autorizaba la búsqueda de evidencias en los ordenadores del personal técnico del área de Urbanismo del Consistorio vizcaíno. La causa judicial comenzó el 21 de octubre de 2024 por un posible delito contra el patrimonio histórico vinculado al derribo de un palacete en proceso de rehabilitación el 1 de agosto de 2024.
Las diligencias policiales en los despachos de concejales nacionalistas relacionados con la operación urbanística del palacete obligaron a la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre (PNV), a emitir un comunicado —evitando la comparecencia pública— anunciando su «colaboración plena y activa» con el juzgado instructor para esclarecer los posibles delitos cometidos en el Ayuntamiento. «Han estado ocultándolo todo», respondió el portavoz del PP, Eduardo Andrade —quien sí atendió a los medios— denunciando el encubrimiento de la singular tramitación urbanística de esta propiedad cuya rehabilitación beneficiaba directamente a los mencionados ediles del PNV.
Andrade, en calidad de acusación popular, junto con el portavoz de EHBildu en el Consistorio, que presentó una denuncia ante la Fiscalía, lograron en octubre de 2024 que la Justicia accediera a la documentación que demostraba el interés de Gorostiaga y Uriarte en los trámites urbanísticos para la rehabilitación de uno de los codiciados palacetes de Getxo. El Irurak bat era un inmueble con protección especial bajo la figura de «custodia municipal», cuyos propietarios precisaban vender debido a la necesidad de realizar importantes reformas. Tras un intento fallido para viabilizar su rehabilitación, el gestor de cooperativas de vivienda, Ander Madariaga, reactivó el proyecto con ciertos cambios sospechosos en la tramitación, aspectos que los investigadores de la Ertzaintza ya reflejaron en su primer y exhaustivo informe.
La Policía vasca comunicó en las pesquisas a la primera juez encargada de la instrucción —ya han intervenido tres magistrados— que el segundo proyecto de rehabilitación supuso la sustitución del primer arquitecto municipal, con Madariaga actuando como promotor detrás de la sociedad cooperativa constituida. Además, la concejal Irantzu Uriarte llegó a votar favorablemente la licencia para la rehabilitación, que iba a convertirse en su vivienda de lujo, sin divulgar este hecho ni abstenerse de participar.
No obstante, el vínculo de Uriarte y Gorostiaga —ambos aún en funciones y con responsabilidades de gobierno— con el palacete se hizo evidente cuando las fachadas que debían conservarse fueron demolidas por los promotores de la obra. El 2 de agosto de 2024, dos agentes de la Policía Local certificaron mediante un informe que del Irurak bat solo quedaban escombros, una acción que quienes gestionaban la obra intentaron justificar alegando una fuga de agua.
La Ertzaintza advirtió sobre el ahorro de gastos que implicaba demoler la construcción en vez de realizar la obra nueva para levantar los pisos de lujo que, entre otros, planeaban habitar la pareja de concejales nacionalistas. El informe policial calcula que este beneficio ascendió a 732.506 euros. La Policía vasca contaba ya con información adicional antes de efectuar los registros y el juez ha decretado el secreto sumarial.