El Gobierno transfiere al PNV la administración de 30 oficinas del SEPE y el manejo de 822 millones de euros en prestaciones por desempleo en el País Vasco.
El traspaso abarca cinco áreas: prestaciones por desempleo, prestaciones familiares no contributivas, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
Estas cesiones estaban contempladas en el Estatuto vasco desde 1979 y se concretan tras múltiples incumplimientos en los acuerdos previos entre PSOE y PNV.
Este pacto responde a la presión ejercida por el PNV debido al retraso en las transferencias y busca asegurar el respaldo del partido a Pedro Sánchez para impulsar la legislatura.
El pasado 12 de diciembre, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, mencionó la intención de aprovechar la «debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez para «forzar concesiones que hasta ahora nunca habían sido negociadas».
Un mes más tarde, el Gobierno acordó con ERC un nuevo sistema de financiación autonómica y está en negociaciones para ceder a Cataluña la gestión completa del IRPF; también intenta retomar las conversaciones y acuerdos con Junts; pactó con Bildu el decreto denominado «escudo social» y este viernes firmará con el PNV la transferencia de cinco competencias que estaban bloqueadas.
Es decir, siguiendo el pronóstico de Nogueras, Pedro Sánchez ha decidido «salvar pendientes» de acuerdos anteriores incumplidos para superar su situación vulnerable y obtener margen para avanzar en la legislatura. El objetivo principal es reunir apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 que planea presentar en el Congreso este trimestre.
La cesión de estas competencias al País Vasco había sido acordada en varias ocasiones entre PSOE y PNV, aunque no se concretaban los detalles. En efecto, se esperaba cerrar el trato el 29 de diciembre, pero el Gobierno lo postergó debido a ciertas dudas.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtió entonces al PSOE que el incumplimiento «tendría repercusiones», y finalmente Moncloa ha accedido.
Desde el PNV aclaran que no se trataba de amenazar ni sumarse a una moción de censura, sino de distanciarse del Gobierno, dado que ya se superaban todos los plazos establecidos.
En realidad, para el PNV, estas transferencias llegan con una demora de 46 años, pues están incluidas en el Estatuto del País Vasco, el único que no ha sido modificado desde su aprobación en 1979, lo que, según explican, representa una violación desde entonces de una ley orgánica respaldada por los principales partidos.
Según la versión gubernamental, el PNV aceptó cerrar este acuerdo parcial sobre cinco de las 15 competencias solicitadas, debido a la necesidad de registrar logros concretos, en su competencia con Bildu y el riesgo de ser superados por dicha formación.
Las cinco competencias ahora transferidas corresponden a las prestaciones por desempleo, prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
El País Vasco se convierte en la primera comunidad que gestionará la prestación contributiva del paro y el subsidio de desempleo que reciben cerca de 50.000 vascos, lo que implicará administrar 822 millones. Asumirá, mediante el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, la gestión de 30 oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), donde laboran 534 trabajadores.
El PNV fundamenta sus demandas en el propio Estatuto de 1979, las cuales han sido reiteradas desde entonces a los gobiernos del PP y del PSOE cuando estos partidos necesitaron sus votos en el Congreso. Por ello, se han firmado numerosos acuerdos de transferencias con esos Ejecutivos.
Por ejemplo, el Salvamento Marítimo que ahora se cede está mencionado expresamente en el artículo 12.10 del Estatuto como una de las competencias que puede asumir el País Vasco.
Asimismo, en 1993, el Parlamento vasco aprobó el llamado «informe Zubía» (por el entonces consejero Joseba Zubía) que enumeraba 37 competencias pendientes de traspaso. José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy cedieron algunas de ellas, pero quedan pendientes otras, incluyendo las ahora reclamadas por el PNV a Pedro Sánchez.
Por ejemplo, ese informe hacía referencia al traspaso de prestaciones por desempleo. «Desde 2010, Euskadi realiza la intermediación laboral y gestiona las políticas activas de empleo. Según el Gobierno, con la transferencia de la gestión del sistema de protección social por desempleo, que incluye prestaciones específicas y subsidios, se mejoraría la coordinación entre las administraciones autonómica y estatal, permitiendo una política de empleo y atención más coherentes», señalaba dicho informe.
Los acuerdos con el PNV
El pacto entre PSOE y PNV de diciembre de 2019 para investir a Sánchez tras las elecciones contemplaba «proceder en 2020 a negociar y transferir a la Comunidad Autónoma Vasca las competencias estatutarias pendientes». Hubo cesiones durante esa legislatura, pero no todas las que solicitaba el PNV ni las competencias restantes.
En 2023 se rubricó otro acuerdo de investidura en el cual se compromete a «concluir el autogobierno actual con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en un plazo improrrogable de dos años».
También se estableció que «el Gobierno del Estado se compromete a implementar de inmediato un calendario de reformas y transferencias con impacto positivo en el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, empezando por cumplir las competencias establecidas en el Estatuto vigente. En este sentido, se negociará y efectuarán durante los primeros dos años de legislatura los traspasos pendientes según el listado acordado por los Gobiernos español y vasco en la legislatura anterior y, si procede, se removerán los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno».
Este plazo de dos años expiró el pasado noviembre, lo que explica la presión ejercida por el PNV en los meses recientes, según fuentes nacionalistas vascas.
Tras ese pacto de investidura, el Gobierno vasco entregó al ministro Ángel Víctor Torres un informe sobre competencias pendientes que tampoco se completó, y en julio pasado Sánchez recibió en Moncloa al lehendakari Imanol Pradales. Se acordó cerrar el pacto para finales de diciembre, pero tampoco se respetó ese compromiso.
El acuerdo será firmado a las 10:30 horas de este viernes en Madrid, durante la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.
Aún quedan otras diez competencias por negociar. La más compleja, debido a las reservas del Gobierno, es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
El PNV aclara que esto no afecta a la «caja de la Seguridad Social» y se basa en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía, que establece que «la Comisión Mixta de Transferencias creada para aplicar este Estatuto establecerá los convenios necesarios para que la Comunidad Autónoma asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, respetando su unidad y el principio de solidaridad, siguiendo los procedimientos, plazos y compromisos acordados para una gestión ordenada».