El Tribunal Supremo ha establecido un tribunal integrado por siete jueces para el juicio contra José Luis Ábalos, incluyendo a Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.
Ábalos enfrentará cargos por supuestos delitos de corrupción vinculados a contratos de mascarillas durante la pandemia y la contratación irregular de personas cercanas a él.
La Fiscalía Anticorrupción demanda 24 años de cárcel para Ábalos, mientras que el PP incrementa la solicitud hasta 30 años.
También están implicados en el proceso Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama, analizando posibles delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha determinado la composición del tribunal encargado de juzgar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, conocido por ser el referente clave del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El tribunal estará formado por siete magistrados. A los cinco que decidieron iniciar la causa en noviembre de 2024, se suman Julián Sánchez Melgar, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado entre diciembre de 2017 y junio de 2018 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y el magistrado progresista Javier Hernández.
La presidencia del juicio corresponderá al presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, que ya integraba el tribunal que comenzó el proceso contra Ábalos y fue el ponente de esa decisión. Arrieta mantiene la ponencia, por lo que será quien proponga la sentencia después de la vista oral.
Los otros magistrados de la Sala de Admisión, que ahora también forman parte del tribunal de enjuiciamiento, son Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres.
Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre por riesgo elevado de fuga, se sentará en el banquillo junto a su antiguo asistente, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, cuya declaración respalda las presuntas acciones delictivas por las que la Fiscalía Anticorrupción solicita para el exministro 24 años de prisión.
El PP, principal representante de las acusaciones populares personadas, ha elevado la petición de condena para el exdirigente socialista hasta 30 años de reclusión.
Las acusaciones atribuyen a Ábalos presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación.
El juicio se centrará en la adjudicación del Ministerio de Transportes de contratos para mascarillas anti-Covid a la empresa Soluciones de Gestión SL, en la que Aldama actuaba como intermediario, a cambio de beneficios económicos.
También se investigará la contratación irregular de la expareja de Ábalos, Jesica Rodríguez, y de Claudia Montes en organismos públicos dependientes del Ministerio. Rodríguez ha reconocido que no asistió a su puesto ni un solo día.
Además, se juzgarán las gestiones efectuadas en distintos Ministerios tanto por Ábalos como por García para favorecer los intereses de Aldama en empresas que le pertenecían o en las que hacía de intermediario, como Air Europa o Villafuel.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, concluyó la investigación el 3 de noviembre en una resolución que justificaba los indicios suficientes para procesar a los tres imputados. Esta resolución —como todas las que ha emitido este instructor, respaldadas por la Sala de Apelación— fue ratificada el 10 de diciembre.
Al día siguiente, Puente procesó formalmente el caso, dictamen que no admite recursos y que también determinó que la Mesa del Congreso suspendiera sus funciones a José Luis Ábalos, quien mantiene su acta de diputado.
Este proceso, tramitado a gran velocidad dada su complejidad, solo aguarda la resolución de algunos recursos de apelación, como los presentados contra la prisión preventiva de Ábalos y García o contra la negativa a que sea un Jurado popular quien juzgue el caso.