En la Audiencia Nacional se ha reanudado el juicio contra el expresidente Jordi Pujol y sus siete hijos, junto con una decena de empresarios, por el origen de la fortuna que mantuvieron oculta durante años.
La familia Pujol solicitó a su asesor fiscal, Josep Anton Sánchez Carreté, que regularizara «con urgencia» sus fondos en Andorra el 7 de julio de 2014, coincidiendo con la publicación de sus movimientos bancarios y apenas semanas antes de que el expresidente catalán admitiera la existencia de la fortuna oculta.
Este lunes, Carreté declaró como testigo ante la Audiencia Nacional, que ha retomado el juicio iniciado en noviembre del año anterior contra Jordi Pujol y sus siete hijos, junto a varios empresarios, por el origen de los bienes que mantuvieron ocultos durante décadas en Andorra.
El rol de Sánchez Carreté es fundamental en el caso: en julio de 2014, semanas antes de la carta en la que Pujol confesó la fortuna, se encargó de legalizar los fondos familiares mediante declaraciones complementarias que él mismo reconoció haberse realizado «de manera precipitada».
Además, en su despacho de Barcelona se incautó un «pendrive» con datos bancarios sobre los Pujol, pieza clave para las acusaciones. La defensa cuestiona la validez de este registro, alegando que la autorización judicial solo permitía acceder a documentos relacionados con Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, pero no con otros miembros del clan.
Según Sánchez Carreté, quien tiene dos condenas por delitos fiscales y corrupción, los abogados Xavier Melero y Albert Carrillo organizaron una reunión con él el 7 de julio de 2014 para pedirle que ordenara la regularización de los fondos que conocían que los hijos del expresidente tenían en el extranjero, mediante declaraciones complementarias.
Ese mismo día, EL MUNDO difundió una captura con movimientos bancarios de cuentas pertenecientes a Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos en la Banca Privada de Andorra (BPA), documento que la defensa sostiene fue obtenido de forma ilegal dentro de la llamada «política patriótica» en el marco de la Operación Cataluña, argumento que utilizan para solicitar su anulación.
Tras esa cita, a la que, según el testigo, asistieron casi todos los Pujol, excepto el expresidente y su hijo mayor, se le entregó la documentación relativa a las cuentas andorranas “única y exclusivamente” para la elaboración de las declaraciones complementarias con el fin de regularizar la situación. En agosto de 2014, Hacienda inició inspecciones fiscales.
Un año y medio después de estos trámites, explicó el testigo, los abogados de los Pujol le proporcionaron un ‘pendrive’ con información bancaria de Andorra para verificar «si las declaraciones complementarias, hechas con documentación más parcial y apresuradamente, estaban bien o si era necesario corregirlas».
También le solicitaron realizar una «trazabilidad de los movimientos de fondos» de la familia con base en la información proporcionada, pero Sánchez Carreté admitió que fue «incapaz» de cumplir con esa tarea y recomendó contratar a un auditor.
El antiguo asesor fiscal de los Pujol ha respaldado a su defensa al afirmar que la justicia no debía haber incorporado toda la información contenida en el ‘pendrive’ entregado durante el registro ordenado en octubre de 2015 por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Según Sánchez Carreté, el magistrado «expresó claramente» en su resolución que únicamente podía intervenir documentos relacionados con Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa Mercè Gironès, debiendo excluirse la información relativa al resto de miembros de la familia: «Entregué el ‘pendrive’ confiando en que se respetaría el auto».
Asimismo, en la sesión de este lunes ha comparecido como testigo Jordi Puig, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano de Felip Puig, quien fue conseller en varios gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas.
Puig, que compartió despacho y secretaria con el hijo mayor del expresidente, fue citado para explicar la facturación de su empresa a sociedades vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola, sin que exista prueba documental que respalde los servicios realizados, motivo por el que la Fiscalía sospecha que podría haberse encubierto blanqueo de capitales y comisiones ilegales.
El testigo reconoció que no existió un contrato formal que justificara los 102 millones de pesetas que su compañía facturó a la de Jordi Pujol Ferrusola entre 1996 y 1998.
Jordi Puig situó su relación comercial con Jordi Pujol Junior en actividades de intermediación entre empresas españolas y gobiernos de países en desarrollo para ejecutar proyectos de inversión, principalmente en construcción de infraestructuras.
Otro de los testigos de la jornada fue el abogado Vicente Luis Agramunt Ciurana, quien manifestó haber gestionado una sociedad con sede en Costa Rica para un proyecto en el que participaba Jordi Pujol Ferrusola, encargo recibido de una gestoría mexicana.
Por último, el empresario Salvador Heras Cortés, que declaró conocer a Jordi Pujol Ferrusola por su amistad con la familia, justificó una factura de 14,5 millones de pesetas a su nombre como pago por servicios de «intermediación» en proyectos relacionados con zonas logísticas y el puerto de Barcelona.