Barreras administrativas, carencia de infraestructuras esenciales y demoras en la urbanización limitan la oferta, mientras la demanda crece y los precios se elevan en las principales ciudades
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que fondos de inversión han puesto a la venta a precios inferiores al mercado, con la finalidad de ampliar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)
Al analizar el desafío del acceso a la vivienda en España, la mayoría de expertos atribuye el aumento de precios a un marcado desequilibrio entre la oferta y la demanda. A pesar de ello, el sector de la construcción parece incapaz de responder a esta carencia. España cuenta con suelo residencial clasificado para albergar hasta siete millones de viviendas, pero solo el 0,5% de ese terreno está listo para ser urbanizado de inmediato. El resto permanece restringido por trabas administrativas, falta de urbanización y ausencia de infraestructuras básicas, según el último informe de Atlas Reanalytics.
El estudio indica que la mayor parte del suelo residencial potencial en España permanece sin urbanizar, con plazos de transformación que exceden los veinte años en casi todas las provincias. Esta demora estructural impide que el parque de viviendas crezca al ritmo requerido para cubrir la demanda presente y futura, especialmente en los principales núcleos urbanos.
Simultáneamente, el 87% de las viviendas potenciales detectadas carece de acceso inmediato a la red eléctrica, lo cual limita la viabilidad de nuevos proyectos incluso en etapas avanzadas de gestión urbanística. Solo el 13% de los suelos cuenta con conexiones eléctricas disponibles, mientras que el resto enfrenta obstáculos técnicos y económicos que retrasan su desarrollo. El informe resalta que esta situación se agrava por la saturación de la red y sucesos recientes como el apagón nacional de abril de 2025.

El problema también se extiende a las infraestructuras de transporte. Solo una de cada cinco viviendas potenciales dispone de conexión adecuada a redes viarias o transporte público de alta capacidad. El 80% restante depende de carreteras con poca capacidad o está distante de nodos intermodales, lo que condiciona la accesibilidad y la integración urbana de los futuros desarrollos residenciales.
El incremento demográfico presiona a las principales ciudades
Estas limitaciones técnicas y administrativas afectan directamente al déficit estructural de vivienda en España, que sumó 680.000 unidades al cierre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En un contexto de fuerte crecimiento poblacional, la cantidad de inmuebles disponibles no logra absorber el elevado número de personas y familias que demandan un hogar, generando una intensa competencia que impulsa al alza los precios. Las previsiones indican la creación de 3,2 millones de hogares adicionales hasta 2037, una demanda que solo podrá satisfacerse si se agilizan los procesos de urbanización y se invierte en infraestructuras esenciales.
La desigualdad territorial complica aún más la situación. Madrid, Barcelona y Baleares se encuentran entre las provincias donde el déficit resulta imposible de cubrir incluso movilizando todo el suelo disponible. En otros lugares, como Málaga, Las Palmas y Alicante, el potencial para el desarrollo existe en teoría, pero depende de la mejora de infraestructuras y la aceleración de trámites administrativos para materializarse.
Urgencia de modernizar la gestión del suelo
El tiempo promedio para convertir suelo en vivienda supera los veinte años en la mayoría de las provincias, lo que evidencia la rigidez del sistema urbanístico español. Los expertos destacan que la lentitud en la gestión y la falta de coordinación entre la disponibilidad de suelo y los servicios esenciales complican una respuesta eficaz al déficit habitacional.
El informe señala que, si no se implementan cambios profundos en la gestión del suelo y en la planificación de infraestructuras, el acceso a la vivienda continuará condicionado por bloqueos estructurales que afectan tanto al ritmo de construcción como a la calidad del desarrollo urbano.

