El Consejo de Ministros extiende el derecho de rectificación para que los ciudadanos puedan dirigirse a creadores de contenido en redes
Los ciudadanos no solo tendrán la opción de solicitarla a los medios, sino también a quienes se consideren usuarios de especial relevancia, definidos como aquellos con más de 100.000 seguidores en una red social.
El derecho de rectificación en medios permite a cualquier persona o entidad pedir la corrección de información inexacta, parcial o falsa difundida sobre ella, con el propósito de proteger la veracidad o el honor. El medio que difundió esta información errónea debe dedicar a esa corrección un espacio y énfasis equivalentes al original, para intentar reparar el daño causado. Esta norma está vigente desde 1984 y ahora el Gobierno la amplía.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, adaptándolo “a las nuevas realidades de los medios de comunicación y las formas en que los ciudadanos acceden a la información”, según el Ejecutivo. Este derecho, subraya, “favorece la calidad del debate público, afectado por la proliferación de las fake news”. Combatirlas fue uno de los fines del Plan de Acción por la Democracia.
Plan de Acción por la Democracia
Este plan, presentado en Moncloa en septiembre de 2024, surgió apenas cinco meses después del periodo de reflexión en el que Pedro Sánchez consideró dimitir como presidente del Gobierno. Decidió continuar, pero con la determinación de enfrentar a quienes, a su juicio, amenazaban la democracia y la convivencia mediante bulos y campañas de desinformación dirigidas a derribar su proyecto, a su persona y su círculo más cercano.
El Gobierno fundamentó esta iniciativa en recomendaciones de la Comisión Europea, proponiendo reformas legislativas “para fortalecer el derecho a la libertad de expresión y asegurar el derecho a la información veraz”. Entre las medidas destaca que la ciudadanía conozca “las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus datos de audiencia de forma transparente”.
‘Usuarios de especial relevancia’
Félix Bolaños se encargó de presentar este martes la reforma sobre la rectificación. Explicó que, además de los medios tradicionales y digitales, también se podrá pedir la corrección en las redes sociales. La ley definirá una nueva categoría, la de ‘usuarios de especial relevancia’, conocidos como influencers —independientemente de su área— que sean quienes tengan al menos 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 distribuidos en varias.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes detalló que, para esto, los medios digitales y plataformas deberán disponer de un mecanismo “accesible y visible” que permita enviar fácilmente las solicitudes de rectificación. Además, para las informaciones publicadas en redes sociales, el Gobierno establece la obligación de incluir en la información original un aviso que indique que ha sido rectificada.
Los menores podrán ejercer el derecho
Así, se facilitará que las falsedades respondan y que los creadores de contenido lo piensen dos veces antes de publicar nuevas desinformaciones. En caso de no rectificar, al igual que con los medios, la persona o entidad afectada podrá acudir a los tribunales. La ley también simplifica el proceso judicial “para asegurar una mayor rapidez y adaptación a los entornos digitales”.
Los menores de edad podrán ejercer este derecho por sí mismos, algo que antes no era posible, “si sus condiciones de madurez lo permiten” y siempre que tengan al menos 16 años. Asimismo, se amplía el espectro de quienes pueden solicitar una rectificación de informaciones relacionadas con una persona fallecida, “permitiendo que lo hagan ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido expresamente designados”.
“Desinformadores habituales”
Bolaños subrayó que la norma apunta no tanto a quienes puedan cometer errores ocasionales, sino a quienes lo hacen de manera sistemática y consciente. “Los desinformadores habituales, personas que se dedican diariamente a la difusión de bulos, quedarán afectados por esta ley, y quienes detecten un bulo propagado por estos profesionales del engaño podrán ejercer este derecho incluso si no se trata de un medio sino de alguien activo en redes sociales”.
Según lo dispuesto por el Consejo de Ministros, el plazo para ejercer el derecho de rectificación será de 10 días naturales cuando la información se haya publicado en medios convencionales, y de 20 días para medios digitales o perfiles en plataformas digitales.