El Ministerio de Consumo alerta de que los propietarios duplican la renta de los arrendatarios en ocho comunidades, mientras el Gobierno propone nuevas ayudas fiscales a arrendadores
Un día después del controvertido anuncio del Gobierno sobre los nuevos incentivos fiscales dirigidos a caseros, los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confirman las diferencias económicas entre inquilinos y propietarios. De acuerdo con un informe elaborado por el departamento encabezado por Pablo Bustinduy, al que tuvo acceso Europa Press, la renta media de los arrendadores se sitúa un 82% por encima de la de los arrendatarios en España.
Apoyándose en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Consumo estima que los ingresos medios de los ciudadanos que poseen inmuebles en régimen de alquiler alcanzaron los 52.449 euros en 2024, mientras que los ingresos de los inquilinos se ubicaron en 28.810 euros.
El avance del estudio revela que la brecha de renta entre propietarios y arrendatarios fue de 23.638 euros en 2024, y también destaca que la renovación de más de 2,7 millones de contratos en 2026 y 2027 podría aumentar esta diferencia.
Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”
Los contratos firmados en 2021 que vencen en 2026 suman 632.369 acuerdos, lo que afecta a cerca de 1,6 millones de personas, mientras que los que finalizan en 2027 alcanzan aproximadamente 1,1 millones. Según indica el Ministerio, si los contratos que expiran en los próximos dos años se actualizan a precios de mercado, la diferencia de renta entre ambos grupos aumentaría en una media de 2.216 euros, situando la renta mediana de los caseros en 54.665 euros.
En el informe en desarrollo, que excluye datos del País Vasco, Navarra y Cataluña por razones metodológicas, el Ministerio resalta que en regiones como Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, los propietarios ya duplican en ingresos a los inquilinos.
El Ejecutivo plantea incentivos para no subir precios a los caseros
El notable incremento en el coste del alquiler durante los últimos años ha agravado la situación, con un aumento estimado del 34,3% en solo cinco años, según datos de Idealista recopilados por el Ministerio. Consumo señala que entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio medio por metro cuadrado ha pasado de 10,85 euros a 14,5 euros, generando dificultades significativas en el acceso a la vivienda para gran parte de la población.
Frente a esta realidad, el debate político se ha centrado en las últimas legislaturas en posibles medidas para aliviar la presión del mercado. La acción más reciente fue el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que propone incentivos fiscales para propietarios que mantengan los precios del alquiler al renovar contratos. Esta medida busca mitigar el impacto de las subidas que se podrían producir en la renovación de los millones de contratos firmados bajo la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019, que estableció una duración estándar de cinco años.
El precio de las habitaciones en alquiler se dispara hasta los 645 euros de media tras subir un 30% en diez años.
No obstante, varios grupos políticos han criticado dicho decreto por proteger los intereses de los propietarios frente a los inquilinos, quienes generalmente se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. El grupo Sumar, al que pertenece el ministro Bustinduy, ha manifestado su desaprobación a estas ayudas y sostiene que la medida sería “ineficaz” e “injusta” dada la disparidad de ingresos entre arrendadores y arrendatarios.
Sumar pide blindar la renovación automática
La propuesta de Sumar para contener el aumento de los alquileres consiste en mantener la renovación automática de los contratos, permitiendo solo el incremento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que el Gobierno ya aplicó durante la pandemia. Este grupo calcula que únicamente en 2026 más de 600.000 contratos de alquiler llegarán a su fin, afectando a un amplio sector de la población arrendataria.
Desde Sumar insisten en que la intervención estatal en el mercado inmobiliario es “urgente” y necesaria para garantizar el derecho a la vivienda para los inquilinos. Rechazan las medidas opcionales que permiten que algunos propietarios accedan a los incentivos mientras otros no, argumentando que estas acciones profundizan la desigualdad estructural.