La propuesta presentada por la ministra Montero asigna incluso una financiación per cápita superior a Cataluña frente a Andalucía, que ha estado históricamente infrafinanciada.
El nuevo modelo de financiación autonómica, diseñado por el autodenominado gobierno progresista, sitúa a Cataluña como principal beneficiaria, a pesar de ser una comunidad con prosperidad y que hasta ahora no había sido reconocida por el Ministerio de Hacienda como parte del grupo de las «infrafinanciadas». El Gobierno reestructura la financiación autonómica para adaptar el acuerdo alcanzado recientemente entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Para ello, utiliza diferentes parámetros y modificaciones que rompen con la igualdad territorial, favoreciendo a Cataluña por encima de la mayoría de las comunidades más desfavorecidas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, reveló este viernes que se inyectarían 20.975 millones de euros adicionales anuales al sistema —si su propuesta es aprobada en el Parlamento—, distribuyéndose de tal manera que Cataluña recibe un 182% más por habitante que Extremadura —tras haber concluido la campaña electoral en esta región menos favorecida— y un 25% más que Aragón, la cual se encuentra en fase precampañal.
También en cuanto a financiación por habitante —método habitual para medir el esfuerzo estatal hacia sus regiones—, Montero asigna incluso un 3,2% más de recursos por persona que a Andalucía, a pesar de que esta última tiene un nivel de renta per cápita inferior, demuestra una infrafinanciación evidente y la ministra de Hacienda es candidata socialista en esa comunidad.
En cifras globales, Cataluña recibiría, según la propuesta, 4.686 millones anuales provenientes de la aportación estatal adicional, cifra ligeramente inferior a los 4.846 millones asignados a Andalucía. No obstante, si se consideran los datos de población facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, estas cifras equivalen a 577 euros por ciudadano catalán y 559 por andaluz; en Extremadura, la asignación es de 205 euros por habitante, en Castilla y León baja a 113 euros, y para Cantabria y La Rioja es inferior a 100 euros.
El caso de Extremadura resulta especialmente ilustrativo respecto al enfoque del Gobierno de coalición hacia este nuevo modelo, que se presenta como «más solidario».
Al aplicar los principios básicos que privilegian al arco mediterráneo y que las comunidades más prósperas reciban una parte mayor en el nuevo reparto para acercarse a las menos favorecidas, Montero favorece a Cataluña, pero inicialmente no le otorgaba ninguna cantidad adicional a Extremadura, dado que considera que esta misma estaría sobrefinanciada en función de su población en el sistema actual. Sin embargo, para sostener que «todas las comunidades ganan con el nuevo sistema», Montero ha introducido una reforma que redefine el Fondo de Compensación Interterritorial, asignando a Extremadura 216 millones de euros adicionales. Un caso similar sucede con Cantabria, que recibe 46 millones extra.
Gracias a esta maniobra, Montero evita que la implementación del pacto con Esquerra convierta a Madrid en la región que más fondos recibe. La ministra confirmó el anuncio de Junqueras, según el cual Cataluña pasaría a ser la tercera comunidad con mayor asignación conforme al llamado principio de ordinalidad, que establece que quienes contribuyen más al sistema —las regiones más prósperas— deben ser también las que reciben más. Sin embargo, puntualizó que este principio no se aplicará a Madrid, la comunidad con la mayor contribución al fondo común. «Lo que dijo el señor Junqueras es absolutamente correcto, en el caso de la Comunidad de Cataluña la ordinalidad está contemplada, respetada y significa que la posición en la que aporta es la que recibe. Eso, por ejemplo, no ocurre en la comunidad de Madrid», afirmó con franqueza la ministra de Hacienda.
La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso queda rezagada en todos los indicadores frente a la presidida por Salvador Illa. Por una parte, recibe en cifras totales 2.555 millones en el nuevo reparto, un 80% menos que Cataluña y, por habitante, un 60% menos. Además, Montero propone limitar ahora la reducción de impuestos —tal como practica Ayuso— para evitar el denominado «dumping fiscal». La ministra criticó la estrategia de «yo bajo mis impuestos, tú los subes para que yo pueda conseguir recursos», sin reconocer que ella aplica una práctica similar en la Unión Europea al mantener, por ejemplo, tipos de IVA menores al promedio para evitar medidas impopulares.
También resulta destacable el caso de Castilla-La Mancha. Según su consejero de Hacienda, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, la propuesta de su propio partido es «muy favorable para aquellas CCAA que demuestran una elevada capacidad tributaria, pero no se puede decir lo mismo para otras CCAA que, debido a su menor capacidad económica, estarían siendo financiadas por debajo de la media». Incluso calcula que si, en lugar de usar los datos per cápita del INE, se considerasen los de la llamada «población ajustada» del modelo vigente de financiación autonómica, cada catalán recibiría aún una financiación superior a cada castellanomanchego, a pesar de la diferencia en infrafinanciación y renta.
Coincide con esta valoración el consejero de Hacienda de Murcia, el popular Luis Alberto Marín, cuya comunidad lideraría el nuevo reparto per cápita, aunque destaca que el nuevo sistema no resuelve su infrafinanciación crónica y se implementa asimismo sin transparencia.
Respecto al origen de los 20.975 millones de euros que Montero asegura aportar para mejorar el sistema, la mayor parte corresponde a la cesión adicional de recaudación a las comunidades autónomas sobre IRPF e IVA.
«La modificación más relevante es el aumento de la cesión por IRPF e IVA. Bajo el nuevo modelo, se cedería el 55% en IRPF y el 56,5% en IVA. Además, se incorporarán a los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, depósitos bancarios, actividades de juego y depósito de residuos en vertederos», informó el Ministerio.
Se argumenta la ordinalidad para «nivelar» los recursos distribuidos por habitante entre las comunidades. Según Montero, se reducirán a la mitad las diferencias en lo que reciben, por ejemplo, Cantabria o Castilla y León en comparación con Cataluña. Y para ajustar mejor el acuerdo con Junqueras, se crea un fondo climático de mil millones que se destina en un 66% a «las autonomías del litoral mediterráneo», como si esas regiones estuviesen más afectadas que otras por el mismo fenómeno climático que impacta al planeta.
«Se aumenta la solidaridad interterritorial», señala Montero como principio fundamental del nuevo modelo.