El Gobierno de Murcia y los regantes del Scrats rechazan la ampliación del caudal ecológico del Tajo, que provocará un recorte anual de 70 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura.
Esta disposición, vigente desde 2026, es considerada por los regantes y el Ejecutivo murciano como arbitraria y motivada políticamente, en lugar de responder a necesidades reales del río.
El PP ha convocado dos plenos extraordinarios en la Asamblea Regional con el objetivo de alcanzar un consenso entre partidos para defender el trasvase Tajo-Segura y el sector agrícola.
El trasvase resulta fundamental para el empleo y las exportaciones agrícolas en Murcia, mientras que los regantes apuntan que el agua desalada no constituye una alternativa viable debido a su elevado coste.
Los regantes mantienen una postura firme. El Gobierno de España ha incrementado el caudal ecológico del río Tajo a la altura de Aranjuez de 7 a 8 metros cúbicos por segundo, lo que, según estimaciones del PP y de los regantes del Scrats, implica un recorte anual de 70 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura.
Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, originó que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mantuviera este viernes un encuentro con el líder del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, dado que el sector agrícola depende significativamente de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura para el riego de sus explotaciones.
«No existe urgencia climática ni necesidades reales del Tajo; lo que hay es una cábala política y cálculo electoral», ha denunciado el presidente del Scrats durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión con López Miras, en la que también participó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.
El dirigente de los regantes recordó compromisos incumplidos de la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como la modernización de regadíos en el Alto Tajo y la depuración de aguas contaminantes, reconociendo que el problema del Tajo radica en la contaminación y no en la escasez de agua.
El incremento del caudal ecológico forma parte del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, que contempla un aumento progresivo para proteger el río, pero no es bien recibido por el Gobierno de Murcia ni por el Scrats, quienes señalan que carece de una base sólida y no ha sido evaluado por la Comisión de Seguimiento obligatoria.
Ambas partes advierten que el trasvase está «herido de muerte» y presentan cifras: los 70 hectómetros cúbicos perdidos superan las reservas actuales de la Cuenca del Segura, además, el agua desalada cuesta 1,47 euros por metro cúbico, mientras que el agua trasvasada tiene un coste de 0,04 euros por metro cúbico.
Actualmente, la Cuenca del Segura almacena 68 hectómetros cúbicos, y la ruta marcada por el Gobierno central respecto al trasvase genera incertidumbre. Por su parte, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, considera que la medida aplicada de aumentar el caudal ecológico es «arbitraria» y carece de coherencia técnica y ambiental.
Asimismo, criticó la «falta de transparencia del Gobierno de España en cuanto a los consumos en la cabecera del Tajo» y exigió que se impulse un Plan Hidrológico Nacional que unifique todas las cuencas: «sin sesgos ideológicos».
Tanto el portavoz del Gobierno regional como el presidente de Scrats insisten en la necesidad de un «compromiso conjunto» desde el ámbito político e institucional para colaborar con los regantes murcianos.
Plenos extraordinarios
Por el momento, el PP ha promovido en la Asamblea Regional dos plenos extraordinarios en enero para lograr un consenso común con PSOE, Podemos y Vox en defensa del trasvase y del sector agrícola.
El portavoz popular, Joaquín Segado, indicó que dichos debates pretenden conformar una «alianza de todos los partidos» frente a decisiones que «perjudican gravemente al regadío del Levante».
El calendario contempla sesiones sobre la revisión del Plan Hidrológico del Tajo y la suspensión de caudales ecológicos, en un período marcado por la expectación ante sentencias del Supremo previstas para febrero.
Esta iniciativa busca compatibilizar la protección ambiental del Tajo con el trasvase como infraestructura estratégica. Murcia ve en estos plenos una oportunidad para alzar la voz ante Madrid, donde percibe discriminaciones en otros tramos del Tajo con criterios menos restrictivos.
El trasvase Tajo-Segura es esencial para Murcia, que exporta frutas y hortalizas valoradas en miles de millones, sosteniendo 100.000 empleos directos. Sin embargo, la alternativa de las desaladoras no resulta atractiva por su elevado coste.