Tanto Bruselas como París condenaron la decisión de Washington de imponer una prohibición de visa al excomisario de la UE Thierry Breton, después de que la administración Trump intensificara el conflicto sobre las normas digitales sancionando a Breton por lo que calificaron de «censura».
Este miércoles, representantes de la Unión Europea defendieron sus normas digitales emblemáticas, luego de que la administración Trump atacara lo que definió como un sistema creado para promover la censura e impusiera sanciones, incluyendo una prohibición de visa, contra un excomisario europeo.
La Comisión Europea emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente” la decisión estadounidense, subrayando que la libertad de expresión es “un derecho fundamental en Europa y un valor esencial compartido con Estados Unidos y en todo el mundo democrático”.
Bruselas afirmó que la UE posee el derecho soberano de regular su mercado digital conforme a sus valores, y señaló que sus reglamentos se aplican “de manera justa y sin discriminación”.
La Comisión indicó que, si fuera necesario, “responderá rápida y contundentemente para defender su autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas” provenientes de Estados Unidos.
Las normas digitales se han convertido en un foco de tensiones entre Washington y Bruselas, con ambos lados acusándose mutuamente de politizar lo que deberían ser reglas de mercado estándar para las empresas que operan dentro de la UE.
Esta fricción se agravó después de que Estados Unidos publicara a principios de mes una estrategia de seguridad nacional controvertida, en la que aseguraba que Europa se enfrenta a la decadencia de la civilización salvo que cambie radicalmente su rumbo.
En el documento, la administración Trump afirmó que Europa está sumergida en regulaciones ilegales y excesivas, además de censura.
Dicha estrategia se basa en una premisa expresada a principios de año por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich, donde argumentó que las reglas internas suponen el riesgo más significativo para la UE.
Vance calificó a los comisarios europeos como “comisarios políticos” y sostuvo que la interferencia extranjera muchas veces se usa para censurar contenido.
La UE rechaza esas afirmaciones, insistiendo en que sus normas se aplican equitativamente.
Francia responde a EE.UU. por ‘coerción’
Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron calificó la prohibición de visa impuesta a Breton, antiguo comisario europeo designado por él mismo, como una intimidación de Washington, señalando que se trata de “una coerción destinada a socavar la soberanía digital europea”.
Macron, quien ha defendido durante mucho tiempo la autonomía estratégica, señaló que las normas digitales que rigen el mercado de la UE son decididas exclusivamente por europeos.
El presidente francés afirmó haber conversado por teléfono con Breton tras anunciarse la prohibición y “le agradeció por su destacada contribución al servicio de Europa”.
“Mantendremos nuestra posición frente a las presiones y protegeremos a los europeos”, escribió Macron en una publicación en X.
Breton, que ejerció como Comisario Europeo para el Mercado Interior bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, desempeñó un papel clave en la elaboración de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), cuyo objetivo es responsabilizar a las redes sociales y a las grandes plataformas en línea por el contenido que difunden.
De acuerdo con la DSA, las empresas digitales pueden recibir multas de hasta el 6% de su facturación mundial anual por incumplimiento, con sanciones específicas para diversas infracciones.
Multas y aranceles como instrumentos de presión para ambos bandos
A principios de este mes, la Comisión Europea impuso una multa de 120 millones de euros a la plataforma social X de Elon Musk, aplicando por primera vez la DSA.
Esta sanción provocó una airada reacción del magnate tecnológico, quien pidió la abolición de la UE.
Si bien no son inusuales las multas y diversos gobiernos estadounidenses han denunciado lo que consideran un intento selectivo de castigar la innovación originada en Estados Unidos, la administración Trump ha adoptado un tono y medidas más agresivas.
Washington ha señalado que ofrecería alivio arancelario solo para sectores europeos clave, como el acero y el aluminio, si la UE accediera a reducir la implementación de las normas digitales.
Para la UE, esta propuesta representa una línea roja porque comprometería su derecho a formular políticas de manera independiente al gobierno estadounidense.
Tras verse afectada durante el verano por una ola de aranceles del 15% sobre la mayoría de los productos europeos, Bruselas defendió que el acuerdo era la mejor opción disponible, ya que garantizaba certeza para las empresas con una única tasa arancelaria y reiteró que la independencia política estaba asegurada al dejar fuera las reglas digitales de las negociaciones.
Con sus últimas medidas, la administración Trump ha sugerido que eso podría no ser suficiente.