El PP está implementando unas elecciones autonómicas escalonadas en 2026 como táctica para debilitar al PSOE y a Pedro Sánchez.
En estos comicios, figuras cercanas a Sánchez, como Pilar Alegría y María Jesús Montero, competirán como candidatas, transformando así estas elecciones en un referéndum indirecto sobre el presidente.
La dependencia del PP en algunas comunidades autónomas respecto a Vox podría influir en los gobiernos regionales y afectar la percepción nacional de Feijóo.
Una serie de derrotas autonómicas para el PSOE podría desencadenar una crisis interna y poner en duda la permanencia de Sánchez al frente del partido.
Alberto Núñez Feijóo ha recurrido a casi todos los recursos posibles para ejercer oposición frente al Gobierno de Pedro Sánchez.
Por ejemplo, con su mayoría absoluta en el Senado, que le concede la capacidad para formar comisiones de investigación.
Así como mediante media docena de manifestaciones públicas.
También presentando ante la Fiscalía y los tribunales acciones que consideró potencialmente delictivas.
O usando el dominio que tiene el PP en la mayoría de las comunidades autónomas.
Y, por supuesto, con la actividad parlamentaria diaria, sus votos como partido más votado en el Congreso y las sesiones de control al Gobierno con sus preguntas.
Actualmente, el principal partido de la oposición ensaya una fórmula inédita en Democracia: crear un camino complicado al PSOE a través de elecciones escalonadas en diversas comunidades autónomas, con la intención de tender una trampa a Pedro Sánchez.
Primero en Extremadura el 21 de diciembre, luego en Aragón el 8 de febrero, en marzo en Castilla y León y, finalmente, en Andalucía en mayo o junio.
Las dos últimas elecciones estaban previstas por el final automático de la legislatura, pero Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno han descartado coordinar las convocatorias, mientras que en Extremadura y Aragón se han adelantado con el argumento de la imposibilidad de aprobar los Presupuestos en esas comunidades.
El PP pretende debilitar a Pedro Sánchez, aprovechando las encuestas altamente desfavorables. Además, en dos comunidades encabezan las listas del PSOE personas muy cercanas al presidente del Gobierno: Pilar Alegría y María Jesús Montero.
En consecuencia, el PP intenta transformar estas elecciones escalonadas en plebiscitos limitados donde Sánchez pueda ser penalizado por su gestión a través de estos representantes.
Para Moncloa, resulta irresponsable que el PP use las elecciones autonómicas como si se trataran de elecciones generales parciales, lo cual, según su opinión, demuestra una falta de respeto hacia los ciudadanos de estas regiones.
El ‘efecto Vox’
¿Cuál es la potencial desventaja de esta estrategia? Que lo que acabe determinando el proceso electoral sea la relación entre el PP y Vox.
Que, pese a que Feijóo aumente su presencia en estas comunidades y tenga opciones de gobernar, dependa del partido de Santiago Abascal, quien puede elevar las condiciones de los acuerdos. Y que estas sucesivas negociaciones condicionen las elecciones autonómicas posteriores.
Este escenario ya se ha manifestado en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre.
María Guardiola logró una amplia victoria frente a un PSOE en crisis, pero depende de Vox, que aumentó sus escaños y tiene en su mano la investidura y la aprobación de las decisiones como los Presupuestos.
Después vendrá Aragón, donde nunca se ha alcanzado una mayoría absoluta y donde el PP de Jorge Azcón aspira a lograr tal mayoría que le permita pactar con partidos regionalistas y evitar la necesidad de negociar con Vox.
En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco tendrá que pactar con Vox sí o sí.
En Andalucía, Juanma Moreno ya contempla la dificultad de renovar la mayoría absoluta.
El partido de Abascal intenta influir desde fuera en esos gobiernos regionales, sin entrar en coaliciones como en 2023.
La extrema derecha ha comprobado que renunciar a participar en gobiernos autonómicos en 2024 fue una decisión acertada, pues les ha protegido del desgaste que implica la gestión.
Por ejemplo, han evitado la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana o los incendios forestales en Castilla y León, asuntos que perjudican al PP.
Otro efecto de esta sucesión electoral se refiere a la política nacional y, en particular, a la continuidad de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno parece haberse comprometido con su círculo cercano a resistir, concentrarse en estos comicios y luego argumentar que el candidato no es el presidente. Además, intentan aprovechar la contradicción de celebrar los avances de Vox para combatir al PP.
Por un lado, desean visibilizar en unas generales que Abascal podría ser vicepresidente de Feijóo gracias a sus pactos; al mismo tiempo, pretenden generar entre los populares la idea de que con el actual líder el partido no podrá gobernar solo.
En Moncloa creen que, si esta percepción calara en el PP y sus baronías, podría llegar un momento en que se cuestionen cómo, con un PSOE debilitado, Feijóo no logra distanciarse de los socialistas y asegurar un triunfo electoral.
A priori, el desafío más importante para Sánchez sería una derrota significativa en Andalucía, al consolidarse la percepción de que esta región ha dejado de ser un feudo socialista y porque el golpe recaería directamente en su número dos, María Jesús Montero.
Una sucesión de derrotas podría generar pánico en las distintas comunidades acerca del futuro del PSOE bajo Sánchez y acelerar desde dentro un posible cambio de ciclo.
Los dados ya han comenzado a rodar en esta partida.