La amplia mayoría del PP en la Cámara Alta acusa al Ejecutivo mediante seis conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, cuatro comisiones de investigación y seis reprobaciones a ministros.
«Las Cortes Generales son la representación del pueblo español y están compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado», además de desempeñar la función legislativa del Estado, aprobar sus Presupuestos y supervisar la gestión del Gobierno. El artículo 66 de la Constitución establece así las competencias y funciones de ambas cámaras que integran el segundo poder del Estado, un rol que, sin embargo, el presidente del Gobierno limita al evitar la Cámara Alta durante 21 meses, pues la considera un entorno hostil controlado, según resultados electorales, por una mayoría absoluta del PP.
Sánchez no se presenta para rendir cuentas en el Senado desde marzo de 2024. Lo hizo una única vez y consideró que era suficiente. Más de 21 meses de inasistencia, en su mayoría sin justificación, interrumpidos únicamente por su comparecencia obligada ante la comisión que investiga el caso Koldo. Su propósito es eludir nuevamente el control de la Cámara Alta, que bajo estas circunstancias se ha transformado en el principal frente de ataque popular contra su Ejecutivo.
El PP emplea —y para Sánchez y sus aliados abusa— su mayoría absoluta para presionar al Gobierno. Los populares no dudan en aprovechar todos los mecanismos legales a su disposición para actuar como punta de lanzas de la oposición, indagando en cada vulnerabilidad.
Desde el inicio de la legislatura, el Senado ha presentado ante el Tribunal Constitucional seis conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso —la cámara hermana presidida por una Mesa de mayoría gubernamental que filtra o bloquea iniciativas según convenga— ; ha impuesto cuatro comisiones de investigación —casos Koldo, Dana, CIS y Apagón de abril— que afectan al Ejecutivo, al PSOE y a sus gestores en órganos e instituciones; ha reprobado, solo en 2025, a tres ministros —Óscar Puente, María Jesús Montero y Mónica García— que se suman a otros tres sancionados en 2024 —Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y José Manuel Albares— y en dos ocasiones —mayo de 2024 y octubre de 2025— solicitó y exigió la dimisión inmediata del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los conflictos de atribuciones fueron admitidos por el Tribunal Constitucional y, entre los seis presentados, tres están dirigidos simultáneamente contra el Gobierno y el Congreso por «mutilar» leyes enmendadas por el Senado mediante vetos gubernamentales; uno solo contra el Congreso por «bloquear» las iniciativas legislativas originadas en la Cámara Alta y que no favorecen al Ejecutivo, y otro contra el propio Gobierno por no presentar Presupuestos Generales del Estado a lo largo de toda la legislatura, privando así a la Cámara de su derecho a debatir, modificar y, en última instancia, aprobar las cuentas públicas, conforme a lo establecido en la Constitución.
Entre las comisiones de investigación, sin duda la que más perjudica al Ejecutivo es la conocida popularmente como comisión Koldo, que durante el año ha ampliado sus indagaciones para profundizar en los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. Esta comisión ya ha realizado un centenar de comparecencias y no se ha fijado una fecha para concluir sus labores.