A mitad de la legislatura, apenas se han materializado una decena de las aproximadamente 50 medidas pactadas por Sánchez y Díaz, que requieren pasar por la Cámara Baja para su aprobación.
El acuerdo de coalición firmado hace más de dos años por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contemplaba la implementación de cerca de 50 nuevas leyes, reformas a normativas vigentes y otras medidas que requieren la aprobación del Congreso para hacerse efectivas. Tras superar la mitad del mandato, PSOE y Sumar —con solo 146 de los 350 diputados en el hemiciclo— han obtenido respaldo suficiente para validar solo una decena de ese amplio listado de compromisos.
Después del rechazo de Junts, que anunció hace varias semanas que vetaría todas las propuestas procedentes de La Moncloa, una parte significativa del acuerdo que sostiene al Gobierno bicolor se enfrenta ahora a no materializarse, incluso si no hay elecciones generales hasta 2027. Sin los votos de los siete diputados de Carles Puigdemont, la mayoría parlamentaria necesaria para continuar con su agenda sólo podría alcanzarse mediante un improbable acuerdo con el PP o aún más con Vox.
En principio, las dos leyes incorporadas al pacto de coalición y que ya cuentan con la aceptación previa de sus demandas por parte del Congreso —Impulso a la Economía Social y Cine— quedarán excluidas de esta nueva táctica de «parálisis legislativa» anunciada por el partido independentista. Por la misma razón, a pesar de la confrontación, se aprobó definitivamente la nueva normativa de Servicios de Atención a la Clientela y la de Movilidad Sostenible, aunque este proceso encendió todas las alarmas en Moncloa al permitir, accidentalmente, que prosperara una enmienda de los populares para eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares. Finalmente, el grupo se abstuvo.
Si Junts mantiene su advertencia hasta el final, a pesar de los continuos esfuerzos de Sánchez por recuperar su apoyo, el resto de proyectos y leyes pactadas por los socios terminarán archivados o condenados al fracaso, como ya ocurrió en septiembre con la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, aun antes de que se consumara la ruptura. Situación similar podría sufrir otras iniciativas que se encuentran en diferentes etapas de tramitación, como la Ley Integral contra la Trata de Personas, la reforma judicial para modificar los criterios de acceso, el reconocimiento de los bebés robados, el estatuto del becario y la reducción de ratios en las aulas, cuyo anteproyecto fue aprobado el 11 de noviembre en el Consejo de Ministros, ignorando la advertencia de Puigdemont.
En el acuerdo firmado en octubre de hace dos años, PSOE y Sumar también acordaron, entre otros puntos, la actualización del modelo de financiación autonómica; limitar «la excesiva concentración empresarial»; establecer un sistema de infraestructuras tipo «mallar» en lugar de radial; reglamentar específicamente el trabajo de los artistas para combatir «la precariedad del sector»; reconocer y proteger «las distintas modalidades de familias» y promover un Pacto de Estado en favor del colectivo LGTBI. Con la nueva composición parlamentaria, tampoco podrían prosperar los Presupuestos Generales del Estado —siguen prorrogados los de 2023 y la senda de déficit para su elaboración ha sido rechazada en dos ocasiones— ni, por ende, las medidas vinculadas a estos presupuestos.
Durante la legislatura se han aprobado 25 leyes y convalidado 29 reales-decretos leyes, según datos del Congreso. Entre ellos se incluyen una decena de proyectos contemplados en el acuerdo de coalición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos, la ampliación de los permisos por cuidados de hijos —aunque con menor alcance que el inicialmente pactado—, la regulación de la jubilación parcial y una norma estatal contra el desperdicio alimentario que establece multas de hasta 500.000 euros.
Asimismo, durante estos dos años se aprobó la Ley de Amnistía para los encausados por el referéndum ilegal del 1-0, una medida que, aunque no formaba parte del pacto entre los socios de Gobierno, fue fundamental para asegurar el voto favorable de Junts en la investidura de Sánchez. Desde el PSOE, interlocutor principal del Gobierno con el partido de Puigdemont, no descartan mantener su respaldo para seguir implementando el proyecto legislativo. «Mantienen la mano tendida y continuarán ofreciendo su principal recurso: el diálogo», concluyen en Ferraz.