Seis de cada diez solicitudes de eutanasia realizadas en Andalucía son rechazadas. Así lo reflejan los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, que revelan que el año pasado se autorizó la eutanasia a 30 de los 72 andaluces que la solicitaron.
Esto representa, según las mismas fuentes, que el Gobierno aprobó la petición de solo cuatro de cada diez personas que trataron de ponerse fin a su vida.
Es importante recordar que, para acceder a la eutanasia, es necesario cumplir ciertos requisitos: ser mayor de edad con capacidad de decisión, ser español o residir y estar empadronado en España desde al menos un año antes, padecer una enfermedad grave o incurable y sufrir dolor persistente.
Asimismo, la petición debe realizarse en dos ocasiones separadas por un intervalo mínimo de 15 días, permitiendo así tiempo para reflexionar, además de demostrar que en la segunda solicitud se mantiene la capacidad de decisión.
Aunque solo se aprobó cuatro de cada diez solicitudes en Andalucía, esta cifra duplica el porcentaje concedido el año anterior, que fue un 20% menor, según el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir.
Eutanasia
Andalucía, la comunidad española con mayor población, no lidera el número de solicitudes de eutanasia. De hecho, ocupa la cuarta posición según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.
En esta comunidad se registraron 72 peticiones de eutanasia, lo que equivale al 7,7% del total nacional, situándose en el cuarto lugar. Además, la región representa el 7% de las solicitudes autorizadas en toda España.
Por su parte, Cataluña fue la comunidad con mayor número de solicitudes el año pasado, con 303, de las cuales 142 fueron aprobadas; seguida por Madrid, con 129 peticiones y 62 autorizaciones; País Vasco, con 75 solicitudes y 50 permisos concedidos; en cuarto lugar Andalucía, con 72 y 30 aceptadas; Canarias, con 52 solicitudes y 25 concesiones; Islas Baleares, 48 y 17; Castilla y León, 40 y 15; Asturias, con 34 solicitudes y 6 autorizaciones.
Sumando a estas también están Galicia (34 solicitudes con 16 permisos), Comunidad Valenciana (31 y 16), Castilla-La Mancha (26 y 8), Navarra (23 y 14), Aragón (22 y 8), Cantabria (13 y 3), La Rioja (9 y 6), Murcia (9 y 4), Extremadura (8 y 4), Melilla (1, denegada). Ceuta no registró ninguna petición.
Desde la entrada en vigor de la legislación sobre eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, se contabilizaron 2.432 solicitudes: 173 en 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en 2024, lo que implica un aumento total del 437%. Solo durante 2024 se presentaron 905 nuevas solicitudes.
En relación con los procesos finalizados el año pasado, que incluyen 803 solicitudes tramitadas y resueltas en 2024 y 126 iniciadas en años anteriores, 141 fueron rechazadas por no cumplir los requisitos legales (15,18%), 54 personas retiraron voluntariamente su petición (5,81%) y 308 fallecieron durante la tramitación (33,15%).
Los comités evaluadores emitieron 157 informes negativos respecto a solicitudes de eutanasia, teniendo en cuenta que puede haber varios informes por solicitud o caso. De estos, 75 se apelaron.
Finalmente, 20 de estas apelaciones fueron aceptadas por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), lo que permitió aprobar estas solicitudes como prestaciones.
¿Pero quién es la persona que solicita la eutanasia? El perfil más común corresponde a individuos mayores de 80 años afectados por problemas neurológicos y oncológicos.
De acuerdo con las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Sanidad, el 75,89% de quienes piden la eutanasia son pacientes mayores de 60 años.
Concretamente, 202 personas tienen entre 60 y 69 años; 245 están entre los 70 y 79 años; y 258 tienen más de 80 años. Además, 131 solicitudes procedieron de personas entre 50 y 59 años; 56 de aquellos entre 40 y 49; 27 entre 30 y 39; y 10 menores de 30 años al momento de pedir la eutanasia.
Los datos del último balance sobre la prestación de ayuda para morir en 2024 perfilan con mayor precisión a los solicitantes y la operativa del procedimiento.
Las enfermedades más comunes entre quienes accedieron a este derecho fueron las afecciones neurológicas, presentes en el 32,51% de los casos, y las oncológicas, que representaron el 29,71%. Juntas, estas dos patologías suman más de seis de cada diez casos atendidos.
Plena capacidad
En el último año se culminaron 929 procesos. De estos, 534 involucraron a personas con plena capacidad para decidir al momento de la solicitud, mientras que en 51 casos se basó en documentos de instrucciones previas firmados cuando los pacientes conservaban dicha capacidad.
El mayor volumen de estas solicitudes fue manejado por la Atención Primaria. La Medicina de Familia lideró con 595 procesos, equivalente al 64% del total. Le siguieron Oncología con 66 casos, Neurología con 60, Medicina Interna con 33 y Geriatría con 27.
Respecto al lugar donde se llevaron a cabo las prestaciones, más de la mitad ocurrieron en hospitales (51,64%).
En casa
El domicilio del paciente fue el segundo entorno más habitual, concentrando el 37,79% de los casos, mientras que los centros sociosanitarios, especialmente residencias, cubrieron el 10,56%. La mayor parte de las intervenciones se realizaron dentro del sistema sanitario público, con solo 14 prestaciones en centros privados o concertados, representando el 3,29% del total.
Uno de los aspectos más destacados del informe es la extensión de los plazos. El tiempo promedio desde la solicitud inicial hasta la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación fue de casi 53 días.
Si se considera todo el procedimiento, desde la primera solicitud hasta la realización efectiva de la prestación, la media ascendió a 82,65 días, superando en más de 15 días el promedio registrado en 2023.
En algo más de uno de cada diez casos, 117 en total, el médico responsable decidió reducir el intervalo entre la primera y la segunda petición para evitar que el paciente perdiera su capacidad de decisión de forma inminente.