La defensa de Santos Cerdán ha optado por sumarse al recurso presentado por la Fiscalía contra la apertura de un procedimiento por supuesto falso testimonio ante la comisión Koldo del Senado.
Este asunto se fundamenta en indicios que sugieren que Cerdán pudo no decir la verdad sobre su vínculo con Koldo García, implicado en una red de comisiones y contratos relacionados con mascarillas.
La Guardia Civil proporcionó audios y mensajes que asocian a Cerdán con diálogos sobre el reparto de comisiones y la concesión de contratos de obra.
La defensa sostiene que, aunque hubiera alguna imprecisión, Cerdán estaba protegido por el derecho constitucional a la defensa y a no auto incriminarse durante su declaración.
La defensa de Santos Cerdán, quien fue el número tres de Pedro Sánchez en el PSOE, se ha adherido al recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid de iniciar un proceso contra él por un supuesto delito de falso testimonio, por haber presuntamente mentido en su primera comparecencia ante la ‘comisión Koldo’ del Senado.
Ocurrió el 30 de abril de 2024, dos meses tras la detención de Koldo García Izaguirre, asistente del exministro de Transportes José Luis Ábalos, relacionado con una querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la manipulación de contratos de mascarillas en beneficio de una empresa intermediada por Víctor de Aldama.
Esta investigación dio lugar a indicios de una presunta red corrupta más amplia, dedicada al cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos de obras, asunto que actualmente examinan la Sala Penal del Tribunal Supremo y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
No obstante, en la primavera de 2024 solo los involucrados poseían esa información. Para Cerdán, aquel era un escenario diferente: compareció en la Cámara Alta respaldado por una multitud de senadores socialistas, entre ellos el portavoz Alfonso Gil, quien afirmó que «he buscado cualquier vínculo suyo con todo esto y, aparte de algunos panfletos de la fábrica del odio o la máquina del lodo, no he hallado absolutamente nada».
Gil también destacó la condición de «coautor del código ético del PSOE» de Cerdán, que negó cualquier conocimiento o relación con los contratos de mascarillas en el Ministerio de Transportes.
El entonces secretario de Organización del PSOE describió un trato estrecho con Ábalos (quien comenzaría a ser investigado siete meses después), pero una relación apenas ocasional con Koldo García.
«Mantengo contacto continuo con el señor Ábalos, pues sigo siendo secretario de Coordinación Territorial y él secretario de Organización del Partido Socialista; naturalmente, cuando estoy con Ábalos, a menudo coincido con Koldo, ya que era su conductor y le acompañaba siempre».
Ante la acusación del senador del PP Gerardo Camps, quien afirmó que «según el expediente judicial la UCO señala que usted y Koldo García mantenían frecuentes conversaciones», Cerdán respondió que «espero que se escuchen las grabaciones y mensajes de Whatsapp, si existen, y comprobarán que no hay relación alguna«.
Estos mensajes y conversaciones salieron a la luz en junio de 2025 dentro de un contundente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La UCO aportó audios intervenidos en los teléfonos de Koldo García donde se oye a Cerdán comentando sobre la distribución de comisiones.
Asimismo, incluyó mensajes de Whatsapp en los que el exdirigente socialista preguntaba por adjudicaciones de obras presuntamente ligadas al cobro de comisiones.
Cerdán fue citado a declarar en calidad de investigado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE y, cuatro días más tarde, renunció a su acta de diputado.
Segundo proceso penal
Las actuaciones abiertas por el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid constituyen su segundo proceso penal.
El Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses para quien, «convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, falte a la verdad en su testimonio».
«El compareciente (…) habría cometido una falta sustancial a la verdad, existiendo indicios de una desviación clara entre su relato y la realidad material interrogada», indicó la juez al admitir la querella presentada en octubre por Hazte Oír.
«Dicha desviación se evidencia de forma evidente tras analizar el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil», añadió.
La jueza reafirmó la decisión de iniciar diligencias el 18 de diciembre, tras rechazar los recursos del fiscal y del exdirigente socialista.
La decisión final sobre la apertura del proceso corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de Cerdán no interpuso recurso propio de apelación, sino que se sumó al presentado por la Fiscalía.
Sostiene que el delito implica «faltar a la verdad, debiendo existir claramente conocimiento de cuál es la verdad para declarar que una afirmación es falsa».
A su juicio, «lo presentado por la UCO (…) no puede considerarse verdad ni justificar la existencia de indicios de falsedad sobre lo declarado en su contra o en sentido contrario».
«Al no haberse probado en resolución judicial alguna contradicción respecto a lo manifestado por Cerdán en la Comisión, no puede perseguirse un presunto delito de falso testimonio por sus declaraciones allí», argumenta.
Además, sostiene que «incluso si en algún momento se estableciera que Cerdán incurrió en alguna inexactitud en la Comisión objeto de querella, sus declaraciones están bajo investigación judicial, creando un conflicto evidente entre derechos constitucionales recogidos en el artículo 24 de la Constitución (no autoincriminación y derecho a la defensa) y las funciones de cualquier comisión de investigación».
Considera que el derecho a la defensa y a no autoinculparse constituyen «límites claros a las facultades de las comisiones de investigación».
«Ningún compareciente ante una Cámara debería perder sus derechos fundamentales ni estar en inferior posición respecto a la que tiene ante los tribunales de Justicia», concluye, citando un informe emitido en 2018 por los Servicios Jurídicos del Senado sobre falso testimonio ante comisiones parlamentarias.