María Jesús Montero conserva en la Ejecutiva del PSOE-A a Demetrio Pérez y Javier Perales, quienes enfrentan denuncias por acoso laboral y abuso sexual leve, respectivamente.
Demetrio Pérez, coordinador de Presidencia de la Diputación de Sevilla, fue denunciado por una empleada por acoso laboral y coacciones, involucrando también a Rafael Recio, secretario de Organización del PSOE de Sevilla.
Javier Perales, diputado de Agricultura de Jaén y antiguo alcalde de Linares, se encuentra bajo investigación por comentarios sexuales y vejatorios hacia una mujer durante una reunión municipal.
Aunque el PSOE ha enfrentado recientemente una serie de dimisiones motivadas por denuncias internas de acoso, la dirección andaluza no ha apartado a estos dos implicados a pesar de los procesos judiciales abiertos.
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, mantiene en su Ejecutiva a dos miembros que están siendo juzgados por acusaciones de acoso laboral y abuso sexual leve.
Uno de ellos es Demetrio Pérez, actual coordinador de Presidencia de la Diputación de Sevilla y secretario de coordinación del área de Acción Electoral del PSOE andaluz.
El otro es Javier Perales, diputado de Agricultura en la Diputación de Jaén, secretario del PSOE de Linares, exalcalde de dicha localidad y responsable de Reindustrialización en la Ejecutiva de Montero.
Hace menos de dos semanas hubo hasta seis dimisiones sucesivas de cargos políticos en diferentes regiones de España, tras presentarse varias denuncias a través de los canales internos del partido, a raíz del caso de Paco Salazar.
Con escasas horas de diferencia, renunciaron la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, y el alcalde de Belalcázar (Córdoba), el socialista Francisco Luis Fernández.
Al mismo tiempo, el PSOE de Valencia inició una investigación interna debido a una denuncia contra Toni González, alcalde de Almusafes y segundo al mando del partido en la provincia, quien renunció unas horas después a su cargo orgánico, pero no a la alcaldía.
Ya lo habían hecho días antes el exlíder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, cuyo caso fue remitido a la Fiscalía; el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el senador socialista Javier Izquierdo, en lo que se ha reconocido como el ‘MeToo’ del PSOE.
Incluso, la propia María Jesús Montero solicitó públicamente la semana pasada una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, entonces miembro del Partido Popular y acusado de acoso sexual contra dos compañeras.
No obstante, esa oleada de dimisiones se ha detenido abruptamente, a pesar de que estos dos casos recientes están judicializados.
Sin distinción en casos de acoso
Especialmente tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada, en su balance anual, donde no distinguió entre acoso sexual y laboral en relación a los casos que afectan a miembros y cargos públicos de su partido últimamente.
«Es fundamental destacar que, frente a un problema estructural presente en todos los ámbitos, el PSOE fue pionero en establecer un protocolo, brindar apoyo y proteger de manera firme los casos presuntos de acoso laboral o sexual«, afirmó el líder socialista.
En cuanto a Demetrio Pérez, la semana pasada una trabajadora del grupo socialista en la Diputación lo denunció por un supuesto caso de acoso laboral dentro del partido. La denuncia también involucra al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio.
Específicamente, esta empleada presentó querella contra ambos y otras dos compañeras por delitos de coacciones, contra la integridad moral (acoso laboral) y descubrimiento y revelación de secretos.
La denunciante expone en el documento que Rafael Recio le habría dicho: «¿Acaso ahora que tienes tu puesto vienes con esto?«.
Así consta en los escritos que acompañan la denuncia presentada por esta empleada de la Diputación de Sevilla, donde también acusa a la ex presidenta de honor de los socialistas sevillanos, Amparo Rubiales, de dudar de su versión sobre el acoso sufrido.
La denuncia y otros documentos, a los que ha accedido EL ESPAÑOL, indican que Recio preguntó a la denunciante: «Responde con un sí o no, ¿no es cierto que te contrataron porque el compañero Juan Espadas nos pidió ese favor y no mediante un proceso basado en mérito y capacidad?».
La mujer añade que prefiere no detallar los mecanismos de contratación en la Diputación de Sevilla. «Evitaré hacer comentarios sobre los procedimientos usados por la Diputación para cubrir puestos de libre designación», indican los documentos, adelantados por ABC.
Precisamente, EL ESPAÑOL informó sobre el caso del actual diputado de Empleado Público, Francisco Toajas, quien logró estabilizar en 2023 su plaza como personal laboral, pasando de temporal a fijo, desempeñándose como técnico de grado medio en Prodetur, una empresa instrumental dependiente de la misma corporación provincial.
Respecto a Javier Perales, figura desde febrero de 2025 como investigado luego de una denuncia por comentarios de índole sexual dirigidos a una mujer durante una reunión en el Ayuntamiento cuando aún era alcalde.
El juzgado número 2 de Linares tramitó las diligencias, y la Fiscalía calificó como abusos sexuales leves los hechos. Esta calificación ha sido impugnada ante la Audiencia Provincial de Jaén.
En el transcurso de una reunión a puerta cerrada, el dirigente socialista dirigió a la mujer «comentarios de naturaleza sexual y vejatorios», junto a «miradas denigrantes», pronunciando frases como que ella «le daba vidilla» y que «le ponía».
En este caso sí se ha manifestado el PSOE. Según lo publicado por El País, el partido desvincula a Perales de cualquier acusación por acoso sexual, afirmando que la Fiscalía solicitó su archivo.
El PSOE argumenta que la denuncia de la empresaria respondió a otra que Perales presentó previamente contra ella en septiembre de 2024. No obstante, el pasado verano negó haber sido demandado, lo cual este martes sí admitió.
Esta acción judicial, aducen, fue archivada por la Audiencia Provincial de Jaén, y se justificó por los ataques, supuestas injurias y calumnias, que Perales habría recibido cuando era alcalde de Linares de parte de la presidenta de la Asociación de Hosteleros.
Sin embargo, fuentes jurídicas de reconocido prestigio confirman a este medio que ni la Fiscalía ha pedido el archivo, ni la causa se sobreseyó en la Audiencia de Jaén, sino que «no se presentó a conciliación ni se interpuso querella alguna».
Además, la parte denunciante solicita la aplicación del agravante contemplado en el artículo 175 del Código Penal, que incluye, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, penas de prisión al tratarse de una autoridad -alcalde- que presuntamente abusó de su posición.
Por su parte, el partido no proporcionó respuesta a la solicitud de este periódico para valorar los hechos.