El Ejecutivo solicita al PP que excluya a Vox de la Junta de Extremadura, apelando a la responsabilidad política.
El PSOE se niega a abstenerse para facilitar la investidura de María Guardiola, a pesar de la iniciativa del expresidente Rodríguez Ibarra.
Vox no descarta reclamar la presidencia de la Asamblea regional, aunque muestra menor interés en formar parte del Gobierno de la Junta.
Vox busca influir en el programa regional en materias fiscales y migratorias, mientras se enfrenta a las líneas rojas de María Guardiola sobre igualdad y el Pacto Verde Europeo.
Es posible estar en misa y repicando. La ministra portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, llamó este martes a la «responsabilidad» de los partidos, aludiendo al PP, para dejar fuera a Vox del Gobierno extremeño.
Todo mientras Ferraz descarta la propuesta del expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para que el PSOE se abstenga y así evitar que María Guardiola dependa de Vox.
En la dirección federal, que pronto designará una gestora encargada de la federación extremeña, responsabilizan a la líder del PP de haber convocado elecciones y de no contar con el PSOE cuando ofreció su apoyo para aprobar las cuentas regionales.
En Moncloa mantienen firme esta postura sin ceder espacio alguno.
La reciente portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha hecho un llamado a la «responsabilidad de todas las fuerzas políticas en proteger las instituciones de quienes intentan destruirlas».
No obstante, al preguntarle sobre la propuesta de Rodríguez Ibarra, se remitió a lo que decida «la militancia», que es «quien tiene la voz en estos temas».
En realidad, dentro del PSOE existe una firme oposición a apoyar a Guardiola.
«La responsabilidad recae ahora en la presidenta extremeña. Será ella quien deba definir sus próximos pasos tras no lograr la mayoría absoluta», sostienen en la dirección federal.
El primer paso será constituir la Mesa de la Asamblea regional. Vox no descarta solicitar la Presidencia de la Cámara. En cambio, parece menos dispuesto a incorporarse al Gobierno de la Junta, del que salió en julio de 2024.
En esa fecha, por orden directa de Santiago Abascal, Vox abandonó los gobiernos de Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Castilla y León.
En Extremadura, Vox rompió el acuerdo, aunque el consejero a cargo —de Gestión Forestal y Mundo Rural— optó por permanecer en el Gobierno y renunciar al partido.
Actualmente, desde la sede nacional de Vox muestran mayor interés en condicionar el programa, destacando las reducciones fiscales —donde los planes del PP y Vox coinciden, especialmente en Sucesiones— y el rechazo a la inmigración, pese a que Extremadura registra una de las tasas migratorias más bajas del país.
Más problemático resultará el rechazo al Pacto Verde Europeo o el recorte en políticas de igualdad, un límite para María Guardiola, quien siempre ha defendido esta materia con firmeza.