Las pruebas forenses no han detectado fluidos biológicos ni marcadores genéticos que sugieran abuso sexual, lo que, junto con la ausencia de sustancias químicas externas, elimina la presencia de indicios objetivos relacionados con este tipo de delito.
El 3 de diciembre se encontró el cuerpo sin vida de Lucas, un niño de cuatro años, en La Garrucha (Almería), en un área rocosa cercana al antiguo cargadero de mineral, próximo al límite entre Garrucha y Mojácar. El descubrimiento se realizó tras la alerta de la tía materna del menor, quien habría comunicado a la Policía un mensaje enviado por la madre, su hermana, informando que había dejado al niño en una caseta cerca del mar.
Desde el inicio, los principales investigados fueron la madre de Lucas y su pareja, Juan David R.C., quien convivía con la familia a pesar de contar con una orden de alejamiento respecto a la mujer. Un día después del hallazgo del cadáver, ambos fueron arrestados y quedaron en prisión preventiva bajo sospecha de haber causado la muerte del menor.
La hipótesis inicial
Según el informe recogido en la instrucción judicial, la madre del niño salió de casa para dirigirse al kiosko donde trabajaba, dejando al cuidado de Lucas a su pareja. Durante ese tiempo, se afirmó que el hombre – que no es padre biológico del niño – habría presuntamente agredido repetidamente al menor en el abdomen y otras partes del cuerpo, además de realizar actos de índole sexual.
El auto señalaba que Juan David había notificado a la madre de Lucas que “el niño se encontraba mal”. La madre regresó pronto al domicilio, lo que indicaría que estuvo presente durante parte de la agresión física, “sin mostrar intención aparente de impedirla o socorrer al niño”. El sumario también mencionaba que mensajes enviados por la madre a familiares y conocidos sugerían un grado de participación o conocimiento en la causa de la muerte del menor.
El auto, citado por Europa Press, indicaba que el hombre “maltrataba y golpeaba con frecuencia a Lucas” durante las ausencias de su madre, algo que, según el mismo documento, ocurría “habitualmente” a pesar de que Juan David tenía una sentencia previa por maltrato que le prohibía acercarse al menor. Asimismo, existen indicios de que la madre habría tenido “conocimiento previo del maltrato habitual ejercido por el investigado sobre el niño”, hecho respaldado tanto por testigos como por sus declaraciones en procesos judiciales previos.
Lucas falleció a causa de un derrame intestinal derivado de múltiples lesiones – shock hipovolémico, desgarro hepático y politraumatismo abdominal – que inicialmente llevaron a los investigadores a plantear la hipótesis de que Juan David había agredido “reiteradamente en el abdomen y otras partes del cuerpo” a Lucas, así como perpetrado actos de naturaleza sexual. La autopsia preliminar señalaba también un “desgarro” y una “sustancia blanquecina” que respaldaban esta teoría, lo que motivó la imputación inicial de Juan David por un presunto delito de agresión sexual.
Toxicología no encuentra pruebas de agresión sexual
Este 23 de diciembre se dio a conocer que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha entregado al juzgado el informe definitivo sobre las muestras biológicas de Lucas, el cual descartarían la existencia de restos relacionados con la posible agresión sexual, según información proporcionada por EFE.
Todas las pruebas orientadas a identificar indicios biológicos de agresión sexual arrojaron resultados negativos. Conforme al informe del Servicio de Biología, los análisis de los hisopos realizados al cadáver resultaron negativos tanto para la presencia de espermatozoides como para la detección de antígeno prostático específico, descartando así la existencia de semen. Tampoco se halló amilasa humana – un marcador de saliva – en las áreas analizadas. Comparando el ADN extraído con la sangre de Lucas, los expertos concluyeron que presentan “el mismo perfil genético masculino”, sin que haya características genéticas que indiquen la presencia de ADN externo”.
De igual forma, el informe del Servicio de Química no identificó la presencia de alcohol etílico, drogas de abuso, estupefacientes ni sustancias de sumisión química como GHB o escopolamina. Sin embargo, se confirmó la presencia de “trazas de ibuprofeno” y de su metabolismo en sangre, dato que respalda las declaraciones de los investigados, quienes aseguraron – mediante unos audios aportados el lunes al juzgado – que habían estado administrando ibuprofeno al menor “cada cuatro horas” para aliviar su malestar.
Intento Homicidio a un conductor de un camión en Almería (Guardia Civil)
La versión de la defensa
Este lunes, la defensa de Juan David R.C., detenido bajo prisión provisional por la muerte de Lucas, presentó 22 archivos de audio, entre los que se encuentran dos con la voz del niño grabados pocas horas antes de su fallecimiento. Basándose en estas grabaciones, sostiene que la muerte no fue un asesinato, sino un homicidio imprudente.
En dichos audios, el menor se dirige con tranquilidad a su abuela paterna, contando que había comido con “papá”, en referencia a Juan David, lo que para la defensa demostraría la existencia de un vínculo afectivo y la ausencia de miedo por parte del niño.
De este modo, la defensa argumenta que la muerte se produjo porque Juan David y la madre intentaron aliviar el malestar de Lucas suministrándole ibuprofeno “cada cuatro horas” – siguiendo instrucciones obtenidas “buscando en internet” – y aplicando técnicas de “sobado” (masajes abdominales intensos usados por curanderos). Además, enviaron fotos de las lesiones al abuelo materno, en lo que la defensa califica de “tele-diagnóstico”, que incluía videollamadas con las abuelas desde Colombia y Venezuela, quienes confirmaban la idoneidad de los remedios caseros. En sus conversaciones, los padres describen episodios de “fogaje” (fiebre interna) y sudoración, síntomas compatibles con una sepsis severa que confundieron con mejoría, afirmando que “amaneció mucho mejor”.
Según la defensa, la realización de estas prácticas sin la experiencia ni el conocimiento necesarios podría justificar las heridas hepáticas encontradas en la autopsia, y el uso de ibuprofeno podría haber empeorado la hemorragia interna, transformando una lesión tratable en un cuadro hipovolémico letal.
Sobre esta base, los abogados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari han presentado su propia versión del caso, descartando tanto el delito de odio como la agresión sexual y calificando la muerte de Lucas como un homicidio imprudente derivado de una “negligencia sanitaria absoluta”, atribuida a la administración de remedios caseros y procedimientos de curanderismo por parte de sus cuidadores, quienes, según la defensa, desconocían la gravedad real del estado médico del niño.
Califican todo como “una cadena de imprudencias” y una “praxis cultural pseudomédica”. Asimismo, ponen como ejemplo el contexto de superstición en que los cuidadores tomaron sus decisiones, señalando que Juan David acudió a la iglesia a recoger “agua bendita” para el menor en lugar de acudir a tratamiento médico convencional. Por el momento, está claro que no se han encontrado restos biológicos ni químicos que confirmen la agresión sexual al menor.