La persistencia del motor de combustión en Europa: razones detrás del cambio de postura de Bruselas sobre la electrificación completa del automóvil

La Comisión Europea reconsidera la prohibición de vender coches nuevos no electrificados a partir de 2035, tras las presiones de la industria y varios gobiernos preocupados por la posible pérdida de competitividad

9 de cada 10 españoles que planean comprar un vehículo optarán por uno eléctrico.

La Comisión Europea (CE) ha comunicado un cambio en su política ambiental para el sector automotriz, planteando flexibilizar la prohibición de la venta de vehículos nuevos con motor de combustión prevista para 2035. Esta decisión surge como respuesta a una combinación de presiones industriales, políticas, de mercado y geopolíticas que han puesto en duda la factibilidad del calendario original para la transición hacia vehículos de cero emisiones. Ahora, dicha medida deberá ser ratificada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros.

Con esta flexibilización, la Unión Europea (UE) propone sustituir la prohibición total de la venta de coches nuevos con motores de combustión en 2035 por un objetivo de reducción del 90% en las emisiones de CO₂ en comparación con 2021. Esto abrirá la posibilidad de que ciertos motores de combustión, híbridos o vehículos que funcionen con e‑fuels permanezcan en el mercado, siempre que sus emisiones se compensen. Los vehículos actuales no serán prohibidos y los eléctricos mantendrán su papel central en la transición energética. Con esta revisión, Bruselas busca equilibrar el cumplimiento de las metas climáticas con la competitividad de la industria automotriz europea y las condiciones reales del mercado.

La industria automotriz ha sido un factor determinante en este cambio de dirección. En los últimos años, se ha observado una desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos en varios mercados europeos, tras la reducción o eliminación de incentivos públicos, lo que dificulta alcanzar los objetivos de electrificación planteados. Además, los costos de transformación en las plantas, la adquisición de baterías y la formación del personal aumentan la presión financiera sobre los fabricantes.

Alemania e Italia ejercen presión contra la prohibición

Frente a las posibles nuevas restricciones, los fabricantes han alertado sobre el riesgo de cierres de fábricas y pérdida de empleo, además de multas millonarias por incumplir los objetivos de emisiones, lo que podría perjudicar gravemente al sector. El mensaje de la industria es contundente: la transición hacia vehículos más limpios es inevitable, pero el ritmo original impuesto por Bruselas no resulta realista.

Por otro lado, países como Alemania e Italia han encabezado la defensa de su fuerte industria automotriz, presionando a la Comisión para que suavice la prohibición total de motores de combustión. En Alemania, donde Volkswagen anunció recortes de plantilla y reestructuraciones que implican hasta 2030 debido a la presión competitiva y la lenta transición al vehículo eléctrico, el canciller Friedrich Merz ha solicitado más “flexibilidad” en la regulación, argumentando que una transición demasiado rígida y rápida podría poner en peligro la competitividad y capacidad de adaptación de la industria automotriz.

Una fábrica de coches eléctricos

Los gobiernos conservadores de Italia y Alemania también expresan preocupación por el impacto electoral de una transición vista como costosa o impuesta, así como por el riesgo de provocar un desequilibrio industrial dentro de la UE entre países productores y no productores, especialmente en un contexto en el que la presión de la ultraderecha ha llevado a ambos Ejecutivos a proteger la continuidad de sus grandes industrias frente a la preocupación por el cambio climático.

El coche eléctrico sigue siendo más costoso que los vehículos de combustión para buena parte de la clase media europea. Además, la infraestructura de carga continúa siendo insuficiente y desigual, generando incertidumbre sobre la viabilidad real de la transición. Los consumidores también manifiestan dudas sobre el valor de reventa y la durabilidad de las baterías. Como resultado, la demanda de vehículos eléctricos no ha crecido al ritmo esperado por Bruselas.

Europa queda rezagada en estrategias competitivas

La Unión Europea compite en un mercado global de vehículos eléctricos (VE) dominado por China y condicionado por políticas industriales externas. El país asiático no solo es el mayor mercado mundial de coches eléctricos, sino que también controla gran parte de la cadena de valor de la tecnología EV y de las baterías. Las fábricas chinas han producido millones de vehículos eléctricos en los últimos años, y la cuota de mercado de coches eléctricos chinos en Europa ha aumentado considerablemente, pasando de menos del 1% hace unos años a aproximadamente un 8% o más en 2022–2023, con proyecciones que podrían superar esa cifra este año. Además, China lidera la fabricación de baterías: más del 80% de la capacidad global de producción de estos componentes, que representa entre el 40% y el 50% del coste de fabricación, se sitúa en territorio chino, frente a alrededor de un 5% en la UE.

Mientras tanto, Estados Unidos ha implementado el Inflation Reduction Act (IRA), que destina millones de dólares en subsidios y créditos fiscales para respaldar la industria eléctrica y de baterías nacionales. A diferencia de EEUU, la UE ha adoptado históricamente un enfoque más regulatorio, lo que coloca a la industria europea en desventaja frente a competidores con mayor apoyo estatal.

Este desequilibrio global ha influido directamente en la revisión por parte de Bruselas. La Comisión ha indicado que una regulación demasiado estricta podría debilitar la competitividad de los fabricantes europeos frente a China y EEUU, donde las políticas públicas favorecen la producción y adopción de vehículos eléctricos. Actualmente, Bruselas prioriza la “autonomía estratégica” del sector, buscando un equilibrio entre la transición ecológica y la competitividad industrial. Esto implica flexibilizar las metas de emisiones para otorgar más tiempo a los fabricantes europeos para adaptarse, así como proponer inversiones en la cadena de valor europea.

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