La Audiencia Provincial de Madrid respalda la apertura de una investigación contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez por un posible delito de malversación.
El tribunal considera sospechoso que Álvarez, amiga cercana de Gómez y sin formación en protocolo, fuera designada para un cargo de confianza en Moncloa.
Se examina si Álvarez actuó más allá de sus competencias al gestionar asuntos relacionados con negocios privados de Gómez, incluyendo la financiación de una cátedra universitaria y el desarrollo de un software.
La Audiencia indica que el uso de empleados públicos para fines particulares podría constituir malversación, apoyándose en correos electrónicos y gestiones realizadas por la asistente de Gómez.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar con la investigación, por un presunto delito de malversación, contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y Cristina Álvarez, su asistente en el Palacio de la Moncloa.
De este modo, rechaza los recursos interpuestos por las defensas de ambas, quienes solicitaron la desestimación de la investigación.
No obstante, según la Audiencia, el hecho de que Álvarez, «amiga íntima» de Gómez, fuera nombrada en lugar de un experto en protocolo «resulta cuestionable» y puede suponer, por sí solo, un «primer indicio que sustenta el delito de malversación».
Este tribunal, jerárquicamente superior al juez Peinado, avala la resolución y recuerda que es «la primera vez en este tipo de nombramientos que no se designa a un funcionario especialista en protocolo para desempeñar la función de manera óptima», sino a una persona de «extrema confianza» de la esposa del presidente del Gobierno.
«No para guiarla en las complejas formalidades, ceremonias y actos oficiales, sino para garantizar el cumplimiento del objetivo supuestamente planteado, atendiendo a sus intereses personales, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que configuraría un acto dispositivo encuadrable en el delito de malversación», expone la Sección 23 de la Audiencia madrileña.
Además, el tribunal destaca que, durante la pesquisa del denominado caso Begoña, surgieron «indicios» que apuntan a que la asistente pudo actuar fuera de sus atribuciones, gestionando asuntos relacionados con los negocios privados de la esposa de Sánchez.
En una resolución, la Audiencia menciona un correo electrónico, publicado por EL ESPAÑOL, en el cual Álvarez contacta con Reale Seguros para solicitar que esta empresa mantuviera la financiación de la cátedra que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hasta 2024.
En una resolución de más de 20 páginas, el tribunal enfatiza que «el delito de malversación abarca todos los bienes y derechos con valor patrimonial susceptibles de valoración económica que puedan pertenecer a las Administraciones».
Esta categoría incluye, por ejemplo, billetes de lotería, capital de sociedades públicas y también «la fuerza laboral», aplicada en «situaciones donde se emplean empleados públicos durante horas destinadas a su servicio para la Administración».
Cuando Begoña Gómez compareció como investigada ante el juez Peinado, reconoció la estrecha amistad de más de 20 años que la une a Álvarez. Por ello, la eligió tras la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018 para ocupar el puesto de directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, un puesto eventual de confianza.
La esposa del presidente indicó que Álvarez le prestó «favores», descritos como «puntuales», motivados por la larga relación amistosa entre ambas.
Sin embargo, estos favores incluyeron, entre otras acciones, intercambiar 121 correos electrónicos con responsables de la UCM, colaborar en la gestión financiera de la cátedra y, como se mencionó, sugerir a Reale Seguros que continuara con la financiación.
Asimismo, Indra ha entregado, bajo requerimiento del juez Peinado, otros 38 correos electrónicos intercambiados con Álvarez. La empresa contribuyó voluntariamente con más de 150.000 euros para el desarrollo de un software vinculado a la mencionada cátedra.
El juez también investiga si Begoña Gómez se apropió de esta herramienta digital, cuyos servicios se ofrecieron —de manera gratuita— a través de una página web de su propiedad.
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