El juez de la Audiencia Nacional considera que la operación realizada por la entidad fue «innecesaria»
La empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (Mercasa) contrató a Servinabar 2000 S.L.—la sociedad mercantil en la que participaba como socio Santos Cerdán y que, además, está relacionada con Leire Díez— para elaborar un informe sobre las obras de rehabilitación en su sede, siguiendo «instrucciones internas», según consta en el listado de contratos menores al que ha tenido acceso EL MUNDO. De este modo, Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, recibió 18.119 euros por el informe técnico relativo a las oficinas de la sede central de esta empresa pública, que pertenece en un 51% a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
Mercasa, empresa pública del sector alimentario, es uno de los cinco casos que los investigadores atribuyen a Leire Díez, reputada como la fontanera de Ferraz, al ex presidente de Sepi Vicente Fernández y a Alonso. Los tres están imputados en la Audiencia Nacional por la manipulación de contratos públicos a cambio de presuntas comisiones ilegales. La contratación de la empresa vinculada al ex número tres del PSOE por parte de Mercasa se realizó el 11 de noviembre de 2021, cuando Leire Díez desempeñaba funciones como directora de comunicación en la Empresa Nacional del Uranio S.A. (Enusa), entidad pública dependiente de Sepi. A finales de ese año, inició su transferencia a Correos.
De acuerdo con el juez encargado del caso conocido como caso Leire, para que esta relación comercial entre Mercasa y Servinabar tuviera lugar, los tres investigados llegaron a un acuerdo con «varios directivos de la sociedad pública [Mercasa]», y de esta manera crearon «de forma fraudulenta» la justificación del contrato. Esta operación, junto con otras cuatro bajo sospecha de corrupción, habría permitido a la red inflar costes y favorecer sus propios intereses.
La contratación de Servinabar por Mercasa está ligada a Sepi, organismo que Vicente Fernández dirigió desde el 23 de junio de 2018 hasta el 4 de octubre de 2019. Debió abandonar el cargo abruptamente tras ser imputado en un caso de corrupción vinculado a la mina sevillana de Aznalcóllar, delito por el que fue absuelto la semana pasada. Tras su salida de la sociedad pública, fue incorporado a Servinabar, donde según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, continuó ejerciendo influencia en la empresa pública a pesar de ya no pertenecer a ella. Precisamente en ese periodo ocurrieron los cinco casos investigados por la Guardia Civil.
Fernández está catalogado como un hombre de máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. «Hirurok [nombre del grupo de WhatsApp mediante el cual se comunicaban los tres imputados] desplegó su actividad en relación con el proyecto de cambio de sede de la sociedad pública Mercasa», señala el juez de la Audiencia Nacional. Asimismo, el magistrado hace énfasis en «la innecesariedad de este contrato y la falsedad de su contenido».
En su listado de contratos menores del año 2021, Mercasa indica que la adjudicación a Servinabar 2000 S.L. se produjo por «instrucciones internas». El valor de la licitación para que la empresa vinculada a la red corrupta realizase el informe técnico sobre las obras en la sede central de Mercasa fue de 14.975 euros, más 3.144,75 euros en concepto de impuestos. El servicio contratado consistió específicamente en la realización del informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa.
Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso —cuyos integrantes del grupo de WhatsApp denominado Hirukok, que significa “los tres” en euskera— operaron, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, «al menos entre los años 2021 y 2023, con una proyección que abarca varias administraciones públicas». «En el marco de esta actividad, se ha comprobado que los investigados adoptaron medidas de seguridad para asegurar la máxima discreción y confidencialidad en sus acciones», sostiene el magistrado. La pesquisa de la UCO de la Guardia Civil les atribuye la creación de una red que aprovechó su posición en las instituciones públicas a cambio de comisiones e inversiones en Marbella y Jaca.