Agredir a un profesor en Andalucía tiene la misma gravedad que atacar a un agente de la Policía Nacional. Así lo establece el nuevo decreto aprobado por el Gobierno andaluz, que reconoce la autoridad de los docentes en la región.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, explicó este martes que el texto legal también contempla la creación de unidades de apoyo al profesorado. Estos organismos serán instaurados en cada provincia e incluirán abogados, psicólogos y administrativos para brindar asesoramiento a docentes que enfrenten acoso, agresiones o situaciones violentas.
Según indicaron fuentes de la Consejería de Educación, el año pasado se registraron hasta 70 agresiones «graves» contra profesores andaluces. El Gobierno andaluz brindó acompañamiento legal a esos 70 docentes en sus procesos contra los agresores.
Con esta nueva herramienta, la ayuda que ofrece la Consejería de Educación se amplía. El decreto establece que esas unidades de apoyo podrán proporcionar asistencia tanto en el ámbito psicológico como en el legal.
Así, el profesor que sufra una agresión o amenaza grave podrá acceder a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía o elegir contratar representación propia. En este último caso, la Administración reembolsará al docente los gastos legales.
Abogado privado
“El docente que lo requiera podrá dirigirse a este nuevo organismo, donde recibirá orientación sobre los pasos a seguir. Dispondrá de un servicio psicológico y acceso a asistencia jurídica proporcionada por la Junta”, comentan desde la Consejería de Educación.
Además, aclaran que solo serán derivados a esta asesoría los casos más graves. En las aulas pueden presentarse faltas de respeto o comportamientos inapropiados, pero para esos incidentes existen otras medidas dentro de los centros.
Por otra parte, desde la Consejería de Educación afirman que no se ha detectado un aumento en las agresiones o episodios violentos graves. Aunque no analizan los incidentes menores, sí indican que los casos que requieren defensa o apoyo psicológico de la Junta se mantienen estables en los últimos años.
CSIF, sindicato que esta semana presentó un estudio sobre la situación docente en Andalucía, señala que la conflictividad en las aulas es motivo de preocupación. Según su informe, el 63,5% de los profesores ha sufrido faltas de respeto por parte del alumnado durante 2025.
Asimismo, casi 4 de cada 10 docentes han experimentado conflictos con las familias. El estudio detalla que uno de cada cuatro ha sufrido agresiones verbales directas. Las agresiones más graves son menos frecuentes: el 4,2% de los docentes denunció amenazas o ataques a través de redes sociales.
Aunque las agresiones físicas continúan siendo poco comunes, el año pasado afectaron a 2 de cada 100 profesores andaluces, según CSIF, cifras que la Junta de Andalucía pone en duda.
Este contexto de convivencia refleja cierta tensión: más de la mitad de los docentes describen su centro como un lugar en el que ocurren episodios ocasionales de conflictividad, mientras que casi un 17% lo califica como conflictivo o muy conflictivo.
Aunque tres de cada diez profesores indican que su centro presenta “un ambiente positivo o muy positivo”, también existen quienes lo catalogan como conflictivo «en episodios ocasionales«.
En relación con la percepción de la autoridad de los docentes, cuestión tratada en el decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, el 82,2% del profesorado considera que esta ha empeorado claramente en los últimos años, frente a un 1,4% que opina que ha mejorado.
Además, casi el 88% de los docentes ve que su labor está poco o nada valorada por la sociedad, a diferencia de un 12% que cree que existe cierto reconocimiento.
Apoyo
Esta falta de valoración social se combina con una sensación de abandono institucional aún más marcada: el 69,4% de los encuestados manifiesta no sentirse respaldado por la Administración en su trabajo docente, y solo un 1,6% asegura recibir un apoyo claro.
La carga laboral es uno de los principales motivos de insatisfacción. Más del 75% del profesorado califica su trabajo como excesivo o completamente abrumador, mientras que solo un 7,8% lo considera manejable.
Esta presión se ve incrementada por una burocracia que la mayoría juzga desproporcionada: el 62,2% la califica directamente como excesiva y otro 34,5% como elevada, dejando a menos del 4% que la considera razonable.
Ratios
Las altas ratios en las aulas representan otro de los desafíos estructurales señalados en el informe. Cerca del 70% del profesorado opina que el número de alumnos por grupo es alto o directamente inasumible.
Solo un 5% considera que las ratios son adecuadas. Según CSIF, esta situación influye directamente en la calidad de la enseñanza y en la gestión de la convivencia en los centros.