El Consejo General de la Abogacía, impulsado por su presidente Salvador González, ha aprobado un nuevo organigrama que incluye la creación de una comisión especial dedicada a la justicia gratuita y otra comisión innovadora centrada en la previsión social.
La comisión destinada a la justicia gratuita analizará un nuevo modelo para la justicia gratuita. «La Administración señala que el sistema actual conlleva un gasto considerable, por lo que es necesario replantear y reestructurar el mecanismo. La percepción de un trato desigual y la sensación de que las compensaciones no reflejan el esfuerzo invertido, son cada vez más evidentes, y así se lo he transmitido al ministro de Justicia, Félix Bolaños«, declaró el viernes el presidente Salvador González en una rueda de prensa.
González enfatizó que «se empiezan a registrar bajas» entre los abogados del turno de oficio. Aunque estas no alcanzan un volumen que comprometa el servicio, ocurren de manera constante, lo cual indica que el sistema actual «está sufriendo un desgaste».
En 2023, un total de 40.748 abogados del turno de oficio gestionaron dos millones de casos, con un coste asociado de 341 millones de euros. El año previo, la cifra de abogados fue de 42.198, un descenso del 4%. En 2019, según el Observatorio de la Justicia Gratuita, había 45.868 profesionales en este turno.
Respecto a la comisión de previsión social, el presidente del Consejo General de la Abogacía se refirió a la problemática que afecta a los mutualistas alternativos, abogados que han contribuido a la Mutualidad de la Abogacía con las aportaciones básicas o mínimas permitidas y que carecen de planes de ahorro complementarios, por lo que perciben pensiones reducidas.
«La solución que parece estar surgiendo, según las escasas conversaciones con el Gobierno, podría no ajustarse a las demandas planteadas por los profesionales», manifestó González.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó por unanimidad una resolución en la que exige que el Estado «brinde a quienes ejercen la profesión y cumplen sus obligaciones de previsión social mediante mutualidades un trato equivalente al que se otorgará a los que cotizan por cualquier otro régimen protegido por la Seguridad Social en el momento de su jubilación».
El Consejo expresa su «completo respaldo» a la reivindicación de los mutualistas y mutualistas alternativos, que solo exigen para sí aquello que en su momento reclamaron para otros: la estabilidad económica en la tercera edad resguardada por la Constitución.
«Aunque el Gobierno ha reconocido la necesidad de abordar esta situación para dar cumplimiento a esa obligación, la escasa información proporcionada ubica la propuesta para resolver el problema en un ámbito meramente asistencial, limitada a quienes no podrán mantenerse sin la ayuda estatal», señala la resolución.
La Abogacía reafirma «su más firme desaprobación» hacia esta respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Sáiz, ya que considera que esta demanda se circunscribe al ámbito de los derechos constitucionales.