Vicente Fernández utilizó su cercanía con la vicepresidenta del Gobierno para preservar su influencia dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales después de abandonar la dirección.
Una nueva operación anticorrupción ha golpeado el núcleo del Estado, al PSOE y a la administración del Gobierno de Pedro Sánchez. Las detenciones del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández Guerrero, considerado hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero; la llamada fontanera de Ferraz, Leire Díez, y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, vinculadas a manipulación de contratos públicos, forman parte de una amplia redada que hasta ahora incluye tres arrestos, cerca de diez investigados y 19 registros, varios de ellos en entidades públicas de carácter estratégico.
Fuentes vinculadas a la investigación compartieron con EL MUNDO que las pesquisas comenzaron tras el análisis del material confiscado en la empresa Servinabar por la Guardia Civil en junio pasado. Al revisar la documentación incautada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó indicios de actividades posiblemente delictivas que sobrepasaban el marco del denominado caso Koldo. Estos hallazgos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y, bajo la dirección del fiscal Alejandro Luzón, se abrieron diligencias propias para investigar el entramado conformado por Fernández, Díez y Alonso.
Las fuentes afirman que la presunta red criminal ejerció su influencia para amañar contratos públicos de manera continua y organizada. En las irregularidades detectadas, la Sepi desempeña un papel crucial, tanto por los contratos supuestamente manipulados durante la presidencia de Vicente Fernández como por la actividad ilícita llevada a cabo después, cuando el grupo público parecía desprovisto de liderazgo, pero Fernández continuó actuando «en las sombras», dirigiendo una parte estratégica del Estado bajo la protección de la ministra Montero.
Asimismo, allegados al caso explican que la operación se aceleró debido a los recientes «movimientos» realizados por el ex presidente de Sepi, situación que alertó a los investigadores, quienes optaron por judicializar con urgencia la causa en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional.
Por orden del juez Antonio Piña, en las últimas horas se practicaron 19 registros o solicitudes de información en las sociedades públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, así como en domicilios ubicados en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Además, la UCO llevó a cabo varios registros en empresas relacionadas con Servinabar (de propiedad de Alonso y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán), incluyendo uno en la sede de Forestalia en Zaragoza. También se efectuó una inspección en un despacho de abogados, SDP Estudio Legal S.L., en Sevilla.
Desde la investigación se confirmó que, por ahora, no se prevén nuevas detenciones. Por otro lado, los tres arrestados declararán mañana ante el juzgado, a partir de las 10:00 horas. Los delitos bajo investigación incluyen pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias, según fuentes jurídicas. La operación sigue bajo secreto de sumario.
Más allá del ámbito judicial, esta nueva trama de corrupción posee una clara dimensión política debido al perfil de quienes están implicados. No solo por la proximidad de Vicente Fernández con una figura clave del Gobierno de Sánchez (la vicepresidenta Montero), sino también porque Santos Cerdán fungió como vínculo entre Díez, Fernández y Alonso.
El ex presidente de Sepi estuvo contratado por la empresa Servinabar, propiedad de Alonso, desde mayo de 2021 hasta febrero de 2023, tras ser incorporado como director comercial por el empresario. Los datos fiscales indican que Vicente Fernández recibió más de 100.000 euros durante los menos de dos años de su contrato.
Según la investigación, Servinabar gestionaba millones en mordidas cobradas por Cerdán a cambio de contratos públicos otorgados en Navarra, Sevilla y Logroño. Según los informes de la UCO, esta compañía obtuvo contratos importantes de obra pública en colaboración con Acciona.
El nexo entre Leire Díez y Vicente Fernández fue su coincidencia en organismos públicos justo tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Sánchez, nada más acceder al cargo, junto con Montero en calidad de ministra de Hacienda, eligieron a Fernández para presidir la Sepi en junio de 2018. No obstante, Vicente Fernández tuvo que dimitir tras ser imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, proceso en el que fue absuelto recientemente.
Por su parte, Díez fue nombrada jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (Enusa), una empresa pública dependiente de la Sepi, lo que propició su coincidencia en los puestos designados por el Ejecutivo socialista entre 2018 y 2019. La conocida fontanera de Ferraz permaneció en Enusa desde 2018 hasta 2021, tras lo cual se incorporó a relaciones institucionales de Correos. Además, esta ex militante socialista ejerció como consejera en la compañía Cistec Technology entre 2021 y 2023.
Su nombramiento generó polémica debido a su escasa experiencia previa en el sector y al interés subsecuente de Sepi en la misma empresa.
La fontanera del PSOE está implicada en varias tramas, también siendo investigada por delitos de cohecho y tráfico de influencias por un juez de Madrid debido a un intento de soborno a dos fiscales Anticorrupción.