El aumento del 61% en siete años impulsa la cifra de personas que perciben el salario mínimo o una renta equivalente, sin importar su nivel educativo, experiencia o convenio colectivo aplicado
La gran merma de la clase trabajadora: sus salarios alcanzan el poder adquisitivo de 2019, pero siguen lejos del registrado hace 15 años.
El comité de especialistas encargado del análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha presentado esta semana su propuesta de incremento del salario mínimo para 2026. Los asesores del Ministerio de Trabajo sugieren un aumento entre el 3,1% y el 4,7%, según las decisiones que tome Hacienda sobre la tributación en el IRPF de estas rentas. Ahora, la cartera de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz iniciará negociaciones con los agentes sociales para tratar de acordar una cifra basada en la recomendación de los expertos y los incrementos solicitados por sindicatos (7,5%) y patronal (1,5%).
La comisión asesora integrada por miembros del Gobierno, académicos y líderes sindicales ha trasladado al Ejecutivo su propuesta a través de un informe que también examina la evolución y los principales desafíos para la implementación del SMI. En este documento, el comité destaca cómo los significativos incrementos realizados en los últimos años para cumplir con el compromiso de que el salario mínimo represente el 60% del salario medio neto, siguiendo las indicaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y alineado con la interpretación de la Carta Social Europea, han impactado en el perfil del beneficiario y la distribución salarial general.
Según este criterio, el salario mínimo interprofesional en España ha vivido desde 2018 una revalorización notable, marcando un cambio importante frente a la política salarial de las décadas previas. En un periodo de siete años, el SMI ha ascendido de 735,9 euros mensuales en 14 pagas a 1.184 euros en 2025, lo que significa un aumento acumulado cercano al 61%. Este proceso de alineación con los estándares europeos ha situado al SMI español entre los más altos del continente en términos relativos.
El comportamiento reciente contrasta con la etapa previa, cuando el SMI crecía lentamente, con incrementos anuales que rara vez superaban el 1 o 2%. En términos reales, durante muchos años el salario mínimo perdió capacidad de compra o apenas consiguió mantenerse en línea con la inflación.
El SMI ya no es exclusivo de jóvenes, mujeres y migrantes
Como resultado, la cifra de beneficiarios ha sufrido modificaciones destacadas entre 2018 y 2023, reflejadas en el aumento del porcentaje de trabajadores que cobran el SMI del 3,5% al 7,4%. En 2018, un 11,7% de quienes tuvieron algún empleo durante el año percibieron el SMI en algún momento y un 5,3% lo recibió de forma continua durante todos los meses trabajados. Para 2023, estas cifras ascendieron al 20,4% y al 7,8%, respectivamente.
Durante la presentación del informe, Díaz valoró estas cifras, señalando que representan “la ampliación del alcance del SMI en la población ocupada”, garantizando estabilidad económica a un número creciente de trabajadores. Sin embargo, los expertos aportan una visión matizada y expresan en el texto algunas inquietudes sobre posibles efectos negativos.
Gracias a esta evolución, el perfil de perceptores del SMI, tradicionalmente conformado por jóvenes, mujeres y personas extranjeras, se ha diversificado, incorporando una mayor participación de trabajadores mayores de 35 años y con cualificación media o alta. La incidencia sigue siendo más alta en sectores como agricultura, comercio y servicios, y en empresas pequeñas, predominando los grupos de cotización más bajos. En 2023, un porcentaje mayor de perceptores presenta más edad y experiencia laboral respecto a 2018.
Modificaciones en la distribución salarial
Simultáneamente, el informe señala no solo un incremento de personas que perciben el SMI, sino también un aumento en la concentración de trabajadores en una franja salarial cercana a esta renta mínima. De hecho, la proporción de personas con bases de cotización hasta un 125% de la base mínima ha subido del 7,9% al 22,8% en los últimos siete años. Este fenómeno, conocido como agrupamiento o bunching, implica que empleados con mayor experiencia o nivel educativo quedan englobados en el nivel salarial mínimo, modificando la curva de distribución salarial al reunir a un grupo más amplio en los sueldos bajos.
Cuando los ingresos no suben al ritmo de los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder adquisitivo por la inflación.
En lugar de ser un referente exclusivo para empleos poco cualificados o de reciente ingreso al mercado laboral, el SMI termina definiendo el sueldo de un segmento mucho más amplio. Esto implica que trabajadores con distintos niveles de experiencia, antigüedad o incluso capacitación puedan llegar a percibir un salario similar, cercano al mínimo, lo que puede alterar la estructura interna de las empresas.
El incentivo económico para formarse, asumir nuevas tareas o permanecer en la empresa se reduce si la diferencia entre el salario mínimo y el de trabajadores con más antigüedad o responsabilidad es muy estrecha, escenario común cuando la estructura salarial restante no avanza al mismo ritmo que el SMI y los puestos de nivel medio mantienen remuneraciones bajas.
La negociación colectiva pierde influencia
Esta dinámica también afecta al papel de los agentes sociales y reduce la importancia de los salarios pactados en convenios colectivos sectoriales, pues cuando el SMI supera el salario mínimo fijado en convenio, este último pierde peso como referencia y es el salario mínimo legal el que establece el piso retributivo. Según los datos recopilados, el SMI ya incide directamente en más del 40% de los convenios revisados por UGT en 2025, un indicador de este desplazamiento de la negociación colectiva.
Además, esta concentración suele ser más intensa en sectores con baja productividad, elevada temporalidad y predominio de pequeñas empresas, como agricultura, comercio o determinados servicios. En estos ámbitos, resulta especialmente complicado para las empresas ofrecer o negociar aumentos salariales superiores al mínimo legal, reforzando la concentración en la zona baja de la escala salarial.