El PSOE sigue expectante ante una pronta resolución de la grave «crisis monumental» del ‘caso Salazar’, reconociendo una mala gestión.

Se espera que esta semana finalice la instrucción de las denuncias por acoso sexual.

Francisco Salazar, la noche electoral del 28.A de 2019.

En el PSOE se aguarda con tensión una resolución rápida a la «crisis monumental» que, según una destacada feminista del partido, ha implicado el «error» —reconocido en «primera persona» por Pedro Sánchez— de no dar respuesta durante cinco meses a las denuncias por acoso sexual presentadas por dos militantes contra Francisco Salazar. Se prevé que el órgano encargado de la instrucción del expediente, que opera de manera «independiente y autónoma», concluya esta semana su trabajo para remitirlo a la Secretaría de Organización y que se puedan adoptar las medidas necesarias para tratar de detener la fuga del voto femenino que representa este escándalo.

De forma paralela, está previsto que en los próximos días se convoque nuevamente una reunión presencial de la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, con las responsables de esta área en las federaciones y portavoces parlamentarias. En la convocatoria telemática urgente del miércoles por la noche quedó patente un «gran enfado» expresado en «diversos tonos» respecto al manejo del asunto, junto con una percepción generalizada de que «no se ha hecho lo suficiente» y que «es necesario avanzar más», según fuentes consultadas por este diario.

Uno de los temas que probablemente seguirá generando debate esta semana es si, tras las verificaciones de las denuncias anónimas, debe entregarse el caso a la Fiscalía. Varios dirigentes han solicitado esto en privado, y públicamente Adriana Lastra, ex número dos de Ferraz y vicesecretaria general del partido en Asturias, ha apoyado esta idea al considerar que los hechos constituyen un delito de «violencia contra las mujeres». Sin embargo, durante un encuentro con periodistas en la celebración del 47º aniversario de la Constitución en el Congreso el sábado, Sánchez descartó esta posibilidad alegando que «legalmente no es viable» y que la decisión depende únicamente de las afectadas, a quienes se les brindará «apoyo y asistencia» en caso de que opten por seguir esa vía.

En cuanto a Francisco Salazar, el PSOE ya no puede aplicar medidas disciplinarias porque se dio de baja a finales de noviembre, coincidiendo con la investigación periodística de elDiario.es sobre la eliminación en el canal interno del partido de las acusaciones de las dos mujeres que trabajaron con él en La Moncloa, y con quienes ningún integrante del Órgano contra el Acoso había contactado desde que se presentaron las denuncias en julio. «La gestión ha sido muy deficiente», reconoce abiertamente un destacado miembro de la Ejecutiva Federal sobre la «falta de diligencia» en el caso. «No las hemos acompañado adecuadamente, no podía tardar tanto en resolverse», añade expresando su consternación.

Destitución fulminante

En contraste, la portavoz del Gobierno resaltó este lunes la rapidez con la que se actuó «en las últimas 24 horas» para cesar a Antonio Hernández, mano derecha de quien fue un colaborador cercano de Sánchez desde las primarias socialistas de 2017 —a pesar de haber negado la protección hacia su compañero denunciado por dos subordinadas—. De este modo, buscan cerrar cuanto antes esta controversia por el enorme impacto negativo que está causando. «El informe aún está en curso y llegará hasta sus últimas consecuencias, sin duda», afirmó Pilar Alegría subrayando que todavía se encuentra «dentro del plazo».

El PSOE de Navarra emitió un comunicado en el que condena de manera «rotunda, clara, firme y unánime los actos totalmente reprobables» atribuidos a Salazar y señala que es «imprescindible» revisar y fortalecer los protocolos para que «todas las mujeres se sientan respaldadas sin excepción». En la misma línea, la federación de La Rioja ha expresado públicamente que el sistema «requiere mejoras», por lo que ha solicitado que no se escatimen recursos «hasta que sea óptimo», y ha lamentado que las afectadas «no hayan recibido suficiente apoyo» ante unos «hechos inaceptables» que «contrarían claramente» todo lo que representan sus siglas.

«Es fundamental escuchar y apoyar a las víctimas y, en este caso, también pedirles disculpas», advirtió por su parte Milena Herrero, secretaria de Igualdad del partido en Baleares. «Es momento de ajustar la organización para evitar más fallos o retrasos», expresó mediante un mensaje en X.

Ante las críticas internas por la «negligencia» de la responsable de Organización del partido, Rebeca Torró, quien se ha mantenido al margen de esta crisis, desde la dirección de Ferraz sostienen que el Órgano contra el Acoso es «independiente» y «no puede recibir instrucciones de ningún tipo», por lo que consideran que su intervención habría implicado una «injerencia».

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