El PSOE no activó el respaldo legal ni la asistencia psicológica a las víctimas en el asunto Salazar, incumpliendo su propio protocolo contra el acoso.
El protocolo de la formación obliga a brindar protección y auxilio inmediato a las víctimas desde que se tienen conocimiento de los hechos, y no después del informe.
El partido reconoció deficiencias en el trámite y ofreció disculpas, aunque afirma que el protocolo está siendo implementado.
Pedro Sánchez asumió públicamente responsabilidades y calificó como «error» la demora en la gestión de las denuncias internas contra Francisco Salazar.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dispone de un protocolo para prevenir e intervenir en casos de acoso sexual que obliga a la organización a facilitar a las víctimas tanto asesoramiento legal y judicial como ayuda y atención psicológica.
Estas acciones y otros métodos de protección a la parte denunciante deben implementarse una vez que la denuncia sea admitida y formen parte de una evaluación inicial.
No obstante, fuentes del PSOE consultadas por este medio evitan confirmar si se activaron esas medidas de protección a las víctimas en el caso Salazar, a pesar de que forman parte de las obligaciones establecidas en el protocolo antiacoso. «Es necesario esperar al informe para saber qué pasos se han tomado», explican.
Sin embargo, según el propio protocolo, el informe se realiza en una etapa posterior por un órgano independiente que remite sus conclusiones a la secretaría de Organización, mientras que las acciones de protección deben iniciarse desde el momento en que se conocen los hechos.
El texto —tratado desde 2021 con representantes sindicales y ratificado por la Comisión Ejecutiva Federal— establece que el PSOE «se compromete a adoptar las medidas y mecanismos de protección necesarios […] para impedir que la situación de acoso se prolongue y cause más daño a la víctima».
Entre estas medidas obligatorias se incluye también proporcionar información sobre todos los recursos públicos disponibles para protección judicial, administrativa o laboral. Todo ello debe notificarse por escrito a la denunciante.
El protocolo precisa que, si los hechos constituyesen delito, deben ser remitidos al Ministerio Fiscal. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó recientemente que la vía judicial no la puede activar el partido, sino la propia víctima.
Fuentes del PSOE se limitaron a señalar que «el procedimiento está en curso», sin especificar qué medidas concretas se han puesto en marcha. Tampoco se ha confirmado si la denunciante recibió comunicación oficial sobre las opciones disponibles, tal como exige el documento interno.
Núcleo de protección
Estas acciones no son meras formalidades: forman parte esencial del sistema de protección que el PSOE asegura ofrecer para que las personas denunciantes puedan afrontar el proceso sin sufrir represalias y con el soporte institucional adecuado.
Además, en respuesta a este medio, el partido admitió una «falta de diligencia en parte del proceso». «No se debe esperar al informe para brindar esas medidas. El PSOE se disculpó por ello, pero el protocolo está activo y en funcionamiento«, afirmaron.
El secretismo de Ferraz contrasta con el nivel de detalle procedimental del protocolo, que indica plazos, etapas y obligaciones, incluyendo el compromiso de contactar individualmente con las partes y acompañarlas durante todo el procedimiento.
Hasta hace pocas semanas, el partido había evitado pronunciarse sobre el asunto, asegurando desconocer las denuncias contra Francisco Salazar.
La controversia surgió a principios de julio, cuando el exasesor de Sánchez iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del PSOE por el Comité Federal tras la revelación del caso Cerdán.
Sin embargo, ese mismo día mañana se publicaron varias denuncias que llevaron al propio Salazar a renunciar a su nombramiento y dimitir de la Ejecutiva.
Pedro Sánchez ha asumido «responsabilidades en primera persona» públicamente por los escándalos que afectan al Gobierno, aunque sin que ello haya tenido consecuencias reales para él.
El presidente calificó como «error» que el partido demorase cinco meses en tramitar las denuncias internas presentadas por dos mujeres contra su exasesor.
La reacción dentro del partido ha sido similar a la de otros casos recientes —como los implicaron al exsecretario de Organización Santos Cerdán o al exministro José Luis Ábalos—: el cese del acusado y de su adjunto, Antonio Hernández.
En el Senado, PP y Vox han acusado al Gobierno y al PSOE de falta de acción y de intentar encubrir los presuntos acosos sexuales atribuidos a Salazar, señalando que las denuncias se habrían «bloqueado» dentro de los canales internos del partido.
El PP ha relacionado este caso con otros episodios que, según ellos, contradicen el discurso feminista que promueve el Ejecutivo, mencionando además la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí.