Elevará sus propuestas en materia de vivienda al órgano previo al Consejo de Ministros y obligará a un debate
Frustrada por la falta de un acuerdo, Yolanda Díaz desafía al PSOE debido a la congelación de los alquileres que finalizan este año, los cuales corren el riesgo de experimentar un fuerte incremento de precios. La vicepresidenta segunda del Gobierno presentará esta y otras propuestas relacionadas con la vivienda ante el órgano económico que precede al Consejo de Ministros, con la intención de forzar un debate dentro del Ejecutivo y, si no se consigue un consenso para avanzar, que sean los ministros socialistas del área económica quienes tengan que rechazarlo, con el coste político que ello implicaría.
Con ello, Díaz intensifica la presión interna y lanza un desafío a los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Hacienda, María Jesús Montero, al llevar la disputa sobre la vivienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Este órgano analiza las propuestas ministeriales y su impacto económico, decidiendo si estas deben pasar al Consejo de Ministros para su aprobación.
Díaz ha manifestado su intención de defender sus medidas sobre vivienda en el CDGAE durante una charla informal con periodistas en el acto del Día de la Constitución en el Congreso. Como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tiene la facultad de incluir la propuesta en el orden del día para su discusión. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el PSOE disponga de la mayoría necesaria para descartarla en dicho órgano.
Precisamente, eso es lo que Sumar teme que pueda ocurrir, ya que mantienen semanas de negociaciones infructuosas con el PSOE para aprobar este paquete de medidas sobre vivienda. Incluso, miembros de Sumar dentro del Gobierno critican que las posturas del ministro Cuerpo son «muy neoliberales» en este tema, a pesar de la situación de emergencia provocada por el aumento de precios.
De cualquier modo, el gesto político de Sumar es claro. Díaz ejerce toda su influencia para impulsar al Gobierno de coalición a implementar políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda. La prioridad más urgente para el socio minoritario del Ejecutivo es afrontar los 300.000 contratos que culminan este año y que afrontan el riesgo de fuertes incrementos en el precio al renovarse. Muchos de estos contratos datan de la pandemia, época en la cual los precios bajaron, contrario a la situación actual con alquileres en máximos.
Dado que la renovación de esos 300.000 contratos se acerca rápidamente, Sumar planea presentar la iniciativa en el CDGAE en las próximas semanas. Para que el Consejo de Ministros dé luz verde a una prórroga obligatoria de dichos contratos mediante real decreto, será necesario hacerlo antes del 31 de diciembre. Esta vía se utilizó anteriormente durante la pandemia y en la crisis provocada por la inflación y la guerra en Ucrania. Díaz no ha especificado cuándo presentará su desafío, pero el margen no se extiende mucho más allá de las semanas próximas.
Desde octubre, Sumar ha intentado persuadir al PSOE para implementar estas medidas intervencionistas en el mercado de la vivienda. De hecho, a mediados de ese mes presentó públicamente un texto que podría convertirse en un «real decreto» y que, además de la prórroga de estos alquileres vigentes, aborda contratos en general, el fraude en el alquiler de temporada, los pisos turísticos y la fiscalidad. Esta batería de propuestas, según Sumar, no invade las competencias de las comunidades autónomas y representaría un avance considerable para afrontar la crisis de la vivienda en España, considerada por los españoles como el problema principal del país según los últimos barómetros del CIS.
Díaz ya ha enfrentado anteriormente a Cuerpo en el ámbito del CDGAE, durante la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, cuando el ministro de Economía frenó las prisas de la vicepresidenta segunda para llevar su propuesta al Consejo de Ministros para aprobación. Esto generó un choque entre ambos, que posteriormente se resolvió, permitiendo a Díaz obtener luz verde para su medida principal. Ahora, con la cuestión de la vivienda, podrían volver a protagonizar un enfrentamiento público.
En otro aspecto, Díaz adelantó en su conversación informal con periodistas que Sumar presentará en los próximos días un documento con sus prioridades para los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluirán sus medidas principales.
Las negociaciones dentro del Ejecutivo avanzan, aunque existen discrepancias importantes en dos ejes. Uno de ellos es la fiscalidad, en la que Sumar reclama una reforma amplia que permita aumentar los ingresos mediante impuestos más elevados para las empresas y los trabajadores con mayores ingresos. Además, Díaz pone especial atención en las socimis como uno de los asuntos clave y una palanca para abordar problemas en el mercado.
El otro punto de conflicto es la vivienda, donde las posiciones iniciales entre PSOE y Sumar se encuentran muy distantes.
En cuanto al resto, algunos miembros de Sumar en el Gobierno son optimistas porque el diseño de las cuentas amplía considerablemente el gasto público, lo que proporciona mayor margen para incluir otros temas que, en circunstancias diferentes, habrían generado mayores dificultades. Entre esas propuestas aparece la creación de una prestación universal por hijo a cargo, que consistiría en entregar una cantidad mensual a las familias con hijos y que debe definirse en cuanto a cuantía. Sumar propone 200 euros por hijo, aunque la aceptación de esta medida por parte del PSOE está aún por determinar. Según un ministro de Sumar, existe margen para incluirla en las cuentas.
Para Sumar, el Gobierno debe presentar los Presupuestos y mostrar su proyecto de país más allá de cómo evolucionen los intentos de reconciliación con Junts. En otras palabras, la idea es que se llegue a votar las cuentas de 2026 y que cada fuerza política manifieste claramente su postura.