El Gobierno garantiza que Moncloa es un espacio seguro para las trabajadoras, aunque no confirma la existencia de un protocolo antiacoso específico en sus instalaciones.
Varias empleadas de Moncloa acusaron a Paco Salazar de conductas que podrían constituir acoso sexual, describiendo un ambiente laboral tenso y comportamientos explícitos junto con abuso de poder.
Las denuncias se dirigieron al buzón antiacoso del PSOE y no a un canal propio de Moncloa, lo que genera incertidumbre sobre la existencia de una vía de denuncia interna en la sede.
El Gobierno contestó de forma general a las preguntas parlamentarias, remitiéndose a la legislación vigente sin detallar si dispone de un protocolo antiacoso específico y en funcionamiento dentro de Moncloa.
El Gobierno respondió por escrito a las Cortes, dos meses después de que trabajadoras de Moncloa acusaran a Paco Salazar de supuestos actos impropios y posibles casos de acoso sexual, afirmando que la sede de Presidencia «sí» es «un lugar donde las trabajadoras pueden sentirse seguras».
Así consta en una respuesta escrita, a la que este diario ha tenido acceso, enviada el 24 de septiembre al Senado.
No obstante, cuando el PP solicitó en esa misma ronda de preguntas que se confirmara la existencia de un protocolo antiacoso específico en Moncloa, las respuestas del Gobierno resultaron «evasivas», según fuentes parlamentarias, sin ofrecer detalles concretos.
La falta de claridad en estas respuestas, a las que EL ESPAÑOL ha accedido, genera dudas sobre la efectividad de dicho protocolo en el entorno laboral de Presidencia.
Más aún, ni el Gobierno ni el PSOE han asegurado que vayan a presentar las denuncias ante la Fiscalía. Esta fue una de las preguntas clave que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado dirigió al Ejecutivo tras conocerse el caso.
Al respecto, el presidente Pedro Sánchez señaló este sábado que el Gobierno no puede denunciar los hechos ante la Fiscalía al tratarse de denuncias anónimas, pero aseguró que las víctimas contarán con el apoyo del partido si deciden hacerlo.
Recientemente, Moncloa ha mostrado rechazo público hacia la conducta atribuida a Paco Salazar, aunque por ahora la dirección del PSOE prioriza cerrar su investigación interna primero.
De acuerdo con las denuncias, las trabajadoras de Moncloa señalaron conductas de índole sexual explícita: «Se subía la bragueta delante de ti, simulaba felaciones y solicitaba ver nuestros escotes«.
También se mencionaron comentarios sobre sus cuerpos, el uso del abuso de poder para retenerles el trabajo si rechazaban sus insinuaciones y un ambiente laboral definido como «irrespirable».
Tras la publicación de estas conductas por El Diario esta semana, la ministra portavoz Pilar Alegría las calificó públicamente como «vomitivas». Curiosamente, apenas un mes antes Alegría había sido vista compartiendo un restaurante a solas con Salazar, en un encuentro que ella calificó de «personal».
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado formuló 16 preguntas al Gobierno el 23 de julio de 2025, pocos días después de que el caso se hiciera público.
Dos meses sin respuesta
Solicitaba información escrita sobre la situación y el funcionamiento de los protocolos de seguridad en Moncloa. Las respuestas no se recibieron hasta el 24 de septiembre, dos meses después.
Entre esas preguntas, destacaban dos directamente. La primera cuestionaba: «¿Considera el Gobierno que Moncloa es un lugar donde las trabajadoras puedan sentirse seguras?» El Gobierno respondió con un escueto «sí», sin ofrecer más explicación.
La segunda preguntaba: «¿Desde cuándo está vigente el Protocolo ante Acoso Sexual en Moncloa?» A esta pregunta directa, el Ejecutivo no dio respuesta concreta.
A pesar de que en julio Moncloa aseguró haber enviado un correo electrónico a sus empleados recordando las vías de denuncia, la contestación oficial se limitó a citar cuatro normativas legales generales, sin confirmar la existencia de un protocolo específico y operativo en Moncloa.
Entre ellas, mencionó la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohibe explícitamente tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo. También aludió al Real Decreto Legislativo 5/2015, que establece como falta muy grave el acoso por razón de sexo en empleados públicos de la Administración General del Estado.
Además, el Gobierno hizo referencia al Real Decreto 247/2024, que aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual dentro de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Finalmente, citó la Instrucción de la Subsecretaría de 4 de octubre de 2024, que establece el Protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Este documento legal señala en sus «Principios rectores» que «aplica a todo el personal de la Administración General del Estado, independientemente del ministerio u organismo público donde presten sus servicios».
El buzón del PSOE
Aunque esto aparentemente incluiría a Moncloa, fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno consultadas por este medio no confirmaron la existencia de un protocolo específico y operativo en dicha sede.
Este aspecto es relevante debido a un detalle clave citado anteriormente: las empleadas de Moncloa que denunciaron a Salazar presentaron sus quejas a través del buzón antiacoso del PSOE, no por un canal interno de Moncloa.
Esta situación, junto con la vaguedad de las respuestas parlamentarias y la ausencia de respuesta a este periódico, aumentan las dudas. Más aún, respecto a los hechos denunciados, el Gobierno aseguró que «tuvo conocimiento solo a través de los medios de comunicación al no existir denuncias previas ante las instancias competentes».
Por ello, fuentes parlamentarias sostienen que es dudoso que en Moncloa exista un protocolo antiacoso o un canal de denuncias independiente y plenamente operativo. También cuestionan que el entorno laboral sea en realidad «un lugar seguro» para las mujeres.
Estas mismas fuentes subrayan que, en su opinión, el Gobierno, al que describen de modo irónico como «el más feminista de la historia», agruparon 14 de las 16 preguntas en una única respuesta «repleta de lugares comunes y obviedades», sin tratar sus particularidades.
En esa contestación genérica, el Ejecutivo afirmaba promover y defender firmemente el derecho a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos político, social, económico y cultural, impulsando legislación y políticas públicas con un enfoque feminista relevante, que además se consideran referentes a nivel internacional.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó los hechos denunciados como «asquerosos», aunque aclaró que corresponde a la Fiscalía actuar si no existen denuncias formales. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidió evitar prejuzgar.
En un comunicado interno dirigido a sus miembros, el PSOE lamentó el viernes «no haber brindado suficiente apoyo a las personas que presentaron las denuncias».
El estallido del caso
En ese mismo tono crítico, el partido reconoce que «la comunicación con las víctimas anónimas no ha sido adecuada y necesita ser mejorada».
Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, fue denunciado en julio de 2025 por empleadas de Moncloa que dependían de él. Sin embargo, las quejas se presentaron ante la Secretaría de Igualdad del PSOE, bajo el protocolo antiacoso del partido, y no en su lugar de trabajo.
La divulgación de estas denuncias evitó que Salazar fuese nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, cargo para el que aspiraba tras cinco años como uno de los colaboradores más cercanos al presidente en Moncloa.
No obstante, la investigación no progresó, e incluso las denuncias desaparecieron del buzón del PSOE, lo que fomentó las sospechas de que el partido intentó cerrar el caso rápidamente.