El cierre de la central nuclear es uno de los asuntos centrales en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre: «¿Qué futuro les espera a las familias?»
La finca de Saucedilla (Cáceres), donde Alberto cría cerca de veinte vacas charolesas destinadas a carne, está situada frente a la central nuclear de Almaraz. En la imagen, detrás del ganadero, se observan las cúpulas blancas que coronan los edificios que albergan los dos reactores junto con las aguas del embalse de Arroyocampo, que discurre entre la central y el rebaño. Este embalse, construido en 1976 paralelamente a la planta nuclear, se utiliza para refrigerar los condensadores de las turbinas, que pesan unas 600 toneladas cada una y giran 25 veces por segundo. «El uranio calienta el agua hasta transformarla en vapor; ese vapor es el que impulsa las turbinas. Luego el vapor se condensa y se reintroduce en el embalse para enfriarse», detalla Alberto con términos sencillos el proceso.
Alberto Álvarez Curiel, de 45 años, conoce todo esto porque la silueta de la central ha sido parte de su entorno desde siempre –nació en junio de 1980, 11 meses antes de que el primer reactor iniciase su funcionamiento– y porque ocasionalmente trabaja en ella. Técnicamente llamado «la recarga», aunque los habitantes locales la denominan «la parada», consiste en que cada 18 meses uno de los reactores se detiene –nunca ambos a la vez– para cambiar el combustible agotado por nuevo. Durante esta interrupción se aprovecha para realizar inspecciones y mantenimiento. La operación dura entre 30 y 40 días y permite la contratación de aproximadamente 1.200 trabajadores adicionales, la mayoría de ellos residentes en la zona, como Alberto, que deja el cuidado de sus vacas en manos de otros ganaderos durante ese periodo.
«Antes de cada recarga se abre un listado en los Ayuntamientos próximos para quienes quieran participar. Hay que inscribirse, y luego el Ayuntamiento entrega la lista a la central nuclear», explica. «Llevo yendo 15 años. Trabajo en el almacén, encargándome de repartir piezas por toda la planta. Es como un departamento logístico dentro de la central. No llevo el mono protector porque no ingreso en la zona controlada. Algunos compañeros sí, porque dentro hay un almacén de contención, pero yo siempre trabajo fuera. La turbina, sin embargo, ya la he visto».
Alberto recuerda con reciente detalle la última recarga en la que participó, la número 29 del reactor 2, que comenzó a las 23:59 horas del 5 de octubre. Recibió 4.000 euros por alrededor de cinco semanas de trabajo. «Dependiendo de la época, me conviene más o menos según las labores en el campo, pero mientras pueda seguiré asistiendo. Con ese dinero pago mi cuota de autónomo durante todo el año; así me lo planteo. Puedes entender que también te da para unas vacaciones en familia…». Lo que gana durante las paradas representa para él un «ingreso extra» y es crucial para muchos vecinos. En promedio, hay una recarga cada tres años y algunos llegan a ganar hasta 8.000 euros por recarga.
La figura de recargueros como Alberto ejemplifica el alcance del impacto económico que genera la central. No sólo mantiene a quienes laboran directamente en ella, sino que actúa como motor económico de Campo de Arañuelo –una comarca que sufriría gravemente si se consumara el cierre anunciado– y es una pieza fundamental para la industria de Extremadura. La defensa de su continuidad, coinciden todos los principales partidos de la región excepto la coalición de izquierda Unidas por Extremadura, constituirá uno de los temas clave de la campaña previa a las autonómicas del 21-D. La situación en Almaraz ha provocado una brecha entre el PSOE extremeño y el gobierno de Sánchez, mientras que de forma paralela ha unido al PP regional con el PSOE, permitiendo a Vox plantear el discurso de ser la única alternativa al bipartidismo y posicionándose como los principales defensores de los intereses extremeños, incluso frente a Europa.
El desgaste que provoca el caso Almaraz en el PSOE se evidencia en que, mientras en la zona crece la inquietud por la resolución de la solicitud de continuidad presentada por las propietarias de la central, el Gobierno ha anunciado un plan para mitigar el impacto que tendría el cierre en la comarca. Actualmente, se espera que el primer reactor se detenga en noviembre de 2027 y el segundo, en octubre de 2028. En la última recarga, la participación laboral fue de 1.000 personas, frente a las tradicionales 1.200, debido, según la central, a que había menos tareas por la proximidad del fin.
«A los extremeños nos impusieron la central casi sin opción. La energía nuclear en España entonces no era bien vista, se le temía, se le respetaba. Fuimos marginados cuando nos la instalaron aquí y ahora, cuando ya nos hemos acostumbrado y nos sentimos seguros, quieren quitárnosla. Volveremos a ser discriminados», afirma Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvís de Monroy y de su pedanía, Casas del Belvís, con unos 900 habitantes en total, situados en la zona de máxima influencia de la central, a apenas 10 kilómetros.
Sánchez Castilla, alcalde por la formación regionalista Levanta, dirige además la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, sí al futuro. Desde su creación en enero pasado, han organizado eventos como una manifestación en Almaraz, un apagón eléctrico simbólico en toda la región, una protesta junto a los trabajadores de la central frente al Ministerio de Trabajo el 24 de noviembre y han conseguido ser escuchados en el Parlamento Europeo: «Fuimos y solicitamos que una delegación investigadora visite Almaraz para constatar el desastre que implicaría el cierre. Nos concedieron la visita y varios diputados estarán allí en febrero de 2026», detalla.
A los eurodiputados les mostrarán la misma información clara que han compartido aquí. Un estudio reciente de marzo de 2025, «Análisis del impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz», elaborado por la consultora Metyis, concluye que la clausura provocaría la pérdida de miles de empleos con un efecto en cadena: 2.100 en la zona, 3.800 en Extremadura y 15.300 a nivel nacional. En términos económicos, supondría una pérdida anual de 124 millones de euros en las inmediaciones de la central, 207 millones en la región y 829 millones en todo el país. En impuestos, la central aporta 435 millones anuales: 80 millones corresponden a la comunidad autónoma y 15 millones a los 12 municipios más cercanos, mientras que 340 millones se destinan al Estado.
«De nuestros 900 habitantes, al menos 30 trabajan en la central, pero considerando todo el municipio podrían ser 50, porque en las dos urbanizaciones próximas hay muchos empleados de la planta. Y ojo, 50 personas representan a 50 familias», apunta el alcalde de Belvís de Monroy, uno de los 12 municipios beneficiados por fondos de Almaraz. En 2020, su municipio recibió 343.000 euros, equivalente a un tercio del presupuesto local, según el estudio «Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz», elaborado por Payperthink en 2024. La localidad que más ingresos recibe es Saucedilla, donde Alberto cría sus vacas, con 5,4 millones imputables a la central. Le sigue Almaraz con 5,1 millones. Este último municipio cuenta con 1.780 habitantes y una renta media de 27.023 euros, la más elevada de Extremadura después de Cáceres y Badajoz. El tercer municipio más favorecido es Serrejón (837.000 euros) y cuarto, el citado Belvís de Monroy, donde se ubica Casas de Belvís, la pedanía de nuestro ganadero. «Van a dejar en la ruina a todos los jóvenes que trabajan en la central y a las familias que dependen de ella. Habrá gente en situación muy precaria, porque hay parejas en las que ambos trabajan en la planta. ¿Qué futuro tendrán esas familias cuando los despidan a los dos?», se pregunta Alberto.
Él prevé una situación similar a finales de los 60, cuando terminó la construcción de la hidroeléctrica de Valdecañas, situada a unos 10 kilómetros de Almaraz, donde trabajó su padre. «Cuando terminó la obra, la zona quedó abandonada, tal y como ocurrirá si cierra la central. Mi padre tuvo que mudarse a Madrid hasta que empezó la construcción de la planta nuclear, y entonces regresó. Él realizaba soldaduras Cadweld, para lo cual recibieron formación porque nadie dominaba esa técnica. No comprendían muy bien la magnitud de la obra; era enorme, una obra, como dirían hoy, cosmopolita», relata Alberto. «Mi padre y mis tíos, también soldadores en la central, se quedaban impresionados viendo los transportes. Tuvieron que reforzar carreteras y puentes para poder trasladar algunas piezas».
Actualmente, Almaraz genera 15.655 GWh anuales, la mitad de los 31.108 GWh totales que produce Extremadura, cantidad suficiente para satisfacer el 7% de la demanda española, abasteciendo a cuatro millones de hogares. Su cierre implicaría un aumento del 23% en la factura doméstica y del 35% en el consumo industrial, según datos de la plataforma pro Almaraz. «La despoblación sería enorme, decenas de pueblos desaparecerían; la central atrae población joven», advierte su presidente al describir la posible debacle.
Sánchez Castilla fue uno de los promotores del manifiesto «Alianza por Almaraz», presentado el 4 de octubre en Navalmoral de la Mata. Como muestra de unidad política en torno a la central, el documento fue firmado por representantes de populares y socialistas, incluyendo a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otros.
Tras el acto, la prensa destacó principalmente las palabras de Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde socialista de Almaraz. «Es una vergüenza dejar morir una comarca, unos por egoísmo económico y otros por mantener el poder a cualquier costo», arremetió contra las propietarias de Almaraz y el Gobierno. «No puedo cerrar sin recordar a mis compañeros y paisanos diputados del PSOE por Extremadura en el Congreso. Me daría vergüenza ser su representante y no tener el valor de votar por lo que Extremadura necesita y merece. ¿Qué pensar de ustedes si a la primera oportunidad nos abandonan? ¿Cómo van a caminar por nuestros pueblos con la cabeza alta si no están con ellos?».
Díaz Agraz se refería a la votación en el Congreso que tendría lugar semanas después –el 13 de noviembre– sobre una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible destinada a impedir el cierre de las centrales de Ascó, Cofrentes y Almaraz. El rechazo del PSOE –incluidos los «compañeros y paisanos diputados del PSOE por Extremadura»–, junto con Sumar y sus aliados (mientras Junts se abstuvo), frustró la continuidad de estas nucleares. Un día después, el alcalde de Almaraz atendió a este medio. «Habrá más votos hacia la derecha. La mentalidad de voto en la comarca cambiará mucho. Me duele, pero creo que así será», predijo sobre el impacto que el cierre podría tener en las autonómicas.
No obstante, sus críticas hacia el Gobierno Central disminuyeron en ese momento. La moderación se explica porque entre su enérgico discurso en Navalmoral y la derrota de la enmienda del PP, el panorama evolucionó. El 30 de octubre, las propietarias de la central –Iberdrola, Endesa, Naturgy– solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica la ampliación de la vida operativa de Almaraz hasta 2030. El 17 de noviembre, el Gobierno remitió el expediente al Consejo de Seguridad Nuclear para elaborar un informe. «Esperamos que sea favorable y que lo emitan cuanto antes para despejar esta incertidumbre», declara Sánchez Castilla, confiado en que se pospondrá el cierre.
Según una encuesta de Metroscopia (abril de 2025), el 80% de los extremeños considera una mala noticia el cierre. Ese mismo porcentaje percibe la central como segura. El 67% duda que la zona reciba apoyos para su reconversión. Alberto, quien fue concejal por el PSOE hasta junio, comparte este sentir. «Como concejal, siempre apoyé esto contra la opinión de mi partido y voté a favor de las prórrogas. Si cierra, la zona quedará muerta porque el dinero que ha aportado no se destinó a la industria. Desde el inicio de la central, sabíamos que tenía fecha de caducidad. ¿Por qué no actuamos?».
EN CAMPAÑA
PP. Defensor de la continuidad, su candidata, María Guardiola, firmó el manifiesto «Alianza por Almaraz». En el evento se comprometió a ajustar la fiscalidad regional para favorecer la continuidad de la planta.
PSOE. Su líder, Miguel Ángel Gallardo, y todo el socialismo extremeño, apoyan Almaraz: «Estoy seguro de que el Gobierno prorrogará la central», afirmó.
VOX. El partido de Óscar Fernández Calle ha colocado lápidas de cartón frente a la central para denunciar que morirá a causa del «bipartidismo» y el Pacto Verde europeo.
UPE. Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, ha criticado reiteradamente la gestión y la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz, calificándola como una «agonía prolongada».