Siete ministros, entre ellos María Jesús Montero, faltarán a la última sesión de control del año en el Congreso, evitando así responder sobre recientes controversias.
Entre las cuestiones pendientes figuran el caso de acoso sexual vinculado a Paco Salazar, el aumento del tramo fijo en la factura eléctrica y la renuncia a los fondos europeos Next Generation.
La ausencia de los ministros deja al Gobierno sin supervisión parlamentaria hasta febrero, hecho que la oposición critica como una maniobra para esquivar el escrutinio.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, rechazó convocar plenos en enero a pesar de la propuesta del PP para retomar la actividad parlamentaria ese mes.
Este jueves, el Gobierno comunicó a los grupos parlamentarios que siete integrantes del Consejo de Ministros no asistirán a la próxima sesión de control en el Congreso.
En un documento, al que tuvo acceso este medio, enviado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se informó que el Ejecutivo evitará rendir cuentas sobre los escándalos acumulados en las últimas semanas de su gestión.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera, el ministro del Interior, el de Transportes, la ministra de Defensa, la de Educación y el de Economía no comparecerán ante los diputados en el último pleno del año hasta febrero, lo que les brinda un periodo de dos meses sin control parlamentario.
La número dos del Gobierno y del PSOE eludirá así informar sobre el ‘caso Paco Salazar’, colaborador cercano durante años de Pedro Sánchez en el partido y Moncloa, señalado por varias trabajadoras por conductas de acoso sexual.
En el portal contra el acoso del PSOE se habían borrado sin dejar rastro las denuncias originales, suspendidas desde julio pasado. Fue necesaria una investigación periodística de eldiario.es esta semana para que el caso se reactivara, en medio de sospechas internas de encubrimiento.
Montero, también candidata socialista en Andalucía, debió admitir este jueves que conocía la denuncia por acoso sexual contra el líder del partido en Torremolinos, aunque aseguró desconocer su contenido.
Subida de la luz y desmantelamiento de la UCO
Sara Aagesen tampoco responderá sobre el incremento del 10% que pretende imponer su Ministerio de Transición Ecológica en el tramo fijo de la factura eléctrica.
Este aumento de costes fijos afectará a los hogares españoles, mientras el Gobierno mantiene que los fondos para renovables reducirán las facturas. La medida genera tensiones dentro de la coalición gobernante.
Fernando Grande Marlaska podrá evitar responder sobre sus decisiones de acelerar los ascensos en la cúpula de la Guardia Civil.
Estas promociones están facilitando el desmantelamiento de la estructura de mando de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de investigar casos de corrupción como los de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
La UCO también ha tenido un papel relevante en las investigaciones judiciales relacionadas con Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el hermano del presidente, David Sánchez, y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por revelación de secretos.
Retrasos ferroviarios y asuntos personales
Óscar Puente no será interrogado sobre su negativa a cumplir la ley recientemente aprobada que obliga a indemnizar a pasajeros del AVE por retrasos.
El Ministerio de Transportes rechaza implementar una norma votada en el Pleno, argumentando la saturación de vías. Esta desobediencia al Legislativo será evitada en la sesión de control.
Pilar Alegría fue vista hace menos de un mes en un restaurante madrileño con Paco Salazar, el exasesor (y exmilitante del PSOE) investigado por acoso sexual.
Al ser preguntada por este encuentro, la ministra portavoz se defendió diciendo que era de «carácter personal». Tras la polémica por la desaparición de denuncias y la lectura de testimonios, Alegría calificó la conducta de Salazar como «vomitiva».
Multimillonarias pérdidas
No se conoce ninguna razón de agenda que justifique la ausencia de Margarita Robles, ministra de Defensa, en la sesión de control, a la que tampoco asistirá.
Fuentes parlamentarias indicaron que «a ella le gusta evitar el control parlamentario y suele hacerlo siempre que puede». No se ha difundido el motivo oficial para su ausencia.
Finalmente, Carlos Cuerpo no tendrá que explicar su reciente anuncio de que el Gobierno renuncia a cerca de 70.000 millones de euros en fondos Next Generation EU.
El Ministerio de Economía justifica que «España puede financiarse a menor coste en los mercados» que a través de esos créditos europeos. Esta decisión implica renunciar a recursos destinados a la transformación digital e infraestructuras, pero libra al Ejecutivo de implementar numerosas reformas.
Armengol denegó la propuesta
La razón oficial para que esta sea la última sesión plenaria del año son las elecciones autonómicas en Extremadura el 21 de diciembre. Existe una tradición en el Parlamento de no celebrar plenos durante campañas electorales para evitar confrontaciones mediáticas.
No obstante, esta práctica no es de carácter obligatorio.
De todas formas, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, propuso dos semanas atrás en la Junta de Portavoces habilitar plenos en enero para retomar el trabajo parlamentario demorado.
Sin embargo, fuentes presentes en esa reunión afirmaron que «la presidenta del Parlamento, Francina Armengol, se negó a esta propuesta, y el resto de grupos guardó silencio, aceptando el rechazo«.
La ausencia conjunta de siete ministros es percibida por la oposición como una estrategia deliberada para evitar el control sobre su «oleada de corrupción», su «gestión deficiente» y sus «escándalos de acoso».
En esta legislatura, acumulan ya más de 150 ausencias los ministros en sus sesiones de control de los miércoles. Hasta mediados de febrero, el Gobierno permanecerá sin ser fiscalizado por el Congreso de los Diputados.